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Ha estado 3 años en el cargo

Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado condenado e inhabilitado

  • García Ortiz accedió al cargo con polémica después de que el CGPJ rechazara su nombramiento
  • Relevó a Dolores Delgado y se enfrentó a los fiscales del 'procés' por la amnistía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/Mariscal POOL
RTVE.es

Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado condenado por la justicia y que será apartado del cargo. Todo después de que este jueves el Tribunal Supremo haya anunciado que le condena con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La causa se abrió en octubre de 2024, y se centraba en la filtración de una oferta para alcanzar un pacto de conformidad que evitara llegar a juicio por los dos delitos fiscales que presuntamente habría cometido González Amador.

No obstante, el juez del Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha tenido en cuenta otros elementos, como la cronología de los mensajes entre García Ortiz y otros dos fiscales, así como la nota de prensa publicada por la Fiscalía para desmentir el bulo difundido en algunos medios sobre el origen de dicha propuesta judicial.

Tres años en el cargo marcados por varias polémicas

Álvaro García Ortiz (1967) nació en un Lumbrales, un pequeño pueblo de Salamanca, y estudió Derecho en Valladolid. Su carrera como fiscal comenzó en destinos como Menorca y Santiago de Compostela. Más tarde dirigió la Secretaría Técnica de la FGE y en abril de 2018 fue el candidato más votado en las elecciones a vocal del Consejo Fiscal.

Al cargo de Fiscal General llegó en 2022, sustituyendo a Dolores Delgado. En su caso, no solo heredó las responsabilidades asociadas a un puesto designado directamente desde el Gobierno, sino también los reproches de la oposición, que vieron en su gestión "servilismo" a Pedro Sánchez.

En este sentido, García Ortiz fue también el primer fiscal general que recibió un rechazo frontal del órgano de gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dijo que "no era idóneo" porque meses antes el Tribunal Supremo le acusó de desviación de poder por ascender su antecesora en el cargo y exministra de Justicia, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. Nunca antes los jueces habían opinado sobre el nombramiento de un fiscal general.

García Ortiz comenzó a liderar la fiscalía general en un momento de mucha confrontación entre el Gobierno y el PP por la renovación del CGPJ (bloqueado durante cinco años), aunque el verdadero reto al que se enfrentó fue a la ley de amnistía.

Con el texto todavía aún en trámite parlamentario, el Senado le pidió que se pronunciara sobre la medida de gracia. Pero García Ortiz se negó, aludiendo a que "cualquier pronunciamiento previo a conocer el texto puede ser una distorsión en el debate jurídico". El PP hizo entonces valer su mayoría en el la Cámara Alta para reprobarle y exigir su cese por sus "incumplimientos graves y reiterados" y por su “indignidad”.

Ya con la ley aprobada, el fiscal general del Estado ordenó a los cuatros fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' que pidieran la aplicación de la medida para todos los delitos a los líderes independentistas catalanes, también para Carles Puigdemont.

Los fiscales entonces no aceptaron la decisión y respondieron a García Ortiz que no iban a acatar la orden, porque la consideraban "improcedente".

El Gobierno pondrá en marcha el procedimiento para nombrar al sucesor

El Gobierno de España ha mostrado su "respeto" al fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero avisa de que "no lo comparte", según aseguran fuentes del Ejecutivo a RTVE.

Desde Moncloa reaccionan así al fallo del Supremo en el que condena a García Ortiz con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados. "A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte. En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho", han apuntado fuentes del Gobierno.

Además, el Ejecutivo también ha mostrado su reconocimiento a "la labor" de García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".