El Gobierno, tocado: la directora de la Guardia Civil y el DAO, imputados por prevaricación
- Vox dobla el pulso a Moreno Bonilla y entra en la Junta con su "prioridad nacional"
- Feijóo da bandazos en contra y a favor del derecho al voto de la llamada 'ley de nietos'
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Esta semana, el juez imputaba a la directora de la Guardia Civil y al DAO, director adjunto operativo, nada más y nada menos, que por prevaricación y obstrucción a la justicia.
Ambos altos cargos, supuestamente, estarían inmersos, según la Fiscalía anticorrupción, en una red puesta en marcha por la exmilitante socialista Leire Díez para influir en los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban causas que afectaban al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. Si ese era el objetivo, su intento fue un fracaso, lo que no le quitaría gravedad.
Y es que Ábalos está condenado a 24 años de prisión; Santos Cerdán, pendiente de juicio; Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, imputada y sin pasaporte para evitar que huya de España, según el juez, y el hermano de Pedro Sánchez, pendiente de sentencia.
Pero, según fuentes del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior mantienen "su confianza" en los dos imputados. Añaden que los dos "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera". Ni un paso atrás.
Moreno Bonilla se rinde ante Vox
El dirigente del PP que mejor ha intentado representar la moderación, Juanma Moreno Bonilla, ha terminado tragando con dos de las más importantes exigencias de Santiago Abascal: la llamada "prioridad nacional" figura en el acuerdo de gobernabilidad. Y mete a los de Abascal en su Gobierno con amplísimas competencias.
Donde dije digo, digo Diego.
Moreno Bonilla se lleva la contraria a sí mismo en multitud de los principios con los que se enfrentaba a Vox en la anterior legislatura y durante la pasada campaña electoral: su defensa de la inmigración frente a los de Abascal: "Ustedes —por Vox— usan de manera sangrante la inmigración" y más "ustedes creen que todos los extranjeros —decía Moreno Bonilla— son delincuentes salvajes"... "solo un 7% son migrantes". Se lo decía al que va a ser su vicepresidente, a Manuel Gavira.
Ahora, para sobrevivir, el reelegido presidente de Andalucía ha firmado la "prioridad nacional" que penaliza a los inmigrantes.
Durante la reciente campaña, Moreno Bonilla decía que gobernar con Vox "sería meterse en un lío"... que "le quitaría el sueño". Para aguantar por tercera vez como presidente de Andalucía parece haber renunciado a los ideales por los que le votaron. Casi 9 millones de andaluces vivirán las consecuencias. Sumando a Extremadura, Castilla y León y Aragón, casi 14 millones de españoles ya son gobernados por Vox.
Y ese es el camino que Feijóo ha normalizado, incluso para conseguir llegar a la Moncloa. Preguntado si gobernaría con Vox, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, daba una respuesta clara: "Si al abrir las urnas el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, lo haré". Y punto.
Bandazos en el discurso de Feijóo sobre el derecho al voto desde el exterior
Como si se tratara de pasar de un examen de dialéctica hegeliana, el partido de Feijóo en 48 horas mantenía una postura y la contraria sobre la llamada "ley de nietos". A favor y en contra.
"Ingeniería electoral" del Gobierno para conseguir votos, decía Feijóo. "Pucherazo", aseguraba Abascal.
El líder del PP se oponía así a la llamada 'ley de nietos' que permite reconocer la nacionalidad española y el derecho al sufragio hasta la tercera generación, para los descendientes de aquellos españoles a los que la dictadura franquista obligó a huir, a exiliarse. A los descendientes de quienes tuvieron que salir de España por defender la democracia de la II República.
Ir a Argentina para ganarse a la comunidad de origen español ha sido un clásico en el PP. Allí, en 2022, recién elegido líder nacional de su partido, Feijóo mostraba su "compromiso para impulsar "una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior". Y no únicamente Núñez Feijóo. Previamente, también el padre fundador del partido, antes AP, Manuel Fraga, iba a Latinoamérica a "hacer patria" entre los emigrantes "gallegos".
Pues ni 48 horas después de lo de la "Ingeniería electoral" de Feijóo, en un comunicado, el PP aseguraba que "defiende ese derecho con ley, rigor, acuerdo parlamentario y garantías", pero que "denuncia la falta de controles y la escasa exigencia documental del sistema". Una posición que verbalizaba la portavoz parlamentaria en un acto informativo, y ya sabemos que Ester Muñoz no va por libre. La ley de Memoria Democrática, que recoge el derecho de los nietos de exiliados a ser españoles, es de 2022. ¿Por qué saca Feijóo ahora este asunto?
Con esos bandazos, algunos creen que da la impresión de que, en contra de lo que dicen todas las encuestas, "el presidente de los populares no las tiene todas consigo en el objetivo de llegar a la Moncloa".
Ayuso y Aznar vuelven a entrar en escena
Pues éramos pocos y... Ayuso, siempre compitiendo y marcando el camino a Feijóo, incluso amenazaba al cuerpo diplomático. "Tramitar esos votos —del exterior— puede ser ilegal, es un aviso". ¿Un aviso? Sonaba un poco a tono mafioso. Tan es así, que ha provocado la indignación del cuerpo diplomático, de los funcionarios del exterior, de quienes tienen que tramitar esos derechos al voto.
Más a más, que dirían los catalanes, en esto reaparece el expresidente José María Aznar que también, como la presidenta de Madrid, le dice al actual líder del PP cómo debe dirigir el partido.
Previamente, Feijóo y Tellado, en un gesto de aproximación a Junts, daban por superado el procés. Pues en eso llegó Aznar y mandó rectificar. Criticaba ese acercamiento. Él, Aznar que gobernó gracias a Convergencia i Unió, el Aznar que hablaba "catalán en la intimidad", ahora dando lecciones a sus compañeros contra los herederos de aquella CiU. La propuesta del expresidente: conseguir una mayoría nacional para "reconstruir la dimensión histórica de España". Ahí queda eso.
Cuánto daño hacen los ex a sus partidos, a sus compañeros, a los militantes. González-Aznar, Aznar-González se creen imbuidos de la razón y dueños de sus partidos. Pues que se presenten para volver a dirigir sus formaciones políticas. Que abandonen sus cómodas y bien remuneradas vidas y se remanguen o dejen en paz a los líderes actuales que ya tienen bastante con el día a día.
Y Vox a lo suyo en su posición antisistema
En el quién da más, Vox pedía a la Junta Electoral Central que prive del derecho al voto a los más de 2,2 millones de españoles que están censados en el extranjero. Es decir, si usted se tiene que ir a trabajar o a estudiar fuera de España, perdería su derecho al voto.
En democracia se puede y se debe discrepar, ¿cómo no?, pero hablar de "manipulación del censo electoral" como hace la ultraderecha no es un ataque al Gobierno. Es un gravísimo cuestionamiento del sistema, de la democracia. Eso son palabras mayores.
Que, por conseguir un puñado de votos, o no, se intente poner en duda la democracia que tanto nos costó recuperar es peligroso, muy peligroso. Son discursos de exclusión que nos podrían llevar al enfrentamiento social. Sería terrorífico y una gran irresponsabilidad de PP y Vox.
Sánchez intenta compensar las malas noticias
El presidente Sánchez, hiperactivo, intenta compensar las malas noticias. Todo con un doble objetivo. Primero, intentar tapar o disimular la repercusión de los casos de corrupción de los socialistas que acaparan las portadas. En segundo lugar, convencer a los socios parlamentarios que hay trabajo por hacer en lo que quede de legislatura, como le han exigido tanto ERC como PNV, socios de los más fieles.
El Gobierno empezaba por aprobar en el Consejo de Ministros el segundo Real Decreto Ley por la guerra de Irán. La pretensión, "amortiguar el impacto que tiene sobre los hogares y empresa" la crisis de Oriente Medio. O el anuncio de lo que han dado en llamar el Plan de Integración y Ciudadanía para hacer posible una migración "legal, segura, ordenada y basada en derechos y obligaciones". A eso se suma una frenética agenda de participación en actos públicos con diferentes sectores y reuniones de Pedro Sánchez.
La Kitchen, 13 años después
La causa de la Kitchen avanza lentamente 13 años después y, por eso, Anticorrupción sigue pidiendo 15 años de prisión para Jorge Fernández-Diaz, el exministro del Interior de Mariano Rajoy.
El fiscal defendía que en 2003 se creó una trama ilegal, una organización parapolicial que espiaba al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Intentaban robarle cualquier documento que pudiera comprometer a altos cargos del PP y que les relacionara con el caso de corrupción conocido como caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política y económica investigada en España. Un asunto por el que el Partido Popular fue condenado en los tribunales.
