La Fiscalía ve posible delito de prevaricación en el escándalo de los audios del Hospital de Torrejón
- El CEO, que dimitió, pidió subir las listas de espera para aumentar los beneficios
- La Fiscalía aglutina en una única causa las denuncias presentadas sobre este caso
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Fiscalía ve un posible delito de prevaricación en los hechos denunciados a raíz del escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, tras la publicación de unos audios en el que su CEO, Pablo Gallart, pedía subir las listas de espera para aumentar los beneficios, un hecho que provocó su dimisión.
El Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz investigará si los responsables de la gestión del hospital cometieron ese delito de prevaricación después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya realizado diligencias de investigación preprocesal.
El PSOE denunció que los gerentes del hospital podrían incurrir en ese delito después de que el pasado 3 de diciembre El País publicara esos audios y socialistas hablaron en la denuncia de "diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".
El PSOE de Madrid ha reaccionado tras saber que la Justicia investigará los hechos para señalar que "primar el negocio de la salud y la vida de la gente es inhumano".
La Fiscalía acumula las denuncias
Por otro lado, la Fiscalía ha decidido acumular varias de las denuncias que señalan a los responsables de la gestión del hospital de Torrejón, presentadas por el abogado Javier Flores, una persona anónima y la asociación El Defensor del Paciente.
En el caso del letrado, Flores pidió que se investigara si los gerentes del centro han incurrido en delitos como prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones u homicidio imprudente y coacciones, según apunta Efe.
Asimismo, el abogado apreció posibles delitos económicos, como delitos societarios, falsedad contable y alteración de cuentas; fraude en la contratación pública y fraude de subvenciones; administración desleal y malversación impropia de fondos públicos; y prevaricación administrativa por acción u omisión.
Por su parte, Más Madrid también denunció ante la Fiscalía la presunta comisión de seis delitos por parte de Ribera Salud, entre los que están malversación, prevaricación administrativa, lesiones, administración desleal y omisión de perseguir delitos.
También se plantea la posible existencia de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, basándose en su artículo 43, referido a la protección de la salud "como un derecho y principio rector".
