Dos periodistas confirman que supieron de la confesión del novio de Ayuso antes que el fiscal general del Estado
- Además, ambos testigos niegan que su fuente fuera el fiscal general del Estado
- Esta semana García Ortiz afronta la recta final de un juicio que arrancó el pasado 3 de noviembre
Dos periodistas han confirmado este martes que conocieron la confesión de dos delitos de fraude fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, horas antes de que "buscara la información" el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Se trata, por un lado, del periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, que fue quien adelantó a las 23:22 horas del 13 de marzo el contenido del correo del pacto que ofreció el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía, y por otro de José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, antiguo subdirector de El País, que firmó la información que se hizo al respecto.
Ambos han declarado como testigos en el juicio contra García Ortiz en el Tribunal Supremo por revelación de secretos del caso de González Amador.
El primero en declarar ha sido Miguel Ángel Campos, quien ha asegurado que tuvo acceso al mail en cuestión hacia las 15:34 horas. Y ha explicado que no publicó el mail en cuanto tuvo conocimiento del mismo porque la fuente, que no ha querido desvelar acogiéndose a su derecho al secreto profesional, no le dio permiso para hacerlo antes.
Después ha declarado José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, antiguo subdirector de El País, quien también ha confirmado que consiguió la información sobre el caso del novio de Ayuso el 12 de febrero, antes que García Ortiz, y que lo consiguió por una fuente "muy fiable de la Comunidad de Madrid". "Conocíamos los hechos mucho antes de que el fiscal general se pusiera a buscarlos", ha asegurado.
Sobre por qué no lo publicó antes, Romero-Salazar ha relatado que cuando tuvo la información, trató de contrastarla por otras vías, porque así lo establece el "libro de estilo" del periódico.
Niegan que su fuente sea García Ortiz
A preguntas de las acusaciones, ambos informadores han negado que García Ortiz fuera su fuente, quien les revelara los datos del caso, aunque ninguno ha querido expresar quién era, acogiéndose a su derecho al "secreto profesional".
Campos ha ratificado que llamó a García Ortiz para confirmar si lo que le había llegado por otra fuente era verdad, pero el fiscal general del Estado no solo no le cogió el teléfono, sino que le "saltó el buzón de voz", y "nunca" le devolvió la llamada.
"Llevaba toda la tarde de intentando obtener la información (sobre el mail) por otra vía, y como no había sido posible, para intentar tener la información cuanto antes, lo que hice fue llamar al fiscal general para ver si me lo confirma", ha explicado sobre la razón por la que contactó con García Ortiz aquella noche.
El periodista de la Cadena Ser también ha reiterado en varias ocasiones que su fuente no era Álvaro García Ortiz, y que, de hecho, ha afirmado, desde que fue nombrado fiscal general del Estado no había vuelto a hablar con él.
También Romero-Salazar Pérez Cejuela ha negado que su fuente fuera García Ortiz, si bien ha admitido que le conocía desde hace años, desde que era fiscal del caso Prestige. En este punto, ha indicado que su fuente es alguien de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, pero no ha precisado de quién se trataba, amparándose en el "secreto profesional".
Asimismo ha puntualizado que contactó con esa fuente para confirmar si era verdad lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid había dicho en la mañana del 13 de marzo de 2024 de que había una "cacería" a su pareja y que era Hacienda la que le debía dinero a él.
"Mi fuente, en legítima defensa, me dice que no solo no es una cacería, sino que el abogado había sido quien reconoce los delitos y que su cliente se aviene a pagar una multa", ha explicado a preguntas de la defensa de González Amador.
Por su parte, el periodista de 'El País', Fernando Peinado, ha relatado que intentó contactar con la defensa de González Amador para confirmar si había admitido la culpa, pero que nunca consiguió verificarlo. Del mismo modo, sus compañeros de redacción Berta Ferrrero y Juan José Mateo han confirmado esta versión.
La última periodista en declarar este martes, Cinthya Corduras de 'El Plural', se ha acogido al secreto profesional para no decir quién le facilitó el mail del abogado de González Amador en una breve declaración en la que no ha recibido preguntas de la defensa de García Ortiz.
El decano de los abogados de Madrid cree "insólita" la nota de prensa
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha considerado que la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre el pacto que había reclamado el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue algo "insólito", pues, a su parecer, "no era preciso revelar el contenido literal" del correo en el que se admitían dos delitos fiscales.
En su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Ribón ha explicado que el ICAM decidió personarse como acusación popular porque esa nota causó una "honda preocupación". "Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa", ha señalado.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una de las seis acusaciones populares del juicio y solicita para García Ortiz una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Para el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, la nota fue el "detonante" para que el ICAM decidiera "tomar acciones penales por la ruptura de la confidencialidad de las negociaciones" porque se revelaban conversaciones que forman "parte del grado más estricto de confidencialidad entre abogado y fiscal".
Por otra parte, Ribón ha afirmado que no le consta que el abogado de González Amador solicitase amparo al ICAM después de revelarse su correo.
También ha declarado la fiscal jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, quien ha afirmado que su departamento fue de los primeros en "incoar expediente" por este caso y que lo hizo tras recibir la denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo de 2024, pero ha matizado que no se hizo ninguna investigación porque enseguida se inició un procedimiento judicial.
El borrado de información
A continuación ha testificado el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, quien ha defendido que García Ortiz tenía "la facultad" de borrar la información que albergaban sus dispositivos, si consideraba que la información sensible que contenían peligraba, porque era el "responsable" de la misma.
De esta forma se ha referido a la decisión de del fiscal general de borrar el contenido de su teléfono móvil y de eliminar su cuenta personal de Gmail, algo que el magistrado instructor, consideró como uno de los principales indicios contra García Ortiz.
Hidalgo ha negado también que la nota de prensa que publicó la Fiscalía supusiera una "violación de seguridad". "En mi opinión esa nota no constituye una violación de seguridad", ha zanjado, manifestando que la información contenida era una decisión consciente, "autorizada" por el responsable del tratamiento de los datos protegidos, y que se enmarcaba, además, en las funciones del Ministerio Público.
Sobre por qué no inició una investigación interna, el fiscal delegado de protección de datos ha afirmado que no actúa de oficio, solo cuando un "interesado" lo solicita, y en este caso, ha afirmado que no ocurrió.
Segunda semana del juicio
Estas declaraciones han sido las primeras de la segunda semana de juicio en el Tribunal Supremo contra García Ortiz, una vista oral que arrancó el pasado 3 de noviembre y que ha supuesto que se convirtiera en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados.
Se enfrenta a una pena de cárcel de entre 4 y 6 años, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros por, supuestamente, filtrar a la 'Cadena SER' durante la noche del 13 de marzo de 2024 un 'email' enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a Fiscalía, en el que reconocía, en nombre de su cliente, dos delitos fiscales.
Este miércoles declararán los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el despacho del fiscal general del Estado y el de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el 30 de octubre de 2024 y que hicieron los informes que nutren la causa, incluido uno que ha resultado esencial sobre las comunicaciones de la fiscal la noche del 13 de marzo.
El último en declarar será el propio García Ortiz, que lo hará este miércoles. La última sesión, señalada para el 13 de noviembre, estará dedicada a los informes de las partes. Después, ya quedará visto para sentencia.
