García Ortiz niega haber filtrado el mail de González Amador y reitera su inocencia: "La verdad no se filtra, se defiende"

• Declara en el Supremo como acusado, pero rechaza responder a las acusaciones particulares
• El fiscal justifica que borra "sistemáticamente" la información de sus dispositivos por "seguridad"

García Ortiz ratifica en el TS que no filtró el correo sobre el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado tajantemente este miércoles haber enviado el correo del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía una conformidad. Y en un breve alegato final ha defendido que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".

García Ortiz: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende"

Ha sido durante su declaración durante hora y media como acusado en el juicio contra él en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, precisamente por ese mail en cuestión. Ya en su declaración en la instrucción dijo lo mismo.

Este miércoles por la tarde tenía lugar la declaración más esperada en este juicio, que se inició el pasado lunes 3 de noviembre. Sentado en el banquillo de los acusados y sin toga -al contrario de resto de la vista que la ha llevado puesta-, el fiscal general ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones particulares por considerar que se ha llevado a cabo "una actuación desleal" hacia su persona en esta causa.

A la pregunta de la fiscal María Ángeles Sánchez Conde sobre si envió el correo del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de González Amador reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía una conformidad, García Ortiz lo ha negado tajantemente.

No recibió el polémico mail hasta el 13 de marzo por la noche

En sus respuestas al Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, García Ortiz ha relatado que se enteró de la causa en la que está inmerso González Amador el 7 de marzo de 2024, cuando a través de su directora de comunicación, Mar Hedó, tuvo un "conocimiento muy somero" del caso.

"Al día siguiente recibo algún dato más detallado, como que se trata de una denuncia por un delito fiscal de los años 21 y 22, [...] pero no doy ninguna orden, ni instrucción de hacer nada porque no es procedente", ha explicado.

García Ortiz ha asegurado que no supo de la existencia de los correos hasta la noche del 13 de marzo, cuando El Mundo publica uno de ellos "parcialmente". En este punto, ha asegurado que normalmente suele tener una "actitud pasiva", y suele quedar a la espera de que le informen, pero ha indicado que aunque "debería ser informado" de cualquier incidencia, nadie le informó.

Según su relato, el detonante para publicar el 14 de marzo la nota de prensa fue que hubo una serie de "declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid" que decía que su pareja era "objeto de una persecución", unido a la información que estaba trasladando el jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez, en un chat con periodistas en el que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, pero que había sido retirado por "órdenes de arriba".

"Es una calumnia directa a la Fiscalía", ha denunciado. Además, ha señalado que le pareció "extravagante" la idea de que un fiscal ofreciera un pacto. Por ello, García Ortiz ha asegurado que decidió pedir los correos con el objetivo de hacer una nota para "defender la actuación impecable de la Fiscalía".

Sobre cuándo recibió los correos del caso, el fiscal general ha señalado que los primeros los recibió a las 21:59 horas del 13 de marzo.

También ha negado haber hablado con el primer periodista que desveló el correo del 2 de febrero, Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser. "No suelo contestar a las llamadas desde que soy fiscal general del Estado", ha argumentado.

García Ortiz ha defendido que en la nota fueron escrupulosos con la cronología del caso de González Amador y se eliminó todo lo que pudiera ser "accesorio" y que "pudiera perjudicar" a terceros. Es más, ha sostenido que se suprimió de la nota cualquier referencia a la Comunidad de Madrid, así como a lo dicho por políticos.

Admite desavenencias con la fiscal de Madrid

Por otra parte, ha admitido que había "desafección" por parte de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien en su declaración de la semana pasada acusó directamente al fiscal general de la filtración de mail.

García Ortiz ha asegurado que el día 14 de marzo llamó a Lastra "insistentemente", pero no le contestaba las llamadas, ni se las devolvía. "Hay una desafección con la Fiscalía General del Estado, con el equipo actual y el anterior. Lo traslada en cualquier foro en el que esté. No tiene recato", ha subrayado.

Además, ha señalado que tuvo que decirle por WhatsApp que era "imperativo sacar la nota de prensa", porque era ella la que estaba paralizando el emitirla. "Tenía una actitud obstruccionista", ha afirmado.

El cambio de móvil y el borrado de datos

Preguntado también por los cambios de terminal y el borrado de datos, el fiscal general del Estado ha explicado que viene cambiando "una vez por año" y que siempre que cambia, los restaura "a valores de fábrica" por un tema de "ciberseguridad".

El fiscal general mantiene en el Supremo que borra sistemáticamente su móvil por seguridad

Así, ha asegurado que su móvil contiene "mucha información" tanto personal, como profesional, ya que es la "cabeza" de una organización con más de 2.000 fiscales. "Soy muy consciente del tema de protección de datos. Hay que eliminar datos porque así se aconseja. Si el terminal me lo roban, me lo hackean... pondría en peligro a mucha gente. Por eso, sistemáticamente no permito que se mantenga más de un mes la información que hay en los WhatsApps", ha argumentado.

Sobre el uso de una cuenta de Gmail para recibir los correos de la causa de González Amador, ha argumentado que es una aplicación que le resulta más "sencilla" de usar que la cuenta profesional de Outlook, en especial si tiene que consultar con el móvil.

Y sobre por qué eliminó esa cuenta, ha dicho que lo hizo dos meses después de la entrada y registro de su despacho y que fue porque había recibido amenazas después de que se filtrara el informe de la UCO sobre él sin que se "anonimizaran" sus datos y se hicieran públicos su número de teléfono y su cuenta de correo.

Niega interés en perjudicar a González Amador

Por último, ha rechazado tener interés en perjudicar a González Amador. "Está fuera de toda duda", ha contestado cuando le ha preguntado su defensa al respecto. "La nota de prensa solo describe la acción de la Fiscalía. Cualquier dato de Alberto González Amador fue tratado con exquisitez. [...] Mi obsesión era proteger a los fiscales, y defender que hacemos un trabajo difícil, pero muy digno", ha zanjado.

García Ortiz niega en el Supremo ninguna interés en perjudicar a la pareja de Ayuso

Además, ha destacado que después de la nota de prensa, González Amador pudo continuar "sus negociaciones de conformidad con los fiscales del caso", pero que sí se frustró "no es culpa ni del fiscal general ni de nadie", sino de la acción popular no ha querido llegar a esa conformidad.

García Ortiz ha declarado después de que este miércoles por la mañana lo hiciera agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han justificaron que se hiciera un volcado "total" de los dispositivos del fiscal cuando se registró ante las dificultades para hacerlo de manera selectiva.

Tras la declaración del fiscal general, y antes de concluir la quinta penúltima jornada del juicio por presunto delito de revelación de secretos, las acusaciones han ratificado sus peticiones de condena. La acusación particular ejercida por González Amador ha mantenido su petición de cuatro años de cárcel y de tres años de inhabilitación y suspensión de empleo.

En cuanto a las acusaciones populares, Manos Limpias ha rebajado de cuatro a tres años su petición de pena de prisión al aplicar una atenuante por "vulneración del secreto sumarial". La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos de revelación de secretos y prevaricación.

Mientras que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo durante tres años. En cuanto a Fundación Foro Libertad y Alternativa —donde están incluidos Vox y Hazte Oír— solicitan una condena a cuatro años de cárcel, tres años de suspensión y pena de inhabilitación.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, han pedido la absolución del fiscal general.