Claves de la primera semana del juicio al fiscal general del Estado: del correo filtrado al derecho a no revelar fuentes
- Durante la primera semana han declarado fiscales, periodistas, políticos y el novio de Ayuso, entre otros
- El juicio culminará la próxima semana, con la declaración en último lugar del fiscal general del Estado
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El Tribunal Supremo ha cerrado la primera semana del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, sin lograr resolver la incógnita sobre dónde se originó la filtración de la confesión de fraude fiscal de de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Un total de 20 testigos han pasado por el alto tribunal durante las tres jornadas, en sesión de mañana y tarde, de esta semana. En la sala se ha podido escuchar los testimonios del propio novio de Ayuso, del jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez, así como de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera, y varios periodistas que tuvieron acceso al correo con la confesión.
García Ortiz enfrenta a una petición de entre cuatro y seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
Estas son las claves de la primera semana de juicio:
El polémico mail filtrado
El 2 de febrero de 2024 Carlos Neira, abogado de González Amador, envió al fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado del caso, un mail en el que proponía una conformidad para reducir la condena de su cliente y a cambio, admitía en su nombre que "ciertamente se han cometido dos delitos" fiscales.
Según relató Neira tanto en fase de intrucción, como en el juicio, ese mail lo envió a un correo genérico del departamento de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y a un miembro de la Abogacía del Estado. Por otra parte, negó que nadie más tuviera acceso a su correo electrónico.
Además, en la causa consta que el fiscal general del Estado recibió ese 'email' en su cuenta personal de Gmail a las 21:59 horas del 13 de marzo, después de que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se los rebotara tras recibirlos a su vez a las 21:54 de Julián Salto, a quien se los había reclamado minutos antes.
Esos mails los había solicitado García Ortiz y Pilar Rodríguez porque previamente, a las 21:29 horas de ese día, El Mundo había publicado que era la Fiscalía la que había ofrecido pactar al novio de Ayuso, y porque esa noche también Vozpopuli y Libertad Digital habían difundido el "bulo" del jefe de gabinete de Ayuso, que decía que el pacto había sido parado por "órdenes de arriba".
Además de esas informaciones, La Sexta, en su web, publicó a las 22:10 horas del 13 de marzo una noticia indicando que la iniciativa de la conformación partió del novio de Ayuso, pero sin publicar el mail de la confesión de González Amador.
A las 23:22 horas, la Cadena Ser adelantó el contenido del correo del pacto entre el abogado de González Amador y la Fiscalía para reconocer dos delitos de fraude fiscal. Fue el primer medio que reveló la propuesta de la defensa de la pareja de la presidenta madrileña para llegar a un acuerdo. A las 23:51 horas, la web de esta emisora publica por primera vez el contenido en texto.
Ya de madrugada, también eldiario.es lo publicó, pero tanto en la fase de instrucción, como en el juicio, periodistas de este periódico digital aseguraron que poseían ese mail desde días antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado.
La nota de prensa de la Fiscalía
Ante esas informaciones contradictorias, en la noche del 13 de marzo, Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez acordaron desmentir en un comunicado emitido al día siguiente que había sido el fiscal del caso de González Amador el que había propuesto el pacto de conformidad al empresario.
Las acusaciones atribuyen a García Ortiz la filtración de ese mail primero a la Cadena Ser, y después revelarlo en la nota de prensa que emitió la institución a las 10:22 horas del 14 de marzo de 2024.
García Ortiz se declara inocente
Tras la lectura del auto de apertura del juicio oral, el fiscal general del Estado, que no será interrogado en el juicio hasta el próximo 12 de noviembre, reiteró su inocencia.
Vestido con toga, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si se consideraba autor responsable del delito que se le imputaba, García Ortiz lo negó tajantemente.
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz denunció la instrucción "inquisitiva" del juez Ángel Hurtado, a quien acusó de buscar pruebas "incriminatorias" con "la idea preconcebida" de que el fiscal general era "culpable".
Lobato y Sánchez Acera desvinculan a Moncloa y Fiscalía
En la tercera jornada del juicio, el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y la ex cargo de Presidencia del Gobierno Isabel Sánchez Acera desvincularon a Moncloa y a la Fiscalía General del Estado de la filtración del mail del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador.
Lobato aseguró que "nunca" había recibido órdenes de Moncloa cuando era líder del PSOE de Madrid y admitió que le preocupaba el "origen" del pantallazo con el mail que recibió la mañana del 14 de marzo de 2024 de parte de Sánchez Acera para que lo pudiera usar en la sesión de control a Díaz Ayuso de aquel día. Además, Lobato admitió que nunca llegó a saber de dónde salió esa imagen con el mail.
En el momento en el que se produjeron los hechos, Pilar Sánchez Acera era secretaria de Política Institucional del PSOE de Madrid, pero al mismo tiempo trabajaba como jefa de gabinete de Óscar López, quien, a su vez, era director de gabinete de Presidencia del Gobierno.
Sánchez Acera, que dijo no recordar quién le envío el pantallazo en cuestión, se limitó a decir que fue un periodista de política regional, sin detallar más, y especificó que lo reenvío en calidad de secretaria de Política Institucional del PSOE de Madrid, por ser Lobato su superior jerárquico en el partido, mismo argumento que esgrimió el exlíder socialista. También afirmó que "nunca" tuvo acceso al correo filtrado en el que se centra el juicio.
El día anterior, en la segunda jornada del juicio, declaró como testigo el ex secretario de Comunicación Francesc Vallés, quien negó haber dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que filtrase información relativa a González Amador. Según explicó, el 14 de marzo de 2024, él estaba pendiente de otros asuntos que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez, como los presupuestos generales del Estado, la votación de la amnistía en el Congreso de ese día o la convocatoria de las elecciones autonómicas en Cataluña que se habían anunciado la víspera.
El novio de Ayuso: "García Ortiz me había matado públicamente"
El segundo día de juicio estuvo marcado por las declaraciones como testigo de Alberto González Amador, impulsor de la denuncia contra el fiscal general del Estado, y de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.
Durante dos horas, el novio de Ayuso quiso dejar claro que la revelación de ese mail tuvo gran impacto en su vida personal y profesional y arremetió por ello contra el fiscal general del Estado, a quien acusó de haberle "destrozado la vida" porque todo el mundo le identifica desde entonces como el "delincuente confeso de España". "El señor García Ortiz me había matado públicamente", lamentó.
González Amador aseguró que su abogado "nunca" le envío un correo sobre la conformidad, y negó que, por tanto, pudiera facilitárselo a la prensa. También admitió que no era consciente de lo que suponía conformar cuando se lo planteó por primera vez su abogado.
Confirmó que Neira le envió por WhatsApp un pantallazo con un correo del fiscal en el que se indicaba que se podría llegar a acuerdo y que se lo remitió a Miguel Ángel Rodríguez, a quien dio permiso para difundirlo.
El pantallazo en cuestión era de un correo del 12 de marzo de 2024 en el que el fiscal Salto confirmaba que no había obstáculos para la conformidad que se había planteado el 2 de febrero. Así lo confirmó el propio Carlos Neira en su declaración en el Supremo, aunque apuntó que no autorizó su difusión, ni tuvo "conocimiento de ello".
Miguel Ángel Rodríguez, el "guardián de la reputación" de Ayuso
Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que, como "guardián de la reputación de Díaz Ayuso" -así se autonombró-, remitió dicho pantallazo en un chat con informadores, para "desmentir" la noticia que había publicado La Sexta sobre que la iniciativa partía de la defensa de González Amador y señalar así que había sido al revés: el pacto venía del fiscal.
Rodríguez aseguró en el juicio que en ese momento desconocía que existía el mail del 2 de febrero. También admitió que lo de que el acuerdo se había frustrado por "órdenes de arriba" fue una "deducción lógica" suya, y aprovechó su declaración para cargar contra Moncloa: "Todo el aparato del Estado está urdiendo todo para atacar a una rival política".
La "legal" solicitud de información de un caso
El primero en testificar en el juicio fue el fiscal Julián Salto, quien aseguró que es "legal" que sus superiores, la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le reclamaran en la noche del 13 de marzo de 2024 los correos que había intercambiado con el abogado de González Amador: "No veo nada de raro".
Además, quiso puntualizar que la oferta de pacto con el novio de Ayuso no partió de él: "En ningún asunto, en mis 20 años de carrera profesional, he escrito o me he puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad. […] No es mi obligación ni mi deber", zanjó.
También criticó que sus correos con el abogado Carlos Neira terminara por tenerlos el jefe de gabinete de Ayuso porque señaló que entendía que "por el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía los correos entre el fiscal y el abogado eran únicamente privados". Y manifestó que la primera persona que le llamó para preguntarle sobre las negociaciones de conformidad fue, sobre las 21:26 horas del 13 de marzo, la jefa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.
También la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coincidió en que no había "ninguna clandestinidad" a la hora de pedir los correos a un subordinado, pues había un proceso de dación de cuentas que se había iniciado seis días antes del fatídico 13 de marzo, después de que algunos periodistas ya se interesaran por el caso.
Rodríguez fue quien, a petición del fiscal general, solicitó el 13 de marzo los correos que el fiscal Julián Salto se cruzó con el abogado de Alberto González Amador. "Le pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué había sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía había propuesto una conformidad", explicó Rodríguez.
La Fiscalía Superior de Madrid apunta a García Ortiz
En sentido contrario fue la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien apuntó que en ningún momento García Ortiz le llegó a desmentir que fuera él quién estaba detrás de la filtración y recordó que cuando 14 de marzo de 2024 ya se había filtrado el mail en cuestión, preguntó al fiscal general que si había sido él, a lo que le contestó que "eso ahora no importa", porque este le apremiaba para sacar la nota de prensa.
Además, apuntó que estaba en contra de cómo se planteó el comunicado de prensa, pues creía que "hubiera bastado con señalar que la información publicada por El Mundo era falsa". "No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie", zanjó.
Lastra también recordó que advirtió a Rodríguez que los correos "los van a filtrar", algo que ha negado la fiscal jefe de Madrid: "A mí se me habría encendido una lucecita en mi cerebro si alguien me dice algo así".
El ‘número 2’ de García Ortiz subraya la "animadversión" de Lastra
El siguiente en declarar fue el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, quien señaló la "animadversión" de la testigo anterior hacia García Ortiz y toda la cúpula de la Fiscalía General.
Villafañe declaró también que era algo habitual iniciar procesos de dación de cuentas a superiores y que lo mismo hizo con respecto a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los mismas fechas en las que se produjo lo de González Amador
Los periodistas se acogen a su derecho a no revelar sus fuentes
La tercera jornada del juicio contra el fiscal estuvo marcada por los interrogatorios de varios periodistas que informaron sobre el caso de fraude fiscal de González Amador. Ninguno contó cómo les llegó el polémico mail, pues se acogieron a su derecho fundamental: el secreto profesional, que supone no revelar sus fuentes.
Lo que sí hicieron varios periodistas es afirmar, como ya hicieron en la instrucción, que accedieron al correo en cuestión bastante tiempo antes que el propio fiscal general, al tiempo que rechazaron que este les hubiera pasado "un papel nunca".
En concreto, el periodista de elDiario.es Jose Precedo explicó que lo recibió una semana antes, junto a más documentación del caso, pero que su fuente no le dejó que lo publicara antes de la fecha en la que terminó publicándolo. Además, sostuvo que tenía un "dilema moral" porque sabía que era García Ortiz era "inocente", pero que no podía revelar su fuente por "el secreto profesional".
El periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina también explicó que recibió el polémico correo antes que el propio fiscal y que se lo remitieron "tres fuentes distintas".
Por su parte, el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta que publicó la noticia de que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a la pareja de Ayuso explicó que su información se basaba el mail del 12 de marzo, y que entonces no sabía que existía el del 2 de febrero, y que tampoco tenía el expediente tributario de González Amador. También se acogió a su derecho a no revelar sus fuentes para no explicar cómo obtuvo el correo en el que basó su noticia.
Los jefes de prensa de las Fiscalía niegan haber tenido el mail
El martes fue el turno de dos testigos claves en la difusión de la nota de prensa. Por un lado, la directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedó, y por otro, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral. Ambos negaron haber tenido acceso al mail filtrado.
Hedó explicó que se decidió hacer la nota para desmentir lo que decía Miguel Ángel Rodríguez sobre que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a Alberto González Amador y que "por órdenes de arriba" no había llegado a buen puerto. En este punto, afirmó que se intentaba hacer frente al "intento de sembrar una sombra de sospecha sobre la actuación de la Fiscalía".
También aseguró que no tuvo los correos revelados porque escribió el comunicado con detalles que le daba el fiscal general, quien quería que "quedara claro" que la actuación de la Fiscalía había sido "impecable".
Por su parte, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, aseguró que no estaba de acuerdo con la publicación de esa nota de prensa, pues consideraba que era "innecesario" hacerlo, porque "ya estaba en todos los medios" y porque no tenía ninguna "demanda informativa" al respecto. También rechazó haber tenido acceso a los correos filtrados, ni tampoco se los pidió a la fiscal de Madrid.
No había un protocolo de borrado de los terminales
La jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, Esmeralda Rasillo, explicó durante su declaración que no existía un protocolo como tal para borrar los datos de los móviles, pero sostuvo que el borrado dependía de cada fiscal, que es el que era el "responsable" de lo que estaba en el móvil.
También declaró Diego Lucas, el fiscal de anticorrupción que investiga a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto, y aseguró que el novio de Ayuso trató de "conformar", algo que le "sorprendió". Y también negó que hubiera órdenes en sentido contrario.
Sigue el juicio la semana que viene
La próxima semana seguirán los interrogatorios a periodistas que tuvieron acceso a los correos, así como el fiscal delegado de la protección de datos de la Fiscalía General del Estado.
El 12 de noviembre será el último día. Antes de las conclusiones finales, declararán los agentes de la UCO que realizaron los informes periciales durante la instrucción, y por último declarará el propio Álvaro García Ortiz. Después quedará visto para sentencia. Por ahora se antoja difícil determinar cuál será el sentido de la sentencia porque aún no se ha podido dilucidar el origen de la filtración.
