El Gobierno da el primer paso para frenar la gestión privada de la sanidad y Ayuso les acusa de "azuzar el miedo"
- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto que derogará la ley de 1997 de Aznar
- Ayuso acusa al Gobierno de querer con su nueva norma "acabar con la sanidad" de Madrid y "que nada funcione"
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.
El nuevo texto establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.
Poco después de la aprobación del anteproyecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de querer "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione". La dirigente madrileña ha augurado que el texto no saldrá adelante cuando afronte su tramitación parlamentaria, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".
Carácter excepcional de las privatizaciones
La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.
Con la nueva normativa, la colaboración público-privada pasará a tener un carácter estrictamente excepcional. Solo se autorizará en aquellos casos en los que no sea posible la prestación directa por parte del sistema público, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio, y se cumplan estándares muy estrictos.
Además, la ley introduce un procedimiento de evaluación previo y obligatorio para que las comunidades autónomas puedan recurrir a conciertos con entidades privadas. Las autonomías deberán elaborar un informe que justifique la necesidad de esa colaboración, que será analizado por un comité independiente. En este proceso, la norma establece como criterio preferente la concertación con entidades sin ánimo de lucro frente a empresas con fines exclusivamente comerciales.
Tramitación parlamentaria
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley se remitirá para su tramitación como proyecto de ley, iniciando los informes preceptivos. Tras su aprobación definitiva por el Gobierno, se enviará al Congreso de los Diputados, donde se abrirá el plazo de enmiendas y debe ser aprobado.
"Si los parlamentarios y los grupos parlamentarios consideran que nuestro Sistema Nacional de Salud es algo sagrado, que protege la salud de todos, pues entiendo que esta ley saldrá adelante, porque esta ley lo que pone coto es a la obscenidad, a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad", ha declarado García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Lo que hace y dice es que cada euro que está presupuestado y destinado a la salud tiene que ir presupuestado y destinado a la salud, no para engrasar las cajas de empresas que por cierto muchas de ellas no son españolas, sino que encima son fondos buitre europeos", ha agregado.
El Ministerio de Sanidad informó a finales del año pasado de su intención de aprobar esta ley. Entonces, Mónica García ya era consciente de la dificultad de sacar adelante el texto en el Congreso dada la "aritmética parlamentaria compleja", pero se mostraba confiada en que, tras el escándalo del Hospital de Torrejón, todos los partidos fuesen conscientes de la necesidad de esta norma.
"Un triunfo de la sociedad civil"
La ministra de Sanidad ha calificado este martes la aprobación del anteproyecto de ley como "un triunfo de la sociedad civil", ya que responde "a las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años", que pasan por "proteger y blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras". "Es una ley que llevamos demandando desde hace más de diez años, y responde a un lema: La sanidad no se vende, la sanidad se defiende", ha dicho.
García ha repasado varios ejemplos que, a su juicio, demuestran "que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural". "En los últimos años hemos asistido a casos obscenos que no deberían formar parte de la vida cotidiana de nuestro sistema sanitario público. […] Hemos visto audios internos en los que responsables empresariales hablaban sin tapujos de inflar las listas de espera para tener mayor rentabilidad, o cómo se dan citas a las cuatro de la mañana para hacer pruebas diagnósticas y hacer caja con las listas de espera. Hemos visto reutilizar material para así poder reducir costes poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria", ha citado.
También se ha referido a otros casos concretos. "Hemos visto cómo alguna empresa privada, con vínculos conocidos con el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha multiplicado por seis el número de pacientes que capta de la sanidad pública y ha multiplicado por seis también sus ingresos… Hemos visto cómo en algunos territorios esta externalización de las pruebas, como pueden ser los cribados del cáncer de mama, han puesto en riesgo la prevención y el control precisamente en una de las funciones esenciales de la sanidad", ha denunciado.
Amplio paquete normativo
El Gobierno ha dado luz verde a un amplio paquete normativo destinado a reforzar el carácter público del Sistema Nacional de Salud, mejorar la participación de los pacientes en la toma de decisiones y establecer criterios claros para la financiación y evaluación de productos sanitarios. Las medidas se articulan en torno al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública, la Ley de Organizaciones de Pacientes y un Real Decreto sobre evaluación y productos sanitarios.
El anteproyecto de Ley de Gestión Pública supone un giro relevante en el modelo sanitario y se presenta como un reconocimiento a las movilizaciones de la llamada marea blanca, que durante años ha protestado contra la privatización de la sanidad. En línea con sus reclamaciones, la norma establece de forma expresa que la gestión pública directa será la fórmula preferente para administrar la sanidad pública.
Fin a la explotación de hospitales durante décadas
Entre los cambios más significativos, este texto pone fin a los modelos concesionales con ánimo de lucro, prohibiendo aquellos que combinan la concesión de obra con la gestión sanitaria privada. De este modo, quedan excluidos del sistema los esquemas que permitían a empresas construir hospitales y explotarlos durante décadas. La externalización de servicios pasará a ser una opción excepcional, sujeta a una evaluación previa y estricta, que deberá demostrar la inexistencia de alternativas públicas, que no se debilita el sistema y que se mejora la atención sanitaria. En este proceso de supervisión participarán profesionales, expertos y representantes de la sociedad civil.
La norma también facilita la reversión a la gestión pública una vez finalizados los contratos, normalizando la recuperación de lo público y eliminando las barreras jurídicas que hasta ahora dificultaban estos procesos. Aunque la ley no tendrá efectos retroactivos sobre hospitales privados ya existentes, como los gestionados por Quirón o Ribera, sí limita su expansión futura y los somete a mecanismos de evaluación y control equiparables a los de los centros de gestión directa.
Organizaciones de pacientes y productos sanitarios
Junto a esta reforma, el Gobierno impulsa la Ley de Organizaciones de Pacientes, que reconoce por primera vez el papel jurídico y político de estas entidades como interlocutores legítimos dentro del Sistema Nacional de Salud. La norma garantiza su participación efectiva en la elaboración de estrategias, planes sanitarios, evaluación de tecnologías, investigación clínica y diseño de políticas públicas, incorporando la experiencia de los pacientes desde las fases iniciales de decisión.
La ley establece además obligaciones de transparencia e independencia, exigiendo a las organizaciones que declaren sus fuentes de financiación cuando participen en procesos clave, con el objetivo de evitar conflictos de interés y proteger la credibilidad de la voz del paciente, al tiempo que se regulan sus derechos y deberes para fomentar su fortalecimiento.
El paquete normativo se completa con un Real Decreto sobre evaluación y productos sanitarios, que introduce por primera vez un procedimiento transparente y homogéneo para decidir qué productos se financian con fondos públicos y en qué condiciones. El nuevo marco prioriza el valor real en salud, fija reglas comunes de precios y márgenes en todo el territorio y pone fin a la arbitrariedad en la financiación de productos esenciales. Asimismo, refuerza la capacidad del sistema para responder a problemas de desabastecimiento y actualiza una normativa vigente desde 1996, con el objetivo de garantizar equidad, continuidad asistencial y seguridad jurídica para pacientes y profesionales.
Ayuso critica la medida
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione".
La presidenta ha defendido que la Comunidad de Madrid necesita mantener su modelo, con varios hospitales públicos concesionados a gestores privados, para hacer frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento, y ha cuestionado: "¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales? ".
La norma exhibe, a juicio de Díaz Ayuso, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas. Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".
"Es insensato ir contra el empleo, contra la realidad y contra aquello que funciona", ha subrayado la presidenta, quien ha reclamado "respeto para Madrid" y para el modelo que sus ciudadanos han elegido "en las urnas".
El anteproyecto del Gobierno consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar.
Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno, en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional.
En la Comunidad de Madrid hay cinco hospitales de titularidad pública y gestión privada, la mayoría concesionados a Quirón: la Fundación Jiménez Díaz (Madrid); el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles); el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro); y el Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba).
A ellos se suma el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y que ha sido objeto de polémica en las últimas semanas después de que 'El País' publicara unos audios en los que se escuchaba a responsables del centro sanitario pedir alargar las listas de espera para aumentar el beneficio económico de la empresa
