Este martes conocíamos la sentencia completa al exfiscal general del Estado, que considera "probado" la filtración por parte de Álvaro García Ortiz del correo con la confesión fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. En Las Mañanas de RNE analizamos el texto con Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Le llama la atención, señala, que la sentencia es "muy extensa" y cree que los jueces deberían haber estado más tiempo deliberando para llegar a la unanimidad "en un tema tan delicado" como es la condena al fiscal general. "La sentencia echa en falta una solidez de prueba y sobre todo de prueba directa que se podía haber obtenido a lo largo del juicio oral", dice Catena, que señala que para él faltan "indicios sólidos". Sobre si tiene opciones de que el Constitucional anule la condena si alega vulneración de derechos, afirma que será "muy difícil" porque llegaría al final al mismo tribunal.
El Gobierno vuelve a recurrir al "acato pero no comparto" y critica abiertamente la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido sin fisuras la actuación de García Ortiz. También los socios de investidura, que hablan de una campaña orquestada contra el ejecutivo. Del otro lado y especialmente dura la reacción del PP, que ha calificado a García Ortiz como el primer fiscal general "delincuente".
FOTO: EFE/ Víctor Lerena
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".
Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".
Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".
Este martes por la tarde, el presidente del Gobierno ha defendido a Álvaro García Ortiz y a la Fiscalía General del Estado. En un acto de UGT, le ha pedido a la presidenta madrileña que pida perdón.
Isabel Díaz Ayuso, en cambio, ha acusado a Sánchez y al Ejecutivo de usar las instituciones para atacar a un rival político. "El Estado de derecho funciona a pesar del propio Gobierno", ha manifestado.
Fue el día 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, una decisión bastante inusual. El inédito juicio contra el fiscal general del Estado tuvo seis sesiones y los jueces estuvieron deliberando solo una semana. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y cuatro días más tarde presentó su renuncia.
El Gobierno siempre ha defendido su inocencia, y este martes ha vuelto a decir que no comparte la decisión del Tribunal.
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Las familias de los ancianos que murieron en las residencias en la pandemia buscan acabar con la fragmentación del procedimiento y que se abra una macrocausa, como se ha hecho con las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. María Jesús Valero, miembro de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, de familias de ancianos que murieron sin asistencia sanitaria en residencias en la primera ola de la pandemia, ha explicado en La Hora de La 1 que lo que piden es que el juez investigue la documentación que en octubre de 2024 presentaron de forma colectiva 109 denunciantes y ha denunciado que "lo único" que han recibido del Gobierno de la Comunidad de Madrid son "exabruptos, insultos y vejaciones". Y ha señalado que no solo hubo discriminación con las personas que tenían COVID, sino con cualquier tipo de enfermedad. Asegura que están "esperanzados, pero siempre con mucha cautela, para que "después de cinco años y casi ocho meses casi la justicia abra los ojos y vea qué es lo que ocurrió". Así lo ha afirmado este martes, cuando tres ex altos cargos de Sanidad del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso están citados como imputados en la causa que investiga un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia a usuarios de residencias de mayores en marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, durante la primera oleada de COVID-19. Foto: EFE/ Daniel Gonzalez.
Las muertes sin hospitalización previa en las residencias madrileñas durante la primera ola de la COVID tendrá esta semana un capítulo clave. Tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso declararán tras cinco años de batalla judicial por parte de los familiares de las víctimas: Carlos Mur, Francisco Javier Peromingo y Pablo Busca. En la declaración del martes se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo. En la del miércoles, en Collado Villalba, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en las residencia Sanitas Torrelodones. Informa Carmen Jiménez.
En RNE hablamos con Juanjo Castro, cineasta, director y productor. Autor del documental 7291 y con Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Entrevistas completas en RNE Audio.
El Ministerio de Sanidad está ultimando la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público-privada, para aprobarla a principios del 2026 con el fin de "poner coto al ánimo de lucro", según ha confirmado a TVE la titular de esta cartera, Mónica García.
Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets Editores). Con él analizamos el escenario actual de la justicia en España, la separación de poderes, la independencia de la justicia y la capacidad y voluntad de rectificación del sistema judicial.
Programa 66. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta las novedades en el caso Helena Jubany después de que el juzgado de Sabadell haya decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del principal sospechoso Santiago Laiglesia. Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets) y con el que exploramos el escenario actual de la justicia en España. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la corrupción y la negligencia. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al primer capítulo sobre el asesino Tony King.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón después de que El País publicara esta semana un audio del ya dimitido consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Gobierno regional erradicará "con contundencia" cualquier mala práctica que se produzca en la atención sanitaria a los pacientes, tras la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico. Díaz Ayuso ha afirmado que actuará "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", en defensa del sistema sanitario y los madrileños.
"Ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses. Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia desde la Comunidad", ha subrayado.
En una intervención en un acto institucional, la presidenta madrileña ha mencionado el escándalo tras la publicación de la grabación de Pablo Gallard, CEO grupo sanitario Ribera Salud, que gestiona el centro, pidiendo aumentar las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables, una polémica que el Ministerio de Sanidad investigará para esclarecer si se han cometido irregularidades.
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la investigación abierta por su departamento sobre la polémica del caso del Hospital Universitario de Torrejón, en el que se dejaban pacientes en lista de espera para maximizar los beneficios, acercará pruebas de la connivencia entre el PP de Madrid y la sanidad privada: "El audio que hemos conocido pone voz a las sospechas que hemos tenido muchos años. Esas empresas privadas parasitan nuestra sanidad, y la señora Ayuso ha engordado las cuentas de Quirón y Ribera Salud en más de 5.000 millones de euros".
García habla de un "deterioro de la sanidad pública" gracias a un modelo en el que las operaciones que entrañan mayor dificultad (cardíacas, transplantes, neonatos...) se derivan a la privada para generar un mayor beneficio para esas empresas. "Se está pervirtiendo el derecho que tienen los pacientes a ser tratados de la misma manera, porque estas empresas favorecen sólo a los pacientes que quieren atraer", ha cargado la titular de Sanidad. En este sentido, ha arremetido contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de "diseñar un entramado con su ingeniería financiera para favorecer a estas empresas". "La Comunidad debería ser la interesada en revertir este modelo, y les instamos a que investiguen irregularidades. Pero lo que hay detrás es corrupción institucional; no es un fallo del sistema: es exactamente el sistema que defienden".
Sobre la retirada de España del Festival de Eurovisión ante la decisión de la UER de mantener a Israel, García está de acuerdo: "Israel sigue cometiendo un genocidio, y debería estar fuera de organismos internacionales culturales y deportivos".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que su Ministerio estudiará "todas las vías legales" para investigar lo que denomina "corrupción institucional" en la sanidad madrileña y denuncia el "flujo incesante de pacientes y dinero de la pública a la privada" como "modus operandi" para beneficiar a grupos privados como Ribera o Quirón en la región.
Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, donde ha insistido en que el modelo del PP en la sanidad se centra en una "desviación de pacientes con la connivencia de Ayuso y de la Comunidad de Madrid". Lo ha denominado "parasitación público- privada".
Así se ha referido al ser preguntada por la grabación del CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y dado a conocer por El País. En el audio pide a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".
Hospital público con gestión privada. Es el Modelo Alzira, un modelo que nace a finales de los 90 con la apertura del Hospital La Ribera, en Alzira, en Valencia. Ese hospital se desprivatizó y solo queda un centro con este modelo en la Comunidad Valenciana, el Hospital Universitario de Vinalopó. En los años 2000, el gobierno de Esperanza Aguirre introdujo este sistema en la Comunidad de Madrid. El Hospital de Torrejón es un ejemplo, pero hay más.
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La difusión en el diario 'El País' de unas grabaciones de voz del consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, han desatado una tormenta política. En ellos, Gallart aboga por no agilizar la lista de espera de pacientes para reducir costes y agrandar beneficio.
La empresa ha alegado que estas declaraciones están sacadas de contexto, pero la Comunidad de Madrid la ha convocado de urgencia y no descarta tomar medidas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que estos mensajes evidencian el modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Foto: Europa Press/Eduardo Parra
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este miércoles en el programa 'Mañaneros 360' de TVE el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid por las supuestas prácticas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz para "aumentar su beneficio económico", después de que el diario El País haya publicado un audio del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en el que pide rechazar pacientes o procesos no rentables.
"El modelo del Partido Popular, el modelo de la señora Ayuso, lo hemos escuchado de manera obscena en un audio, básicamente (...) Y cuando dice la Consejería y la Comunidad de Madrid que lo va a investigar, no es que lo vaya a investigar, es que es el modelo que está promoviendo (...) Esto es lo que nos ofrece el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es priorizar los negocios por encima de la salud", ha declarado García durante una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE.
Tras ello, ha prometido iniciar "todas las acciones legales necesarias" desde Sanidad y desde Más Madrid para llegar "hasta el final" de la investigación y "poner en orden" este modelo "depredador". FOTO: EFE / OLIVER HOSLET
Un fiscal que expone errores en la justicia. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets). Escúchalo el sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
La hora de la 1
