De Gónzalez Amador a Miguel Ángel Rodríguez o Juan Lobato: ¿quién declara en el juicio al fiscal general del Estado?
- A lo largo de seis días, comparecerán más de 40 personas con el fin de arrojar luz sobre los hechos investigados
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Tras meses de diligencias, este lunes arranca el juicio contra Álvaro García Ortiz. En un hecho sin precedentes en la historia judicial, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo acusado de filtrar datos sobre el presunto fraude de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el centro de la investigación está, por un lado, el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 que la defensa del empresario madrileño había enviado a la Fiscalía y en el que se ofrecía a reconocer delitos fiscales mediante un pacto de conformidad. Por otro, está la nota de prensa que publicó la Fiscalía General del Estado (FGE) en marzo de 2024, en la que se detallaba cómo había sido ese intercambio de mensajes. Aunque no se aprecian indicios de delito en ese comunicado porque la información que ofrecía ya era pública, fue el punto de partida y podría resultar clave para acotar los hechos.
No es difícil perderse en la enrevesada cronología de este caso, llena de horas y minutos, cruces de mensajes y publicaciones en los medios de comunicación. Tampoco en la extensa lista de los nombres ligados al procedimiento, ya sea como imputados o como testigos.
A lo largo de seis días, declararán más de 40 personas relevantes en el caso con el fin de arrojar luz sobre los hechos investigados y el origen de la filtración. Lo harán, eso sí, sin señal en directo a través de la web del Consejo General del Poder Judicial, aunque se ha garantizado la presencia de periodistas y medios de comunicación.
3 de noviembre: fiscales y testigos
El fiscal Julián Salto ha sido el elegido para abrir la ronda de declaraciones este lunes 3 de noviembre. A cargo del procedimiento abierto contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales, fue quien recibió en febrero de 2024 la propuesta para un pacto de conformidad por parte de la defensa. El empresario madrileño se abría a aceptar "íntegramente" la existencia de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021, y propuso asumir ocho meses de cárcel, así como pagar 520.000 euros para evitar ir a juicio.
Tras Salto declararán dos de los principales nombres de la instrucción: la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe. Ambos estuvieron imputados en la causa por una posible implicación en la revelación de secretos, aunque finalmente sus procedimientos fueron desestimados.
La noche del 13 de marzo de 2024, Pilar Rodríguez pidió a Julián Salto que le enviara los correos para elaborar la nota de prensa que el Ministerio Público publicó al día siguiente con el objetivo de desmentir una publicación en los medios que aseguraba que la Fiscalía era quien había ofrecido un pacto al novio de Díaz Ayuso. El fiscal le remitió dichos correos y ella los reenvió al fiscal general. Pero, tras meses imputada, la Sala de Apelación del Supremo determinó que no se apreciaba la comisión de un delito y acordó archivar la causa.
Por su parte, Villafañe, 'número dos' de García Ortiz, fue investigado ante la posibilidad de que tuviera "un papel de relevancia" en la filtración de la denuncia que más tarde se publicaría en elDiario.es. Pero la falta de indicios contra él motivó que también fuera archivada su causa.
La tercera en declarar será la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien afirmó en el Tribunal Supremo que, a su juicio, la filtración a los medios de comunicación de los correos solo pudo haber salido de la Fiscalía porque a los datos en cuestión no tenían acceso otras partes. Un argumento que el equipo legal del empresario ha utilizado en su escrito de acusación y sobre el que incidirá a lo largo del juicio.
4 de noviembre: MAR y González Amador
Pero el plato fuerte llega el segundo día de juicio, cuando se prevé que declaren los testigos claves del entorno de González Amador. El primero será Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Está citado como testigo, aunque la defensa del fiscal general le señala como origen del bulo sobre los correos.
Miguel Ángel Rodríguez, a menudo llamado MAR por sus siglas, fue quien trasladó en un grupo de WhatsApp ('Prensa Nacional') una versión que hacía ver que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto de conformidad a González Amador, y no al revés. Una oferta que luego habría retirado el Ministerio Público por "presiones" de la Moncloa, como afirma MAR. Esta información provocó un movimiento en cadena, como si de una pieza de dominó se tratara: primero, varios medios publicaron noticias que desmentían esa versión; después, la FGE emitió la nota de prensa que desataría la tormenta judicial.
Por la tarde, a las 15.30 horas, llegará el turno de Alberto González Amador. Este empresario madrileño se querelló contra el fiscal general al considerar que se vulneraron sus derechos a la intimidad, a la presunción de inocencia y a la defensa por una filtración que, a su juicio, se llevó a cabo como estrategia política y por el mero hecho de ser novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tras él, declarará Carlos Neira, el abogado que contactó con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo de conformidad. El inicio de la compleja cronología del caso se inició en febrero de 2024, cuando este letrado envió un mensaje en nombre de su cliente a la dirección de correo genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, a la que pudieron tener acceso una veintena de personas. En él, se ofrecía a aceptar "íntegramente" la existencia de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021, y propuso asumir ocho meses de cárcel, así como pagar 520.000 euros a través de un pacto de conformidad que le evitase ir a juicio.
También comparecerá el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. Su cita será fundamental para conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo de la discordia más allá de la Fiscalía. La UCO le señaló en uno de sus informes ante la sospecha de que podría haber tenido un rol de coordinación de las informaciones sobre la causa.
5 de noviembre: Lobato y los exasesores de la Moncloa
Casi un año después de su dimisión como secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato regresa al foco mediático con su citación como testigo. El 5 de noviembre deberá responder ante las partes por la información que el diario ABC publicó, según la cual "la Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso" y trató de implicar al exlíder socialista madrileño.
Durante las diligencias, el exdirigente socialista entregó ante el Tribunal Supremo su móvil y unas actas notariales en los que se recogían los mensajes que recibió de un alto cargo de la Moncloa con capturas del email de Alberto González Amador. En concreto, se trataba de Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del ministro Óscar López y actual secretaria de Organización del PSOE-M, que declarará después de Lobato.
De acuerdo con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el email íntegro "no había sido publicado en los medios de comunicación a las 8:29 horas" –solo se hacía referencia a él mediante fuentes y frases textuales–, cuando ya estaba en poder de Sánchez Acera, por lo que concluyen que "su procedencia no puede ser la publicación en medios".
De hecho, los agentes destacan que Lobato pide que le informen de la fuente de donde procede la información, alegando que si no "parece que me lo ha pasado la Fiscalía". Ante las dudas del exlíder socialista acerca del origen del correo, tanto Vallés como Acera le hacen llegar más tarde el enlace de una noticia publicada a las 9:06 horas en El Plural en el que aparece el correo íntegro y con los datos personales tapados.
Todo esto llevó al juez instructor, Ángel Hurtado, a creer que el fiscal general pudo haber actuado por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y con una actitud "frenética" de "ganar el relato" a favor del Ministerio Público. Sin embargo, el Tribunal Supremo no vio esto suficientemente acreditado, por lo que determinó que su inclusión "en el relato fáctico era prescindible".
11 de noviembre: los periodistas y el borrado del móvil
El tercer y el cuarto día también serán interrogados los periodistas que tuvieron acceso a los correos y otros datos de la causa, entre ellos los cuatro de El País que afirman que supieron el contenido del mensaje filtrado más de 24 horas antes de que tuviera conocimiento de ello el fiscal general del Estado. También estará el redactor de El Mundo que firmó la noticia publicada a las 21:29 horas, donde se achacaba la iniciativa al Ministerio Público, que activó a los demás medios y a la Fiscalía. En total, serán 12 profesionales de La Sexta, El País, El Mundo, ABC, Cadena Ser, Vozpópuli, elDiario.es y El Plural.
El 11 de noviembre, además, hablará el fiscal delegado de la protección de datos de la FGE, Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, para abordar un tercer frente abierto: el borrado de datos de los dispositivos de García Ortiz y el protocolo de seguridad del Ministerio Público.
Cabe recordar que la UCO analizó dos teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tableta y varios USB en los que hallaron "cero mensajes" instantáneos del periodo en el que presuntamente se filtró la información. El fiscal general admitió más tarde haber vaciado su móvil, pero lo atribuyó al protocolo fijado para proteger la información sensible y personal con la que trabajan. Ante esto, el Tribunal Supremo también advirtió de que el borrado de whatsapps y correos ha impedido a los investigadores acceder a toda la información que existía sobre las comunicaciones de los investigados.
12 de noviembre: Álvaro García Ortiz
El quinto y último día, antes de las conclusiones finales, declararán los agentes de la UCO para dar cuenta de sus informes y de las periciales realizadas a lo largo de la instrucción, como los registros de su despacho o los análisis de los móviles de testigos y acusados. Desde la benemérita sostienen que existe una "participación preeminente" del fiscal general, quien impartió de forma directa las órdenes para llevar a cabo "la contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo".
Como broche final y a petición de su defensa, el último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, que tendrá que detallar cómo tuvo acceso al correo y cuáles fueron sus siguientes pasos a lo largo de las horas en las que se filtró.
Desde la apertura del procedimiento, el fiscal general ha reivindicado su inocencia, al considerar que el "núcleo esencial" de la información relevante había sido transmitido desde "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid". Por tanto, insiste, quien revela "no puede exigir que dichas informaciones sean consideradas reservadas". Asimismo, ha recalcado que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas a través de la dirección genérica de correo de la Fiscalía.
Pese a las presiones y el impacto mediático de la causa abierta contra él, García Ortiz asegura confiar en la labor de los jueces y en su independencia. "No puedo manifestar ninguna crítica externa ni concreta al Poder Judicial en su conjunto", subrayó en Audiencia Abierta en septiembre.
