Feijóo critica la regularización de migrantes: "No hay país que resista desde el punto de vista social, bienestar y cultural"
- El líder del PP también ha criticado la 'Ley de nietos' y siembra dudas sobre el proceso: "No es transparente y limpio"
- "Un país en siete años no pueda incrementar su población en siete ocho millones de ciudadanos", ha expresado
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno o las nacionalizaciones de descendientes de exiliados por la llamada 'Ley de nietos'. Y va un paso más allá. Según Feijóo, desde 2019 han entrado "siete u ocho millones de ciudadanos" y eso "no hay país que lo resista desde el punto de vista social de bienestar y cultural. Necesitamos cambiar la propuesta de política migratoria", ha exigido.
Por ello, Feijóo ha defendido que solo se "pueda entrar en España con un contrato de trabajo". "Además, tiene que cumplir las leyes españolas. Un emigrante que no cumple la ley tendrá que ser expulsado", ha enfatizado.
Para el líder del PP, el Gobierno tiene "una falta de orden y arbitrariedad" en esta materia. "La frivalidad es algo que Europa no puede entender y eso nos lleva a una enorme irresponsabilidad en nuestra política migratoria", ha añadido.
Con la inmigración en el foco, Feijóo ha vuelto a defender su postura en contra de la 'Ley de nietos'. "Esto no se hace de acuerdo con la ley, de forma transparente y limpia [...] nosotros hemos de decir así no". "Para dar un pasaporte español tiene que quedar clarísima la limpieza del proceso. El hecho de delegar la tramitación y la acreditación de la documentación de los solicitantes en empresas públicas o incluso en empresas del estado cubano para dictarse si una persona tiene o no documentación suficiente va en contra de la seguridad y de la limpieza en el procedimiento", ha incidido.
Feijóo critica la "falta de transparencia" respecto a la 'Ley de nietos'
"Lo que estamos aquí planteando es que un país en siete años no pueda incrementar su población en siete ocho millones de ciudadanos. [...] Y un país en año y medio no puede incrementar su censo electoral en dos millones y medio de personas", ha vuelto a recalcar al sembrar sus dudas sobre el proceso electoral. Un mensaje que han repetido en numerosas ocasiones desde el PP en los últimos días, a pesar de que en 2022 el propio Feijóo defendía el proceso en términos similares a los ahora puestos en el foco y que, en todo caso, fue aprobado en el Congreso en la Ley de Memoria Democrática hace cuatro años.
El 'popular' considera también "elemental" dilucidar "en qué circunscripción van a votar estas personas". "¿En las que decida el Gobierno?", ha planteado al poner de ejemplo el caso de descendientes de bisabuelos que se exiliaron en el Franquismo y no recuerdan de dónde procedían sus antecesores. "Está viendo mucha arbitrariedad, ninguna seguridad, ninguna transparencia y muy pocas garantías", ha señalado. "Esta es nuestra posición en defensa de aquellos nietos que sí tienen derecho en defensa de la legalidad y en defensa de la transparencia e indefensa del Estado de bienestar", ha resumido.
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Transcripción completa
Decir que un nieto donde hay una trazabilidad en parentesco clarísima,
documentada, indubitada, pueda tener derecho
a una nacionalidad española, estamos de acuerdo.
Ahora bien, cuando esto no
se hace de acuerdo con la Ley, esto no se hace de forma transparente y limpia,
y esto no se hace con memoria económica, evidentemente nosotros hemos
de
decir así no
Feijóo ha hecho todas estas declaraciones en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Desde allí también ha avisado que dar la nacionalización supone dar a esa persona la "tarjeta sanitaria", "el cheque educativo" y tener "derecho a una pensión no contributiva". "Es darle los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas", ha manifestado. En este sentido, el jefe de la oposición ha recalcado que "evidentemente" contar con 2.600.000 personas más "supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del Estado del Bienestar de España".
"Cuando observamos que el número de solicitudes es de 2,6 millones, tenemos que parar, ver el impacto económico que esto supone, hacer la memoria económica de esta decisión y tomar las decisiones adecuadas", ha abundado. "España no está preparada para atender 50 millones de personas [...] nuestros servicios públicos no tienen las infraestructuras", ha zanjado.
