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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "profundamente injusta" la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos, y ha considerado que "hay gente politizando la Justicia" y "usando la Justicia para hacer política".

En una entrevista en Mañaneros 360 de TVE, López ha asegurado que la condena lanza un "mensaje demoledor": "¿Si se empieza condenando a un inocente sin pruebas, vamos a acabar liberando a un culpable con todas las pruebas?", se ha preguntado. También ha lamentado que la sentencia muestra que "los periodistas han mentido", algo que ha tildado de muy grave.

Sobre la petición de dimisión del Gobierno que ha hecho el PP, López ha ironizado con que los 'populares' piden la dimisión "una vez cada media hora".

FOTO: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto. EFE/Mariscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por revelación de datos secretos por el Tribunal Supremo. ¿Puede recurrir? Como todo ciudadano, puede recurrirla. Pero primero tendrá que conocer la sentencia. En ella, sabremos los motivos concretos por los que le condenan.

García Ortiz puede presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que supone pedir que se declare juicio nulo cuando un condenado considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Una vez cerrada esa vía, ese sería el argumento para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, que ahora tiene mayoría progresista. Y por último, y si lo ve oportuno, incluso podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

FOTO: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asiste a la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, el pasadlunes en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña. EFE/ Cabalar

Programa 49. Repasamos en este programa las mejores secciones que el periodista de RNE Jesús Sebastián ha dedicado a aclarar dudas relacionadas con la justicia, siempre con la inestimable colaboración de los portavoces de Juezas y Jueces para la Democracia. Analizamos la Ley de Eficiencia de la Justicia, vemos cómo se preparan los juicios con jurado popular y conocemos la importancia de las salas Gesell en los procesos que afectan a menores de edad.

En el informativo del '24 Horas de RNE', hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía.

Respecto a la convocatoria de la huelga, desde el AJFV aseguran que se fijarán los servicios mínimos según el comité de huelga, porque, según aclara Ortiz, "somos responsables y sabemos que en un conflicto colectivo tiene que haberlos". Si hay un responsable de todo lo que ocurre en esta movilización, es el Ministerio de Justicia, que, según el entrevistado, "la pelota está en su tejado". Añade que el comité de huelga "está dispuesto a hablar el día que sea, a la hora que sea y en el lugar que sea".

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la familia del dictador Francisco Franco a restituir al Ayuntamiento de Santiago de Compostela las esculturas de Abraham e Isaac atribuidas al Maestro Mateo que formaban parte del Pórtico de la Gloria de la catedral.

Un juzgado había desestimado la demanda que el consistorio compostelano había interpuesto contra los nietos de Franco por las estatuas de Abraham e Isaac, adquiridas por el consistorio gallego al conde de Ximonde el 4 de junio de 1948 por 60.000 pesetas y que habrían sido retiradas de la catedral con ocasión de una reforma. Los herederos del dictador sostenían sin embargo que Franco había comprado las piezas a un particular.

No obstante, la sala del Supremo ha decidido estimar el recurso del Ayuntamiento de Santiago al considerar que "se ha producido un error patente en la valoración de la prueba", puesto que la identificación de las estatuas reivindicadas "es clara". "Y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido sin posibilidad de duda", agrega el Alto Tribunal.

IMAGEN: EFE/Lavandeira jr

La llamada 'Ley Bolaños' ha provocado que este miércoles, en distintos puntos de nuestro país, cinco asociaciones de jueces y fiscales hayan salido a las calles para denunciar las presiones a las que se enfrentan en su profesión y reclamar la independencia judicial. En el informativo de '24 Horas de RNE', hablamos sobre este revuelo con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Vigil considera que el señalamiento de jueces por críticas a autos, como en el caso de Ángel Hurtado, es "absolutamente prescindible y hace un flaco favor a la ciudadanía". Por ello, añade: "Debería hacerse pedagogía por parte de todos los poderes del Estado para explicar que el normal funcionamiento de la justicia es un beneficio para todos"

En estos momentos, según detalla el representante de la AJFV, "existen mecanismos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", que prevén "la posible imposición de sanciones por faltas de diversas categorías, según el tipo de infracción en que se pudiera haber incurrido". Sobre esta cuestión, Ortiz Vigil apunta además que el Código Penal contempla mecanismos que podrían "castigar a un juez que hubiera llegado a cometer un delito", y añade que "estos mecanismos constituyen una garantía para el ciudadano de que quien pudiera haber perpetrado algún tipo de infracción de esa naturaleza sería convenientemente castigado".

Por último, Luis Ortiz Vigil valora cuál es la situación actual en el acceso a la carrera judicial: "Creemos que se pone en serio riesgo el Estado de Derecho con esa rebaja de la excelencia" y por eso reclaman "un procedimiento sosegado, tranquilo y ordinario, en el que se hable con rigor y técnica sobre cómo debe ser el acceso a la carrera judicial, y que nos lleve hacia una justicia moderna".

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la decisión del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola han desestimado los recursos de apelación que presentaron las defensas al considerar que la decisión de Llarena "no contraviene la voluntad del legislador", según recoge la nota informativa de la Sala.

FOTO: EFE/OLIVIER HOSLET