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Tres magistrados que condenaron a García Ortiz impartieron un curso en la sede de una de las acusaciones antes del fallo

  • Se trata del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, así como Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral
  • El Supremo apunta que impartir ese tipo de cursos no entra en ninguna incompatibilidad
Los magistrados del Tribunal supremo Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y, Andrés Martínez Arrieta, durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los magistrados del Tribunal supremo Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y, Andrés Martínez Arrieta, durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/ JJ Guillen //POOL

Tres magistrados que juzgaron y condenaron al ya dimitido fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos impartieron un curso la semana pasada, justo en los días en los que el tribunal deliberaba sobre el fallo, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía del Estado, una de las acusaciones populares en el juicio que reclamó cuatro años de cárcel.

Se trata de los magistrados Andrés Martínez Arrieta -presidente del tribunal y ponente de la sentencia que está por redactar-, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, según han confirmado fuentes del Tribunal Supremo. "Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal", se escucha decir riendo al magistrado Andrés Martínez Arrieta, en un audio del curso, adelantado por La hora de La 1.

El curso arrancó al día siguiente de que el presidente de la Sala II del Supremo pronunciara el visto para sentencia y concluyó este martes. Los magistrados impartieron ponencias los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con los días en los que tenían que deliberar el fallo. El ICAM fue una de las primeras acusaciones en querellarse contra la Fiscalía.

Curso de casación y turno especial

Los tres magistrados participaron en el 'Curso de Casación y Turno Especial', que el ICAM implantó hace años como obligatorio para los abogados del turno de oficio que quieren acceder a la casación, y en el que se inscribieron más de 60 letrados.

Según el Supremo, este curso lo coordina "desde hace varios años" el magistrado Antonio del Moral y en él han participado letrados del gabinete técnico del Supremo y del Tribunal Constitucional, magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional y profesionales de la abogacía. La remuneración para los ponentes es de 90 euros por hora.

El presidente del tribunal impartió dos horas de clase en el curso, por lo que percibió 180 euros, mientras que los magistrados Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo impartieron cuatro horas y percibieron 360 euros. Además, en el caso de Del Moral, también cobró 270 euros por su labor como coordinador del curso.

Según fuentes del Tribunal Supremo, "impartir este tipo de cursos forma parte del deber ético de colaborar en la formación de profesionales que ejercen el turno de oficio en defensa de los derechos de los ciudadanos sin recursos o que, por otras circunstancias establecidas en la ley, tienen derecho a este servicio".

Impartir cursos no entra en el régimen de incompatibilidades

Estas mismas fuentes indican que, según el Reglamento de la Carrera Judicial, participar en ponencias y cursos "no precisa autorización de compatibilidad por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJJ), más allá de la conveniencia de que la actividad se realice fuera de las horas de audiencia", siempre y cuando "no tenga carácter permanente o habitual o suponga más de 75 horas al año".

En caso contrario, sí que requeriría de solicitar la autorización pertinente para compatibilizar su cargo con la docencia.

Además, el Reglamento de la Carrera Fiscal establece que el ejercicio de la docencia constituye "una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos".

El ICAM enmarca el curso en la normalidad

En un comunicado, el ICAM indica que la participación de "jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en actividades docentes del ICAM es una práctica habitual, normalizada y transparente".

También explica que los perfiles de los docentes se seleccionan "por su experiencia, cualificación y trayectoria profesional". Así, subraya que han impartido clases "multitudes de jueces, fiscales y abogados, incluida la propuesta como nueva fiscal general del Estado", Teresa Peramato.

Sobre los cursos que imparte el Centro de Estudios del ICAM, la institución apunta que son los responsables académicos los que los organizan, con "total independencia técnica", y eligiendo al profesorado "exclusivamente" de acuerdo "a criterios de mérito, especialización y adecuación al contenido formativo".

El ICAM celebró en 2024 un total de 459 cursos con la participación de 824 ponentes, mientras que en lo que va de 2025 ha celebrado 399, con 726 ponentes.

Varios magistrados apuntan a que es importante la "apariencia de imparcialidad"

Preguntada por si es ético que jueces impartan cursos, la magistrada Victoria Rosell ha señalado en La Hora de La 1 que "tendrían que haber sopesado en esta ocasión, por muy habitual que sea y que no incurra en incompatibilidad", si lo era. "Es tan importante la imparcialidad como la apariencia de la misma", ha advertido.

Según Rosell, el tribunal que condenó al fiscal general del Estado solo tuvo "una jornada" para deliberar sobre la condena, ya que desde que quedó el juicio visto para sentencia hasta que salió el fallo pasó una semana, en las que solo hubo cuatro días hábiles, y varios de esos días, tres magistrados estuvieron en el curso y no pudieron reunirse para deliberar.

En declaraciones a Las Mañanas de RNE, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha puesto el acento en que cuando se forma parte de un tribunal, hay que "tener un cuidado y una apariencia de imparcialidad".

Por eso, a su juicio, el hecho de que tres de los cinco magistrados que han votado a favor de la condena de García Ortiz participaran en un curso impartido en la sede de una de las acusaciones en la misma semana en la que se tenía que deliberar sobre el fallo "cuestiona" dicha imparcialidad.