Decenas de miles de personas han participado este domingo en la protesta convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales. "El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno", ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante todos ellos, en un acto al que han acudido numerosos dirigentes 'populares', entre ellos los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.
En el día en que José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión preventiva en Soto del Real, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que es una imagen "que no gusta ver, y que afecta en lo personal", pero que su formación "ha actuado con contundencia desde hace mucho tiempo contra estos sinvergüenzas". Sobre la posibilidad de que Ábalos 'tire de la manta', Morant pone su "plena confianza" en el presidente del Gobierno: "Lo que hay es un intento desesperado de ser un chivo expiatorio que le puede valer para su defensa".
Además, coincidiendo con la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Comunidad Valenciana de la mano de Vox, la ministra ha lamentado que la Comunidad se convierta en un "laboratorio de la ultraderecha", y ha apuntado a una línea continuista con la gestión de Mazón: "Ha sido una investidura fake. Han hecho todo lo posible para que parezca que las cosas cambian sin cambiar nada". "Los valencianos y valencianas teníamos que haber podido decidir sobre nuestro futuro", ha afirmado.
En lo referido a la manifestación en Madrid en defensa de la universidad pública, Morant ha arremetido contra la Comunidad madrileña y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "La infrafinanciación a la que está sometiendo a la universidad pública la pone en grave peligro. La asfixia es total".
Sobre la crisis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), objeto de una investigación por una supuesta trama de corrupción, la responsable socialista defiende el trabajo de sus profesionales y reivindica su trabajo: "No hay cosa que me duela más que, en un momento en que estamos invirtiendo más que nunca en investigación, cualquier euro destinado a ello pueda haber sido redirigido de manera irregular".
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "profundamente injusta" la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos, y ha considerado que "hay gente politizando la Justicia" y "usando la Justicia para hacer política".
En una entrevista en Mañaneros 360 de TVE, López ha asegurado que la condena lanza un "mensaje demoledor": "¿Si se empieza condenando a un inocente sin pruebas, vamos a acabar liberando a un culpable con todas las pruebas?", se ha preguntado. También ha lamentado que la sentencia muestra que "los periodistas han mentido", algo que ha tildado de muy grave.
Sobre la petición de dimisión del Gobierno que ha hecho el PP, López ha ironizado con que los 'populares' piden la dimisión "una vez cada media hora".
FOTO: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto. EFE/Mariscal
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Tribunal Supremo de desplegar una "guerra sucia judicial y política" para "quitarse de en medio" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador.
En una entrevista en La Hora de La 1, Belarra ha defendido que el Supremo ha condenado a "una persona inocente" y cree que eso manda un mensaje claro a quien intente "perjudicar" los "intereses políticos" de Ayuso y trata de "amedrentar" a los que vengan "detrás".
La líder de los 'morados' ha criticado que el Alto Tribunal haya avanzado el fallo sin haber redactado la sentencia y cree que lo hicieron para hacerlo coincidir con el 20 de noviembre, día del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, lo que a su juicio, quiere decir que la Justicia en España "no hizo la transición democrática".
FOTO: Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso. EFE/ Mariscal
El fiscal general negaba hace solo una semana haber filtrado el correo con los datos de González Amador. Durante el juicio no contestó a las preguntas de la acusación, solo a las de la Fiscalía y la abogacía del Estado.
En el juicio, Álvaro García Ortiz se quitó la toga para declarar. Se le acusaba de filtrar un correo del novio de Ayuso para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", señaló el fiscal.
"El fiscal general me ha matado", indicó en su declaración el novio de Ayuso, Alberto González Amador, que denunció una persecución. "O me voy de España o me suicido", declaró.
El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, admitió su bulo: "No tengo ninguna fuente, es una deducción lógica". Bulo desmentido por varios periodistas, que ante el tribunal, exoneraron a García Ortiz. "Sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decirla", afirmó uno de los periodistas citados a declarar.
Por su parte, la Guardia Civil le considera responsable de la filtración. En cambio, la defensa cuestionó la investigación: "Todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía y de 600 personas más".
Solo una semana después del juicio a Álvaro García Ortiz, el Tribunal Supremo compuesto por siete jueces condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar una multa de 7.200 euros y a una indemnización para Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, en concepto de daños morales de 10.000 euros. Se trata de una pena mucho más baja de la que pedían las acusaciones que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y seis años de cárcel. La decisión del Supremo no es unánime, hay dos votos particulares, el de Ana Ferrer y la que iba a ser la ponente, la magistrada Susana Polo.
Repasamos la sentencia y el juicio al fiscal general del Estado con Gema Alfaro.
García Ortiz ha defendido, una vez más, su inocencia ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que le han juzgado. Ante la pregunta de si se considera "autor responsable de los delitos que se le imputan", el fiscal general respondía con un rotundo "No". El querellante, Alberto González Amador, le había denunciado previamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por supuesta revelación de secretos: "yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. Me había matado públicamente". Igual que él, han pasado por allí fiscales, policías y muchos periodistas. Porque una de las claves es si Álvaro García Ortiz filtró la cadena de correos que aclaraban la situación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Los correos ya les habían llegado mucho antes a decenas de informadores. Es el caso de José Precedo, el periodista de elDiario.es que publicó la noticia del presunto fraude fiscal de González Amador en marzo de 2024. Precedo ha afirmado, ante los jueces del Supremo, que "en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y ahí tengo un dilema moral porque yo sé quién es la fuente de esta historia". La fiscalía llegó a emitir una nota de prensa tratando de desmentir el bulo que apuntaba a un supuesto pacto que le habrían propuesto, precisamente, desde la fiscalía. Hubo distintas filtraciones, en distintos tiempos. La cuestión, vista para sentencia, es si el fiscal general del Estado también lo hizo. Es la razón por la que se ha sentado en el banquillo.
Sanidad va a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales y dice que Isabel Díaz Ayuso está en rebeldía. Es el único territorio que se ha negado a respetar la ley del aborto y a presentar un registro de objetores. La Comunidad de Madrid no considera legal lo aprobado por las Cortes Generales y no va a cumplir sin sentencia de por medio. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Angela Alemany, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cree que Madrid debería cumplir con la ley "o haberla impugnado en su momento si consideraban que esa parte de la ley no era legal". Critica que la administración regional no tuvo ese criterio con la ley de la eutanasia, que también requería un registro de objetores. Este sirve para "garantizar el servicio para las mujeres que quieran abortar".
A las doce de la noche de este viernes termina el plazo que el Gobierno central le dio a Madrid, Baleares y Aragón para poner en marcha el registro de médicos objetores del aborto como marca la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las comunidades aseguran que van a cumplir la ley, que ya lo han puesto en marcha, menos Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este viernes a sus polémicas declaraciones un día antes en las que relacionaba a los inmigrantes con las personas que limpian las casas y recogen las cosechas. Ayuso asegura que se sacaron de contexto y pide que "quien quiera ver el último escándalo de Ayuso, que vaya a ver lo que quiso decir en el contexto completo".
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