Del derecho a la nacionalidad de descendientes de exiliados a ingeniería electoral: Gobierno y PP chocan por la 'ley de nietos'
- El PP ve opaco el proceso y exige la comparecencia urgente de Albares y un informe de la Abogacía del Estado
- El Gobierno ve argumentos 'trumpistas' en la derecha y defiende el procedimiento
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Con las elecciones generales en el punto de mira, Gobierno y oposición se enzarzan por un nuevo flanco: la incorporación al censo electoral de quienes lograrán la nacionalidad por la vía de la 'ley de nietos' y, por tanto, el derecho a votar. El PP habla de opacidad en el procedimiento y de "ingeniería electoral" y Vox afirma que se trata de un "golpe de Estado a cámara lenta". Del otro lado, el Gobierno garantiza el "rigor jurídico" del proceso y califica de "bulo" la idea de fondo, que el voto del exterior le favorecerá en unas elecciones en las que no le salen "las cuentas".
La Ley de Memoria Democrática abrió en 2022 la puerta a pedir la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados durante la guerra civil y la dictadura. Es la conocida como 'ley de nietos' y 2,4 millones de personas han presentado la solicitud. Con datos del 31 de marzo, se habían aprobado 544.000 expedientes y se habían inscrito en el registro de votantes 306.000, según las cifras que facilitó el Gobierno. Son estas oficinas consulares las que están realizando estos trámites que conceden la nacionalidad y con ella el derecho al voto.
El lunes 29 de junio, Alberto Núñez Feijóo acusó en Es Radio a Pedro Sánchez de impulsar "una ingeniería electoral" que le permite al Gobierno "fabricar votantes", con el objetivo de que le salgan "las cuentas" en unas próximas elecciones generales. El portavoz del partido, Borja Sémper, explicaba después a su jefe de filas: "Lo que quería decir es que cuando están Sánchez y su Gobierno de por medio todo es posible. Y no nos fiamos, se lo confieso". Dicho esto, aseguraba que los populares no prejuzgan qué papeleta elegirán esos votantes y admitía incluso que "muchos vienen de países que han sufrido a la izquierda más populista".
Este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ampliaba las explicaciones. Los 'populares' creen que el proceso está siendo opaco y con una rapidez de la que sospecha. La instrucción de 2022 del Ministerio de Justicia que regula el procedimiento para conceder estas nacionalidades "reinterpretó la ley", según la portavoz, y amplió los beneficiarios más allá de los descendientes de quienes salieron obligados al exilio. "En estos años, hemos preguntado muchas veces y el Gobierno no nos ha respondido (...). Ha sido un sistema de opacidad absoluto", ha criticado la portavoz. A su juicio, el resultado de este proceso de nacionalización es "que dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones", una cifra que de momento no está confirmada, corresponde a los solicitantes de nacionalidad.
Vox dio un paso más allá el martes contra esta 'ley de nietos', al pedir a la Junta Electoral que se suspenda el voto por correo a todos los españoles residentes en el extranjero. La concesión de estas nacionalidades y la incorporación al registro de votantes constituye un "golpe de Estado a cámara lenta", según los de Santiago Abascal: es un proceso "enormemente opaco" que en gran parte, aseguran, ha quedado "en manos de autoridades extranjeras". Por ello, han pedido la "revisión de oficio" de esta norma, su suspensión cautelar y la nulidad de la citada instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022.
PP exige la comparecencia de Albares, informe de la Abogacía y aclaraciones
El PP ha anunciado este miércoles en una nota de prensa una batería de medidas para "exigir transparencia". Por un lado, la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre cómo se está realizando este trámite en los consulados y en la que dé cifras del número de solicitudes de nacionalidad "recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes". Los 'populares' piden explicaciones sobre "los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales adoptadas por el Gobierno".
Otra parte de las iniciativas anunciadas pone el foco en la externalización de parte de este procedimiento llevada a cabo por el Gobierno, según el PP, para apoyar a los consulados y sobre la que piden un informe de la Abogacía del Estado. Pero además, los 'populares' exigen información sobre en un caso en concreto, el de Cuba. Piden la copia de los expedientes completos de contratación "de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, por importe total de 1.602.217 euros" y que son, según el PP, tres. También reclama una copia del expediente completo de contratación de la empresa pública INECO para realizar labores de apoyo.
Bolaños defiende al Gobierno: "Yo opino lo mismo que el Feijóo de 2022"
El Gobierno ha cargado contra el PP porque ve incongruentes sus críticas. "Yo opino lo mismo que el Feijóo de 2022", ha dicho hoy el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aludiendo al apoyo a esta medida en el pasado del dirigente popular. Mismo argumento que el de la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, quien asegura que Feijóo defendía la 'ley de nietos' desde la Xunta de Galicia, y de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz: "Recuerden aquella Galicia en la que votaban los vivos y los muertos".
Para Bolaños, es un derecho que deben tener quienes seguramente estarían en España de no haber sido por la "tragedia" de la guerra y la dictadura. A su juicio, las críticas de la oposición responden a una "técnica ultraderechista" que ya utilizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020: sembrar dudas sobre un proceso electoral. "Yo solo espero que PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales", ha ironizado.
También ha calificado de "bulo" la idea de que el voto exterior favorece al Gobierno y cambia el resultado en las urnas. Ya se extendió en las últimas generales de julio de 2023, según Bolaños, a pesar de que en esos comicios los votos de los nacionales que viven fuera de España solo cambiaron un escaño que perdió el PSOE y ganó el PP en la Comunidad de Madrid.
Por último, ha calificado de "muy peligroso" que Vox esté pidiendo suprimir el voto a millones de españoles que no residen en territorio nacional porque significa "suprimir la democracia". Para Bolaños, es el primer paso para retirar el voto "a todo el mundo" que, dice, es "el sueño" de los de Abascal.
También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encuentra argumentos 'trumpistas' en el PP, al que ve compitiendo con Vox por decir la frase más dura. Y ha insistido en que nadie puede presuponer cuál será el voto de estos nuevos nacionalizados.
