El Supremo rebaja a la mitad la fianza impuesta al fiscal general después de que García Ortiz depositara 150.000 euros

• El Supremo dictó apertura de juicio oral contra él por revelación de secretos del novio de Ayuso
• El fiscal no disponía de la totalidad del dinero en efectivo y ha presentado un aval con sus bienes

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Pierre-Philippe MARCOU / AFP

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Ángel Hurtado, ha rectificado la fianza impuesta a Álvaro García Ortiz al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.

Así lo ha acordado en un auto de este martes, en el que Hurtado ha explicado que actúa de motu propio porque se ha dado cuenta de que la primera resolución, en la que pedía la fianza inicial de 150.000 euros, contenía un error. Además, puesto que este cambio tiene una repercusión favorable sobre el acusado, "no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular". Por tanto, el propio juez puede "hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que le presenten".

Poco antes de conocer este cambio, Álvaro García Ortiz había depositado la fianza completa de 150.000 euros con parte de su patrimonio. El magistrado Ángel Hurtado impuso esta cantidad de cara al juicio por un delito de revelación de secretos tras la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha podido adelantar nuestra compañera de Tribunales, Irma Frigenti, García Ortiz ha cubierto la fianza con parte de su patrimonio, para lo que ha presentado un aval para asegurar la fianza. Fuentes jurídicas le indican que allegados a García Ortiz mostraron su disposición a ayudarle a afrontar la multa, pero él no ha querido implicar a nadie en la causa. El fiscal general de Estado iba va a recurrir la fianza en apelación por considerar que es "desproporcionada". Ahora tras la rectificación del Supremo lo está valorando.

La fianza tendrá que ser verificada por el Tribunal Supremo para corroborar que los bienes aportados cubren la cantidad fijada. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, la fijó en 150.000 euros, desde los 300.000 que reclamaba González Amador, para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual sentencia. Ahora, que el juez ha rebajado la cantidad, se le devolverán los 75.000 euros de diferencia.

La inclusión de la multa en el cálculo de la fianza es un criterio que el Tribunal Constitucional considera como una "pena anticipada" que vulnera la presunción de inocencia. La Corte de Garantías indicó en un fallo de 2023 que la presunción de inocencia supone el derecho a recibir el trato de "no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo" y que, por tanto, no se respetaba al ponderar la posible condena.

Este lunes la defensa de González Amador recurrió ante el Tribunal Supremo para que se incremente la fianza a 300.000 euros.

García Ortiz, a juicio

El instructor envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.

Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación libró a la fiscal, dejando al fiscal general como único acusado.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El propio Hurtado dejó la puerta abierta a ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz aún debe presentar su escrito de defensa.