El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral y envía el proyecto al Congreso
- La CEOE rechaza la reducción de jornada sin merma salarial y acusa a Díaz de "oportunismo político"
- Junts presentará una enmienda a la totalidad cuando la medida llegue a la Cámara Baja
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin merma en el salario e inicia, así, su trayectoria en el Congreso. La medida no cuenta con el respaldo de la patronal, que ya se descolgó de la mesa de negociación, y tampoco por ahora con la mayoría del Congreso, donde pasará esta vez como proyecto de ley para su aprobación definitiva.
"Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz", ha asegurado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha añadido que el Gobierno "sabe muy bien a quién representa, es el Gobierno de los trabajadores en nuestro país": Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente".
La norma fue consensuada en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC.OO. y UGT, tras un año de negociaciones. Estaba previsto que se aprobase en segunda vuelta —con la incorporación de los dictámenes preceptivos y consultivos— el pasado martes, si bien el apagón obligó al Ejecutivo a posponer la decisión.
Esto hizo que tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los sindicatos aprovechasen las manifestaciones por el Día del Trabajador para reivindicar esta reclamación, que según sus cálculos beneficiará a 12 millones de trabajadores, presionando a los partidos de la oposición a que den su apoyo en la Cámara Baja.
"Creo que puedo decir que va a ser el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país", reivindicó Díaz ante los medios. También los líderes sindicales llamaron a los partidos políticos a apoyar en las Cortes este proyecto de ley, asegurando que sería "absolutamente impresentable" y "un timo a la democracia" que impidieran ese debate.
Hasta el 31 de diciembre para adaptarse a las 37,5 horas
El proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, beneficiará, según ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz, a 12,5 millones de personas trabajadoras, 2,4 millones en el sector del comercio, 2 millones en la industria, 1.4 en la hostelería y 1 millón en la construcción.
La norma reformula también el control horario, reforma que se deberá tener lista en 6 meses desde la entrada en vigor de la ley. El registro horario será digital y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador. Será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa.
También deberá identificarse inequívocamente a la persona que registra los asientos para garantizar la autenticidad de los datos y a través de un formato legible que permita acceder al registro en cualquier momento y en remoto.
El proyecto de ley incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital para que ningún trabajador tenga que responder a un mail o a una llamada fuera de su jornada.
Trabajo quiere que la norma esté en el BOE lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación. Según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales en media anual tendrán hasta el 31 de diciembre para adaptarse a las 37,5 horas.
De acuerdo con el proyecto de ley, se multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada.
La CEOE advierte de que hablará con todos los partidos
Esta circunstancia no pasó desapercibida para la CEOE, que calificó de "oportunismo político" el hecho de llevar la reducción de jornada al Consejo de Ministros tan próxima a la jornada del 1 de mayo. "Más negociación colectiva y menos imposición normativa", sentenció en un comunicado.
La patronal sigue mostrándose muy crítica con la imposición por ley de la reducción de la jornada y continúa advirtiendo de los efectos negativos que, en su opinión, tendrá esta medida sobre la economía y el empleo, especialmente en las pymes.
Este mismo lunes, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha acusado a la ministra de Trabajo de llevar un discurso "populista" sobre la medida y le ha reprochado que la productividad se verá recortada, aunque desde Trabajo defiendan lo contrario: "En la empresa privada, cuando las cosas no van mal, hay una cosa que se llama quiebra. En lo público, cuando las cosas van mal, se llama déficit", ha añadido en una entrevista en Telecinco que recoge Europa Press.
Por ello, ha asegurado que desde la CEOE hablarán y están hablando con "todos los grupos parlamentarios" sobre la medida. "Queremos que se nos oiga", ha recalcado.
Sánchez dice que la reducción de jornada hará "mejores" a las empresas
Precisamente este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Barcelona con empresarios, a quienes ha pedido que no se cierren a la reducción de la jornada porque hará "mejores" a las empresas: "Estamos convencidos de que contribuiría a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a nuestras empresas", ha dicho en la 40 Reunió Cercle d'Economia.
Sánchez ha añadido que la economía europea "debe mantener su peso global apostando por el capital humano y por la innovación, no por bajar los precios o por jornadas extenuantes", y ha afirmado que, a su juicio, España ha demostrado ser un ejemplo de éxito en esta cuestión en los últimos años.
Otros miembros del ala socialista del Ejecutivo también se han pronunciado en los últimos días acerca de la reducción de jornada, aunque en un tono más contundente. Coincidiendo con el 1 de Mayo, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, llamó "fachas" y "ultras" a los que se oponen a su rebaja.
Mientras que desde Sumar señalan directamente al PP: "¿Para qué sirven sus 137 diputados? ¿Para mejorar la vida de 12 millones de trabajadores o para hacer lo de siempre: colocarse en contra de su país?". En una entrevista en TVE la pasada semana, la vicepresidenta segunda dijo que los 'populares' "están sufriendo mucho" al posicionarse sobre esta medida, ya que "sus votantes están a favor", y se mostró convencida de que "si tumban esta medida, como hicieron con la reforma laboral, les va a salir muy caro".
Sin apoyos suficientes
Lo cierto es que desde el PP todavía no hay una postura oficial al respecto. Varios 'barones' han mostrado su negativa a rebajar la jornada de trabajo, pero en el horizonte aún sobrevuelan las declaraciones de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, abriendo la puerta a una semana laboral de cuatro días "en algunos sectores".
Ante las dudas de los ‘populares’, los empresarios se encomiendan a Junts, que ha anunciado este lunes que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada cuando la iniciativa llegue a la Cámara Baja.
Según su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, esta norma es "un ataque frontal" a los autónomos y las pymes catalanas, cuya viabilidad "pone en riesgo": "Nos encontramos con la puerta cerrada ante la posibilidad de negociar ni siquiera una coma de esta ley, que se ha negociado solo con los sindicatos españoles, dando la espalda al tejido productivo catalán", ha expresado en una rueda de prensa desde la sede de su partido.
No obstante, ha supeditado la retirada de esta iniciativa a que el Gobierno "esté dispuesto a negociar" con su partido: "Veremos si el Gobierno tiene ganas o no. Hasta hoy, no han tenido", ha apuntado Nogueras, que no ha querido avanzar cuáles serían los cambios que introduciría Junts a la norma.
Las negociaciones continúan, según el Ejecutivo
Desde el Gobierno, sin embargo, restan importancia a la presentación de esta enmienda a la totalidad y la enmarcan dentro de la normalidad parlamentaria. "El Ministerio de Trabajo sigue con negociaciones intensas con la voluntad, por otra parte, de que sea el conjunto del Parlamento el que apruebe esta medida", ha señalado este martes el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
Su objetivo, ha dicho, es que la reducción de jornada se apruebe por amplia mayoría e incluso por "unanimidad", para lo cual ha reclamado al PP que también dé su respaldo: "Nos gustaría interpelar al PP. Tiene una oportunidad de oro para diferenciarse de Vox. Hace no demasiados meses, Feijóo nos presentaba un supuesto giro social por parte del PP, ahora tiene la oportunidad de demostrar si va en serio", ha reivindicado.
Un objetivo de legislatura
Reducir el tiempo de trabajo semanal es uno de los objetivos que el Gobierno se marcó al inicio de la legislatura, pero cómo hacerlo ha enfrentado al PSOE y Sumar desde entonces. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a acusar al titular de Economía, Carlos Cuerpo, de "oponerse" a reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales y de posicionarse del lado de los empresarios. "Es casi de mala persona", señaló en una entrevista en RNE.
Desde Economía siempre han desmentido que Cuerpo esté interesado en bloquear el debate sobre la reducción de jornada, defendiendo la necesidad de debatir en profundidad la medida porque debe contar "con todas las garantías".
Finalmente, y tras varias reuniones entre ambos socios del Ejecutivo, la norma se desbloqueó y Trabajo logró en febrero que el texto llegase al Consejo de Ministros sin cambios con respecto a lo pactado con los sindicatos y que, además, el anteproyecto se tramite por la vía de urgencia.
A la espera de que sea aprobado este martes, el siguiente paso será conseguir el visto bueno del Congreso de los Diputados para que la rebaja de jornada pueda aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición. Las negociaciones se prevén intensas en los próximos meses.
