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Una semana a vueltas con la vivienda: los partidos ponen el foco en uno de los grandes problemas de cara al 28M

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Los partidos ponen el foco en la vivienda de cara al 28M
Imagen de archivo de un bloque de viviendas en Segovia donde se impidió un desahucio

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. A la escasa oferta de vivienda social y los altos precios de los alquileres, se unen los bajos salarios y una tasa de paro juvenil que ronda el 30%. No se trata de algo novedoso, pero sí es una preocupación que ha escalado en los últimos barómetros del CIS, sobre todo a raíz de la histórica subida del euríbor hasta el 3,65% en marzo, y que los partidos han trasladado al debate político, con un cruce de medidas y acusaciones aprovechando la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas.

Impulsar la primera ley de vivienda de la democracia fue, de hecho, uno de los principales compromisos del Gobierno allá por enero de 2020, cuando arrancó la legislatura. Sin embargo, las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la regulación de los alquileres han dilatado las negociaciones más de tres años: primero, en el seno del Consejo de Ministros; y después, en las Cortes Generales, pues el Ejecutivo no dispone de mayoría absoluta y necesita a los partidos nacionalistas para sacar adelante las normas de gran calado.

Los rumores de un acuerdo inminente rondaban desde hace semanas, pero no fue hasta el pasado viernes cuando la negociación culminó con éxito: la ley de vivienda pasaba de ser una asignatura pendiente del Ejecutivo de coalición a convertirse en una de las principales apuestas de cara al 28M, lo que obligó a movilizarse al resto de formaciones.

En apenas siete días, tanto a izquierda como a derecha, los partidos han sacado toda su artillería para contrastar dos modelos ideológicos muy diferenciados (la intervención de los precios y las viviendas sociales vs. plan de avales públicos y una mayor cesión de suelo para construcción), pero que responden a una misma demanda: el enorme problema para los jóvenes y las familias en que se ha convertido el acceso a la vivienda, el pago de los alquileres y la subida de las hipotecas. He aquí un repaso a los principales hitos:

Viernes, 14 de abril: desbloqueo de la ley de vivienda

Todo estalló el pasado viernes, cuando el PSOE cerró con ERC y Bildu un acuerdo para desbloquear la ley de vivienda, olvidada en un cajón del Congreso desde hace más de un año. Según fuentes conocedoras a RNE, el pacto no sentó del todo bien a Podemos, que no habría estado presente en las últimas citas negociadoras, a pesar de haber sido uno de los impulsores de la ley durante toda la legislatura.

En público, la formación morada descartó cualquier tipo de discrepancia y celebró el pacto a tres bandas. "Lo más importante es que por fin tenemos ley de vivienda en España", señaló la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, reivindicando que su grupo ha estado presente desde el comienzo y dejando a un lado también los rumores que apuntaban el malestar en el seno de la formación porque Yolanda Díaz quisiese apuntarse un tanto que a su juicio no le correspondía.

El PP, por su parte, se mostró muy crítico con el acuerdo, que en su opinión provocará un efecto contrario al deseado: disminuirá la oferta y aumentarán los precios. Algo que también compartió la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien se mostró convencida de que "el gravísimo problema de la vivienda" no se va a solucionar con "las recetas populistas y comunistas" del Gobierno.

Domingo, 16 de abril: Sánchez anuncia 50.000 viviendas del 'banco malo'

Pero el envite no se quedó ahí: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió dos días después -en la Convención Municipal del PSOE en Valencia- a movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias.

Un 70% de estas viviendas -35.000-, serían inmuebles adquiridos por el también llamado banco malo en 2012 a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria (el organismo fue creado para comprar y posteriormente deshacerse de los activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis), mientras que el 30% restante -15.000- se construirían en suelos cedidos por este organismo para tal fin.

Las críticas del resto de grupos no se hicieron esperar. "Ojalá hubiera llegado antes", afirmó Ione Belarra en un mensaje en su cuenta de Twitter, tras asegurar que es una petición que hacía Unidas Podemos "desde el comienzo de la legislatura". Otras formaciones, desde ERC hasta Vox, tildaron de “electoralista” la propuesta y reiteraron que no solucionará el problema, pues la mayoría de estas viviendas se encuentra en la costa y solo un número muy reducido (un 15%) en las capitales de provincia, donde el problema de los altos precios es más acusado.

Martes, 18 de abril: el PP presenta su plan de vivienda

Como era de esperar, el PP contraatacó y lo hizo con un plan de ayudas y avales públicos para imponerse entre el electorado más joven. En concreto, la propuesta incluye ofrecer una ayuda de 1.000 euros para la emancipación, así como avalar un 15% de la compra de una primera vivienda y la fianza del alquiler. Asimismo, se comprometió a incrementar las cesiones de suelo de ayuntamientos y comunidades autónomas para construir viviendas con un precio de alquiler tasado de un 40% menos del mercado.

El líder de la formación popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó estas medidas coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Ministros del plan de vivienda asequible del banco malo. Allí, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, calificó de "fracasadas" las políticas del PP y le reprochó su “falta de sensibilidad” con los jóvenes y quienes tienen dificultades, entre otras cosas, por presentar su plan en Madrid, donde “más prohibitivo” es el acceso a la vivienda, donde “3.000 viviendas fueron entregadas a fondos buitres” y donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que “se va a saltar la ley” del Ejecutivo.

Precisamente, y ante la “rebeldía” de las cinco comunidades del PP que han manifestado su descontento con la política de vivienda anunciada por el Gobierno -Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia-, Rodríguez advirtió de que la ley de vivienda "ha de ser cumplida por todas las administraciones públicas", aunque no dio más detalles. Y es que cabe recordar que las competencias en materia de vivienda las tienen las autonomías, por lo que la última palabra para la implantación de la nueva ley de vivienda estaría en manos de los gobiernos regionales.

Miércoles, 19 de abril: Sánchez compromete otras 43.000 viviendas

Un día después, Sánchez subió la apuesta y aprovechó su comparecencia en el Congreso para anunciar la financiación de otras 43.000 viviendas para alquiler asequible. En este caso, se construirían en colaboración público-privada a través de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos. Con este anuncio, la cifra de inmuebles sociales comprometidos por el Gobierno en apenas tres días rozaba los 100.000.

De nuevo, desde el PP acusaron a Sánchez de no tener "ninguna credibilidad", ya que en sus cinco años en la Moncloa y a pesar de sus promesas para construir decenas de miles de casas, el saldo total de nuevas viviendas es de "cero", puntualizó su secretaria general, Cuca Gamarra. Unidas Podemos, por su parte, fue un paso más allá y tildó de “electoralismo” el anuncio, escenificando una nueva grieta en la relación entre ambas formaciones, deteriorada en los últimos días a cuenta de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. En su opinión, "los anuncios preelectorales del PSOE solo se cumplirán si Podemos sigue gobernando con fuerza".

Jueves, 20 de abril: la ley de vivienda se aprueba en Comisión

Entre tanto, la ley de vivienda sigue su recorrido en el Congreso. El pasado martes se reunió la Ponencia en un encuentro a puerta cerrada, en el que salió adelante el informe de la ley con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, pero también de ERC y Bildu. En esta ocasión, se introdujeron 44 enmiendas transaccionales que, entre otras medidas, contemplaban un límite del 3% para la actualización anual de los contratos de alquiler en 2023 y la rebaja de 10 a 5 viviendas para considerar al gran tenedor.

Y este jueves le tocó el turno a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien dio luz verde al dictamen del proyecto de ley, un paso necesario para que la norma se eleve al Pleno la próxima semana para su convalidación, con la idea de enviarla después de urgencia al Senado. En esta ocasión, se incorporaron cuatro enmiendas transaccionales del PDeCAT y Junts para intentar solucionar el problema competencial, tal como señaló Europa Press, algo que desde varias formaciones independentistas han denunciado en la última semana.

Próxima parada: jueves, 27 de abril, con la votación

Una vez superado este último trámite, la norma se votará en el Pleno del Congreso el próximo jueves, 27 de abril. Según explicó el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, el objetivo es que en el Senado también se aceleren los trabajos con idea de que se apruebe en mayo, antes del 28M.

Asimismo, cabe recordar que queda pendiente la negociación de un asunto complejo: la regulación de los pisos turísticos. En estos días, el PSOE está dispuesto a negociar algunas enmiendas adicionales relativas a esta materia; si bien, según reconoció este jueves la diputada de ERC Pilar Vallugera, se tratará “en otro nuevo instrumento legal”.

Basta por conocer si esto se producirá antes del 28M y si durante la campaña electoral los partidos políticos seguirán desplegando nuevas medidas para poner coto a un problema que obliga a los españoles que desean comprarse una vivienda a destinar casi siete años de salario íntegro.