El fiscal general del Estado, condenado: ¿Y ahora qué?
- Primero tiene que conocerse la sentencia y luego podrá presentar un incidente de nulidad ante el Supremo
- De no prosperar, podrá acudir después al Constitucional y solicitar la suspensión cautelar de la inhabilitación
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Tan solo una semana después de acabar el histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo que le condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. ¿Pero ahora qué pasará con él? ¿Puede recurrir la sentencia?
Aunque este jueves conocíamos el fallo adelantado, lo cierto es que la resolución, que ha sido adoptada por cinco de los siete magistrados que formaban el tribunal, aún no está escrita.
Será el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, quien tendrá que redactarla, después de que la ponente, Susana Polo, haya emitido, junto a la otra magistrada progresista, Ana María Ferrer García, un voto particular en contra de la decisión adoptada por mayoría.
A pesar de que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno dentro del tribunal, sí que existen otras opciones y como cualquier otro ciudadano, García Ortiz podrá batallar contra la sentencia.
Pero para poder recurrir, primero García Ortiz tendrá que recibir la resolución firmada por los siete magistrados del tribunal, con los dos votos discrepantes de las magistradas progresistas, porque por ahora solo conocemos el fallo adelantado.
Las opciones de García Ortiz
La primera de las posibilidades que tiene García Ortiz es presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que supone pedir que se declare juicio nulo. Es un procedimiento excepcional que permite impugnar una sentencia firme cuando un condenado considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
Sin embargo, esta vía no suele prosperar, pero es el paso previo necesario para poder seguir hacia la siguiente opción, que es pedir amparo al Tribunal Constitucional, donde el todavía fiscal general del Estado podría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena hasta que se pronuncie sobre el fondo de su recurso contra la sentencia. Pero para acudir al TC, tiene que tener la resolución y el Supremo haberle contestado al incidente de nulidad.
Se da la circunstancia de que en el Tribunal Constitucional hay una mayoría progresista, pero los tiempos en los que la corte de garantías se suele pronunciar no le serían favorable, ya que es probable que se tuviera que ejecutar el fallo antes de que decidiera si admite a trámite o no el recurso de amparo y sobre la petición de suspensión provisional como medida cautelar.
Una última posibilidad que tendría García Ortiz es llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello, se ha de agotar todos los recursos judiciales dentro del país y acudir en un plazo de cuatro meses desde la notificación de la resolución definitiva.
¿Qué pasará con su cargo?
Como la sentencia no está redactada, García Ortiz no está obligado a dejar el cargo inmediatamente, pues solo "surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma", según establece el fallo adelantado, que sí ha sido comunicado a las partes.
No obstante, como la decisión es firme, una vez redactada la sentencia, se tendrá que ejecutar. Así, García Ortiz quedará inhabilitado para el cargo de fiscal general del Estado, y el Gobierno tendrá que elegir a otro, siempre y cuando no dimita antes el condenado, que por ahora no se ha pronunciado.
En una breve declaración institucional este jueves, tras conocerse el fallo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que el Ejecutivo iniciaría los trámites para nombrar al sucesor de García Ortiz. También subrayó que el Gobierno, aunque respetaba el fallo, no lo compartía porque "siempre" había creído en la inocencia del fiscal general.
Fuentes de la Fiscalía han precisado que García Ortiz no dejará de ser fiscal general del Estado hasta que no se publique en el BOE. En ese caso, el puesto lo asumiría María Ángeles Sánchez Conde, que actualmente es la número dos de la Fiscalía General, y lo haría de manera interina hasta que se nombre un nuevo fiscal, porque así lo establece el estatuto.
Por otro lado, está en duda si también perderá su condición de fiscal. Según el artículo 32 del Reglamento de la Fiscalía, hay varias causas por las cuales alguien puede perder su estatus de fiscal, entre las que está "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2. del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses".
Sin duda, la sentencia marca un hecho insólito en nuestro país, pues ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados y ha sido condenado en España.
