Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso Leire
- Declararán el 16 de julio en la Audiencia Nacional ante el magistrado que investiga el caso, Santiago Pedraz
- Anticorrupción lo había pedido instantes antes y la acusación popular, liderada por el PP, también lo solicitaba
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO (director adjunto operativo) del cuerpo, Manuel Llamas, por sus reuniones con Leire Díez al considerar Anticorrupción que podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE. Según el magistrado, González podría haber tomado "una resolución arbitraria y manifiestamente injusta en contra del interés público" con la apertura de expedientes a mandos de la UCO que investigaban el entorno del Gobierno a petición de Díez.
Ahora, ambos tendrán que acudir el próximo 16 de julio a la Audiencia Nacional y contestar a las preguntas de Pedraz. Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y maniobrar para impedir investigaciones al entorno del Gobierno. Para ello habría contactado con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo ha negado en que en sus encuentros con ella se hablase de eso.
Según la UCO, Mercedes González y Leire Díez tuvieron al menos tres encuentros entre el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. La propia Mercedes González aseguró en un comunicado que "jamás" maniobró para perjudicar a la UCO. Además, sostuvo que cortó la relación cuando Díez le pidió que recuperara en su cargo al comandante Rubén González, implicado en el caso Koldo.
"La señora Díez le plantea [...] si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que este se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro", afirma la Guardia Civil en un comunicado.
La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díez y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicado en el diario El Mundo.
Además, varios testigos agentes del cuerpo han declarado que recibieron órdenes de Llamas para no ser "proactivos" en investigaciones del entorno del Gobierno y que Díez presumía de "tener el control de la cúpula directiva de la Guardia Civil y, de forma concreta, sobre su directora general".
Desde que se conoció el informe de la UCO, el Gobierno ha respaldado en todo momento a la directora de la Guardia Civil, y ha negado cualquier tipo de operación de presión o obstrucción a los agentes. De hecho, el propio ministro de Interior ha resaltado en varias ocasiones su apoyo a González.
El Gobierno respalda a la directora de la Guardia Civil
Recientemente, Marlaska resaltó que "jamás" había dicho "a ningún funcionario público algo sobre dejar de investigar un hecho". "Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada", subrayó el ministro de Interior esta semana en el Senado al ser preguntado sobre los informes de la UCO que sí mencionaban supuestas presiones a los agentes y órdenes para ponerse de perfil. Y nada más conocerse la noticia de imputación ha vuelto a demostrar su apoyo y que le mantendrán en el puesto. "Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera", han señalado fuentes de Interior.
De esta manera, el Gobierno permanece impasible tras las imputaciones. Desde Moncloa no varian en su apoyo a González y mantienen el respaldo. "Máxima tranquilidad", transmiten fuentes de Moncloa. "Estamos convencidos de que Mercedes González dará las explicaciones pertinentes ante la Justicia, como ha venido haciendo desde el primer día y ya demostró en su comparecencia en el Senado", han añadido. Desde Moncloa insisten en transmitir un mensaje de "total normalidad y transparencia" porque "no hay nada que ocultar", han dicho.
Pedraz pide al PSOE identificar quién firmó un contrato con el abogado de Cerdán
En el auto de imputación de González y Llamas, el juez Pedraz también ha acordado pedir al PSOE que identifique la persona que firmó un contrato de asesoría jurídico con el abogado Jacobo Teijelo, que después asistió como defensor al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo. Lo hace después de que Teijelo, investigado en esta causa, declarase la semana pasada que era asesor jurídico del PSOE desde octubre de 2024 a junio de 2025.
En el requerimiento al PSOE, Pedraz también pide al PSOE indicar el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó la persona que firmó el contrato. "Dicha diligencia deberá cumplimentarse a través de persona designada con poder de representación del citado partido político informado del derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica", ha señalado el juez.
En su declaración como imputado el pasado 25 de junio, Teijelo se amparó en el secreto profesional para no profundizar en los encargos que le hizo el PSOE y por los que se le hicieron tres facturas por un total de 125.000 euros, si bien señaló, de forma genérica, que se trató de la elaboración de análisis de perspectiva de ciertos procedimientos. Respecto a su relación con el PSOE, el letrado explicó que cuando empezó a hacerse cargo de la defensa de Cerdán, en el partido le devolvieron dos facturas vinculadas a esos encargos por un importe de 50.000 euros al considerar que había incompatibilidad por estar ejerciendo la defensa del exsecretario de Organización, que ya no estaba en el partido.
En esta misma providencia, dictada este jueves, Pedraz acuerda también unir a la causa la documentación que se recabó de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, en torno al expediente de nacionalidad del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, y de la que da una copia a la UCO para "avanzar" en las pesquisas sobre el otorgamiento a esta persona de la nacionalidad española. También ha decidido incorporar a esta causa las declaraciones que prestó en febrero de 2025 la empresaria Carmen Pano, conocida por haber asegurado que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE, en el caso del fraude de hidrocarburos en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama y que también instruye Pedraz.
