Las acusaciones no creen a los periodistas y apuntan al fiscal general como filtrador: "El borrado es prueba de cargo"
- Lo ha dicho en la exposición de sus conclusiones en la última jornada del juicio al fiscal general
- El juicio al fiscal general del Estado quedará visto para sentencia tras los informes finales de las partes
Las acusaciones no han dado credibilidad a los testimonios de los periodistas que indicaron que supieron antes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del mail de la defensa de la Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía la admisión de dos delitos fiscales, y creen que el borrado de los dispositivos es "prueba de cargo".
Ha sido en la sexta y última sesión del juicio contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, un juicio histórico que ha sentado por primera vez en el banquillo de los acusados a un fiscal general del Estado, y que ha quedado visto para sentencia este jueves en el Tribunal Supremo después de que las partes expongan sus informes finales.
Tanto la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, como los abogados de cuatro acusaciones populares han apuntado directamente al fiscal general como la persona que filtró el correo en el que el abogado de este empresario reconocía un fraude a Hacienda para llegar a un pacto.
Creen que el borrado de mensajes es "prueba de cargo"
Todas las acusaciones han puesto el acento en que es "prueba indiciaria" o "de cargo" el borrado de los dispositivos que realizó el fiscal general: "Borra las pruebas que podrían incriminarle", ha advertido el letrado del ICAM.
El letrado de la APIF también ha resaltado que "la eliminación de pruebas tiene que considerarse como una prueba de cargo". Y para el abogado que representa a Foro y Libertad, también es muy significativo que el fiscal general del Estado borrara sus móviles justo cuando se abre causa judicial contra él, y que hiciera solo un "borrado selectivo". "No es sostenible", ha señalado.
Para el abogado de Manos Limpias, la "única explicación razonable" es que García Ortiz sea el que filtró el mail porque, ha defendido, "no existe una alternativa" dado que "se ha eliminado todo el rastro de prueba de descargo que podría haber".
En la jornada de este miércoles, García Ortiz defendió haber borrado los mails y mensajes por "seguridad", al tiempo que volvió a reiterar su inocencia al negar que enviara el polémico mail.
Arremeten contra los periodistas
Además, todos ellos han arremetido contra los periodistas que han declarado como testigos en el juicio, a los que ha acusado de mentir para exculpar al fiscal general del Estado al decir que este no era su fuente, pero sin precisar quién era acogiéndose a su derecho al "secreto profesional".
Para el abogado de González Amador, los periodistas "no son testigos normales", y ha insinuado que podrían haber mentido porque "son personas que no están obligadas a decir la verdad". Además, ha puesto en duda la declaración en especial del periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos, que fue el primero en revelar el mail en cuestión, y del periodista de eldiario.es José Precedo, quien aseguró que tuvo el correo una semana antes.
El letrado ha dejado caer que si ninguno ha mostrado sus comunicaciones por WhasApp, email u otras aplicaciones ha sido por esconder algo y no para proteger a sus fuentes. "¿Habría habido algún problema en que las mostraran? ¿Qué problema sería para el secreto profesional que enseñaran sus chats con García Ortiz? [...] No hay ningún compromiso con su fuente, salvo que sea su fuente", ha advertido.
Pero no ha sido el único que ha puesto en duda el testimonio de los periodistas. El letrado que representa al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha acusado de "falta de credibilidad" a algunos testigos. A su parecer, es "sorprendente" que un periodista tuviera el polémico mail días antes y no lo publicara: "Tiene la noticia desde el 6 de marzo y le adelantan por la derecha y por la izquierda", ha apuntado. Y ha criticado que "usurpe" las funciones del tribunal diciendo que García Ortiz era inocente.
También el abogado de la Fundación de Foro y Alternativa -acusación que aúna también a Vox y Hazte Oír-, ha señalado que "no se puede dar validez o veracidad" a los testimonios de los periodistas, y ha considerado que la "excusa" de proteger a sus fuentes se le hace "inverosímil".
En la misma línea se han pronunciado Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El letrado de la APIF ha puesto en cuestión que los periodistas se amparen en el secreto profesional, pues ha señalado que un informador puede revelar sus fuentes si con eso se puede evitar que un inocente sea condenado.
Además, ha señalado que no le parecía creíble que los periodistas tuvieran la información del mail filtrado desde día antes y no lo publicaran. "Lo que hacen los buenos periodistas es publicar la información, y no tenerla guardada días", ha sostenido.
El novio de Ayuso denuncia que se le impusiera una "sentencia pública de condena"
Por otra parte, la acusación particular que ejerce Alberto González Amador ha denunciado que eso supuso que se le impusiera una "sentencia pública de condena", que le convirtió en "delincuente confeso".
"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se tiene una sentencia pública de condena antes de que hubiera ni siquiera un procedimiento penal, pues no había reparto de la denuncia y ya era el delincuente confeso", ha denunciado el abogado Gabriel Ramos en su informe final ante el tribunal que juzga en el Tribunal Supremo a García Ortiz por la presunta filtración del mail del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa del novio de Ayuso admitía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
Según ha expuesto durante más de una hora -cuando el presidente del tribunal había fijado entre 30 y 45 minutos para presentar las conclusiones-, esta presunta filtración "arrasó" con su presunción de inocencia y su derecho a la defensa. Para el abogado de González Amador, esta "sentencia pública" le ha generado grandes daños económicos y personales, al margen de los legales en su causa por fraude a Hacienda.
Además, ha denunciado que le convirtió en "moneda política del Gobierno" bajo un "relato institucional" que ha denunciado que se ha ido apuntalando "día a día" por el Ejecutivo. "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente", ha subrayado.
Apuntan a Moncloa
El abogado de ICAM ha criticado también que no se haya imputado a "nadie del entorno de Presidencia del Gobierno", pues, a su juicio, que la ex cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera quisiera usar "información privilegiada" hace "inferir la fuente y el vector de imputación en esa dirección".
Además, ha hecho hincapié en la falta de "garantías" para González Amador para tener un "juicio justo" en su causa por culpa de la filtración. Y ha considerado "muy preocupante" que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, dijera en un mensaje a García Ortiz había que añadir "cianuro": "Se quería acabar con los derechos procesales de un sujeto", ha subrayado.
Mantienen la petición de penas, salvo Manos Limpias que la rebaja
En la quinta jornada, todas las acusaciones elevaron a definitivas sus conclusiones preliminares, salvo Manos Limpias que rebajó de cuatro a tres años su petición de prisión, al pedir que se le aplique la atenuante analógica por vulneración del secreto sumarial, relacionado con un posible perjuicio al derecho de defensa.
El resto de acusaciones han mantenido sus peticiones de penas, que oscilan entre los tres y los seis años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, reiteraron su petición de absolución del fiscal general.
Durante las cinco sesiones anteriores, han comparecido más de 40 testigos, entre ellos el novio de Ayuso, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, varios periodistas que publicaron sobre el caso de González Amador, fiscales, políticos y agentes de la UCO.
Una vez ha quedado visto para sentencia, serán los siete magistrados que forman el tribunal los que dicten sentencia, que se espera sea hacia final de año.
Después ha sido el turno de la Fiscalía y de la defensa de García Ortiz, que corre a cargo de la Abogacía del Estado, ambos han defendido la inocencia del fiscal general. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha iniciado sus conclusiones defendiendo las actuaciones del Ministerio Público en el caso contra Alberto González Amador: "Toda la actuación se llevó a cabo antes de que el Ministerio Fiscal fuera informado de la relación sentimental con Ayuso. Por tanto, González Amador ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano. El Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente con este ciudadano". Tras sus informes finales, el caso ha quedado visto para sentencia.
