Juicio al fiscal general del Estado, visto para sentencia: claves de un proceso judicial inédito
- García Ortiz es el primer fiscal general del Estado que se ha sentado en el banquillo de los acusados
- Se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y 12 de inhabilitación por revelación de secretos
- DIRECTO: Sigue toda la última hora sobre las reacciones a la condena a García Ortiz
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El juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quedó este jueves visto para sentencia.
Ahora será un tribunal compuesto por siete jueces el que tendrá que decidir si García Ortiz es inocente o culpable de haber filtrado el 13 de marzo de 2024 un correo del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa de González Amador reconocía en su nombre la comisión de dos delitos de fraude fiscal a cambio de llegar a un pacto con la Fiscalía.
Cuatro jueces considerados conservadores -Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-, dos progresistas - Ana Ferrer y Susana Polo-, con el magistrado Andrés Martínez Arrieta -sin adscripción muy definida- a la cabeza, tendrán que dictar una sentencia que será inédita, como inédito ha sido todo el procedimiento porque nunca antes un fiscal general del Estado se había sentado en el banquillo de los acusados.
Las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de cárcel por revelación de secretos, así como hasta 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros entre multa e indemnización al impulsor de la causa, Alberto González Amador, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos. Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, reclaman la libre absolución.
¿Quién filtró el mail de la confesión?
Esta es la principal pregunta a la que tendrán que responder los magistrados. Según consta en la causa, el fiscal general del Estado recibió el mail de la confesión de González Amador en su cuenta personal de Gmail a las 21:59 horas del 13 de marzo de 2024. Se lo había enviado la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, después de recibirlo a las 21:54 horas del fiscal encargado del caso del novio de Ayuso, Julián Salto, a quien se los había reclamado minutos antes.
Se los había pedido después de que varios medios publicaran informaciones contradictorias sobre el caso de González Amador sobre quién propuso a quién un pacto a cambio de reconocer los delitos fiscales que se le imputaban.
El primer medio que hizo referencia a una conformidad propuesta por la defensa de González Amador, y no la Fiscalía como había sostenido El Mundo en una información previa a que el fiscal recibiera el polémico correo, fue La Sexta, que lo publicó en su web a las 22:10 horas del 13 de marzo de 2024.
Además, a las 23:22 horas de ese mismo día fue la Cadena Ser el primer medio que adelantó el contenido del correo en cuestión en antena. Posteriormente, a las 23:51 horas la web de la emisora publicó el texto del mail.
Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió a las 10:22 horas una nota explicando cómo se habían producido los hechos en el caso de González Amador, incluyendo datos del mail filtrado. Y aunque el comunicado llevaba el logo de la Fiscalía Provincial de Madrid fue la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, la que lo redactó con detalles que le iba dictando García Ortiz.
La defensa de García Ortiz sostuvo que es inocente porque no reveló nada que no estuviera ya en los medios. "Aun en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios y está acreditado en la causa", indicó.
Además, destacó que fue el entorno de González Amador el que reveló uno de los correos de su causa, que terminó publicándose en El Mundo antes de que García Ortiz tuviera acceso a los mails intercambiados entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal del Delitos Económicos.
"La única filtración de un correo que está acreditada en la causa es el de la respuesta del fiscal Salto", indicó el abogado del Estado que ejerce la defensa de García Ortiz, en alusión al mail que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña divulgó en un chat de periodistas. Así, aseguró que le parecía "razonable pensar que Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo del 2 de febrero" que se investiga.
Los testimonios de los periodistas
Entre los más de 40 testigos que pasaron por el juicio hubo numerosos periodistas de diferentes medios, que tuvieron conocimiento de los mails de la causa de González Amador. Todos ellos se ampararon en su derecho al "secreto profesional" para no revelar su fuente. No obstante, varios informadores, los que estuvieron directamente implicados con la revelación de correo por el que se juzga al fiscal general, señalaron que este no era su fuente.
También hubo varios que indicaron que conocían ese mail bastante tiempo antes de que lo recibiera en su cuenta de correo electrónico personal de Gmail el propio acusado. Alguno incluso declaró que sabía que era "inocente", y que eso le suponia el "dilema moral" por no decir quién era su fuente.
Sin embargo, las acusaciones, en sus informes finales, se dedicaron a poner en cuestión los testimonios de los redactores, insinuando que si no querían mostrar el origen de la filtración era porque justo García Ortiz era el filtrador.
Para las acusaciones, los periodistas no podían considerarse "testigos normales", y que la "excusa" de proteger a sus fuentes se le hacía "inverosímil". E incluso llegaron a acusarles de "falta de credibilidad" por decir que tenían días antes el correo y no haberlo publicado previamente.
Sin pruebas claras solo indicios
Ni durante la instrucción primero, ni ahora durante las seis jornadas en las que se ha desarrollado el juicio, no ha aparecido ninguna prueba sólida que señale directamente a García Ortiz como el filtrador de los datos del caso de González Amador. Los magistrados tan solo podrán basarse en los mismos indicios que sentaron al fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados.
Uno de estos indicios se basa en las declaraciones de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que dijo a García Ortiz cuando hablaron sobre la nota de prensa que emitió la Fiscalía: "Habéis filtrado los correos", a lo que el fiscal general contestó, según ella, "eso ahora no importa". El fiscal general negó esa conversación y argumentó que la declaración de Lastra se debía a la "desafección" que ella sentía hacia toda la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en el registro del despacho de García Ortiz, así como los que elaboraron los informes después confirmaron durante el juicio que no hallaron nada relevante para la causa, a pesar de que hicieron un volcado "total" de toda la información que contenían los dispositivos electrónicos que tenía el fiscal general, porque tanto su móvil, como su cuenta personal de correo electrónico habían sido "borrados".
No obstante, consideraron que era "evidente" que solo podía ser él el filtrador del polémico correo porque tenía "un dominio a todos los niveles" de los hechos de la causa del novio de Ayuso y porque la Fiscalía General del Estado es una "institución jerarquizada".
Para el abogado del Estado que defiende a García Ortiz el registro del despacho y el volcado "total" de la información de los dispostivos deberían ser considerados nulos porque vulneraron derechos fundamentales de su cliente, ya que se llevaron todo el material de entre los días 8 de marzo y 30 de octubre de 2024 -día que se produjo el registro-, y no se limitó a los seis días, del 8 al 14 de marzo, que después acotó el instructor del caso, Ángel Hurtado.
Para las acusaciones que no haya pruebas concluyentes es comparable al caso de los niños de Córdoba que asesinó su padre, José Bretón, y cuyos cuerpos nunca aparecieron. Fue justo el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) quien recordó que en ese caso la falta de la principal prueba no impidió que Bretón fuera condenado.
El borrado de los mensajes del móvil
El borrado de los mensajes del teléfono móvil, así como la eliminación de su cuenta persona de Gmail se ha convertido en la principal "prueba de cargo" para las acusaciones, tanto la particular, ejercida por González Amador, como las populares, ejercidas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, y la Fundación Foro y Libertad, que aglutina, a su vez, las acusaciones de Hazte Oír y Vox. "Borra las pruebas que podrían incriminarle", aseguró uno de los letrados de las acusaciones.
El fiscal general justificó en su declaración en el juicio este borrado por motivos de "seguridad" y relató en el juicio que lo hacía "sistemáticamente" cada mes porque su móvil suele contener "mucha información", y como era "muy consciente del tema de protección de datos", temía que si alguna vez perdía o le robaban el móvil "pondría en peligro a mucha gente".
Para la fiscal del caso, la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso "jamás se produjo por cauces electrónicos", por lo que consideró que el borrado "no ha tenido ninguna trascendencia en la causa". Así, a su parecer, si García Ortiz hubiera filtrado el mail en cuestión, sería "impune", porque ya lo tenían algunos periodistas.
Con todo esto, el tribunal dictará sentencia, algo que se espera que ocurra en las próximas semanas, previsiblemente para antes de Navidades.
En ella, los magistrados tendrán que esclarecerse si García Ortiz filtró el correo del abogado del novio de Ayuso; si borró sus dispositivos para eliminar pruebas; si los periodistas mintieron, y si el González Amador debe ser indemnizado por daños morales, como solicita su letrado, por haber sido llamado a partir de la filtración "defraudador confeso".
