El fiscal general niega que filtrara el correo del novio de Ayuso y su defensa denuncia una "instrucción inquisitiva"
- Por primera vez en la historia, el jefe de la Fiscalía se sienta en el banquillo, pero no declarará hasta el 12 de noviembre
- El fiscal del caso de González Amador, Julián Salto, asegura que "nunca" ha ofrecido un pacto a un abogado
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este lunes que "no" se considera autor ni responsable de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que su cliente defraudó dinero a Hacienda. El Tribunal Supremo le ha preguntado al respecto al inicio de un juicio inédito en España. Nunca antes el máximo representante de la Fiscalía se había sentado en el banquillo los acusados.
La defensa, ejercida por la Abogacía General del Estado, ha denunciado una "instrucción inquisitiva" y ha pedido la nulidad de las actuaciones. La letrada Consuelo Castro ha expuesto que se han producido múltiples vulneraciones del derecho a un proceso justo por la "idea preconcebida" de que García Ortiz era culpable y ha hablado de "inaceptables" retrasos en los trámites solicitados por su parte, mientras que las diligencias de cargo "se sucedían a gran velocidad".
Según ha descrito, durante la instrucción, "sistemáticamente se minimizaba o descartaba de forma injustificada el valor probatorio de los elementos que favorecían" al fiscal general.
García Ortiz —que ya dijo ante el juez que "rotundamente no" filtró o dio orden de divulgar información reservada sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador— ha entrado al Supremo por la puerta principal, en su condición de autoridad, pero no será hasta el 12 de noviembre cuando el juez le tome declaración largo y tendido.
La vista oral ha empezado con la lectura del auto de apertura de juicio, que el fiscal general ha seguido vestido de toga desde el estrado. Tras ello, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha preguntado al fiscal general:
"¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?"
"No", ha respondido este.
La acusación de González Amador: "Mucha queja abstracta y ninguna concreta"
"Mucha queja abstracta y ninguna concreta", ha respondido el abogado que ejerce la acusación de la pareja de Ayuso a las peticiones de nulidad planteadas por la defensa y la Fiscalía. El letrado Gabriel Ramos ha asegurado que también a su parte se le rechazaron diligencias y ha recalcado que todas las decisiones que este lunes cuestionan los abogados de García Ortiz han sido revisadas y confirmadas por la Sala de Apelación.
La acusación particular ha afeado a la Abogacía del Estado que haya aportado "ahora" una "pericial de tres folios" sobre el borrado del teléfono móvil del fiscal general, que reflejaría que es "imposible" saber qué borró exactamente el 16 de octubre de 2024, cuando el Supremo le abrió causa. "¿Esto no se podía aportar en instrucción? (…) No lo han querido aportar. ¿Qué prueba han pedido y no se le ha concedido? ¿Dónde está la indefensión?", ha preguntado.
El resto de acusaciones —Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Alternativa y Libertad, Manos Libres y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han defendido igualmente la "pulcritud" de la instrucción, que han llegado a calificar de "modélica".
El fiscal del caso de González Amador "nunca" ofreció un pacto
Para la jornada de este lunes, están citados para declarar cuatro fiscales sobre lo que vivieron aquellos días, entre el 2 de febrero y el 14 de marzo de 2024. El primero de ellos, el fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado del caso de González Amador, quien ha asegurado que a lo largo de su carrera "nunca" se ha dirigido a un abogado para "ofrecerle un pacto", porque no forma parte de su trabajo.
Según ha relatado, a las 21:26 del 13 de marzo, es decir, minutos después de que el diario El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para rebajar su condena, le llamó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para pedirle los correos que había intercambiado con el abogado del empresario. Primero, quedaron en aplazarlo al día siguiente, puesto en ese momento él se encontraba en un evento deportivo, pero después Lastra le dijo que debía resolverse ya porque al fiscal General del Estado le corría prisa. Entonces, le reenvió una serie de e-mails a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y a Lastra, entre ellos, el mensaje en el que la pareja de Ayuso reconocía los dos delitos fiscales por los 350.000 euros defraudados a Hacienda.
Salto se ha mostrado seguro de que fue "una orden legal", en tanto que se trataba de un asunto de relevancia mediática, si bien ha admitido que, al principio, el 7 de marzo, cuando por primera vez sus superiores le pidieron que les informara, enviando una serie de documentación sobre la causa contra González Amador, no le pareció "un asunto de mucha enjundia" porque "parecía un fraude fiscal más".
El fiscal ha asegurado igualmente que no entiende como los correos que se investigan, que son "privados", podía tenerlos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. "Entiendo que no tiene que tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid", ha dicho.
La fiscal provincial niega "clandestinidad" en la petición de correos
Seguidamente, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado que existiera "clandestinidad" al pedir los correos, como ha relatado Salto, y que sucedió en tanto que "se estaba tergiversando un correo de manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía había propuesto una conformidad".
Rodríguez ha comentado las declaraciones de la fiscal superior, Almudena Lastra, ante el juez instructor y ha desmentido que les advirtiese de que los iban a filtrar. Además, ha lamentado las "inventivas" del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ponía "en solfa" su imparcialidad por haber trabajado en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
A esta declaración, le ha segido la de la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. Lastra fue quién avisó al fiscal general la noche del 13 de marzo de que, según le transmitieron, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había difundido a periodistas que era la Fiscalía —y no el abogado— quien había ofrecido un pacto, y que lo había retirado "por órdenes de arriba". Discrepó con el fiscal general sobre el contenido de la nota de prensa y declaró que la mañana del 14 preguntó al acusado si había filtrado la nota. Al respecto, García Ortiz reflexionó ante el juez sobre el "desafecto" de Lastra hacia la cúpula fiscal.
Lastra ha revelado que se encaró con García Ortiz cuando le preguntó si había filtrado el correo, a lo que este le respondió que "eso ahora no importa", pero "a mí eso sí que me importaba; se me quedó grabado en el alma". Ahora bien, ha atribuido a un lapsus que en la instrucción se refiriera a la nota de prensa y no a los correos, cuando le preguntó al fiscal general, quien, según ella, no negó en ningún momento que hubiera filtrado esos correos.
Lastra ha explicado que en esa misma conversación en la que García Ortiz le apremiaba a sacar la nota de prensa sobre el caso de González Amador, la fiscal le pidió tiempo para revisarla. Aunque poco después, tras otra llamada del fiscal general, le precisó que si ya había consensuado la nota con Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, "no tenía inconveniente" en que su jefe de prensa enviara la nota con el membrete de la Fiscalía Provincial, dado que ella "no asumía el contenido de esa nota".
Lastra ha asegurado que "hubiera bastado con señalar que la información publicada por 'El Mundo' era falsa". "Ese es el procedimiento habitual, decir que no se ha dado ninguna instrucción para que se retire el fiscal del caso, y con eso se hubiera desmentido la noticia", ha declarado la fiscal. "No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie".
Por otra parte, ha aseverado que no existe una "obligación de borrar nada" en los dispositivos móviles, pues solo existe "una recomendación" de borrar correos por razones de capacidad de las cuentas, no de seguridad, como sí alegó el fiscal general en la instrucción.
También han sido citados este lunes el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, y los jefes de prensa de la Fiscalía General y la de Madrid, María del Mar Hedó Casinello e Íñigo Corral Lozano. Sin embargo, Hedó y Corral no han podido declarar tras casi diez horas de sesión y se ha pospuesto a este martes.
Las acusaciones piden entre cuatro y seis años de cárcel
El Supremo juzgará así hasta el próximo 13 de noviembre si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos por el que las acusaciones particular y popular —entre las que está González Amador— solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. Por su parte, la Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos.
Así, en los próximos días desfilarán por el Palacio de las Salesas —sede del Supremo— hasta cuarenta testigos: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato; o la número dos del PSOE de Madrid y antiguo cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera; además de fiscales, periodistas o los guardias civiles que, también por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.
Siete magistrados —cuatro hombres y tres mujeres— juzgarán si García Ortiz filtró el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía al fiscal que le investigaba un pacto y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda, en busca de una rebaja en la petición de condena.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces" difundidas por algunos medios y "responsables públicos".
Más de 200 periodistas de 59 medios están acreditados para un juicio en el que no habrá señal en directo; los profesionales podrán difundir extractos de la vista, pero no retransmitirla ni en directo ni en diferido. Desde el interior de la Sala de lo Penal, escenario del juicio, podrán presenciar la vista cincuenta personas de público más veinte periodistas.
