Fin del registro de pisos turísticos: así queda la regulación tras la sentencia del Supremo
- No deja un vacío legal, siguen en vigor las diferentes normas autonómicas y ayuntamientos
- Obligaba a los propietarios a obtener un número de identificación para publicitarse en las plataformas
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Fin del registro único de pisos turísticos. El Tribunal Supremo ha anulado la herramienta del Gobierno contra los alquileres ilegales de corta duración al considerar que invade las competencias de las comunidades autónomas. Esto supone un revés judicial a la apuesta del Ministerio de Vivienda para frenar el alza de los precios, pero no deja un vacío legal. Siguen en vigor las diferentes normas autonómicas y de ayuntamientos que regulan las condiciones y limitan qué apartamentos, casas o villas pueden usarse para alojar a turistas.
Repasamos a continuación para qué servía el registro único, qué ha argumentado la justicia para anularlo y cómo se queda ahora la regulación.
¿Para qué servía el registro único?
El real decreto anulado obligaba a los propietarios a obtener un número de identificación oficial a través de un formulario del Colegio de Registradores. El código les servía luego para poder anunciarse en las páginas web y las conocidas plataformas que facilitan las reservas en línea.
De hecho, unos meses después de su entrada en vigor, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) aseguró a RTVE Noticias que algunas solicitudes de registro se habían rechazado, pese a tratarse de pisos turísticos legales en sus comunidades autónomas. En esos casos, podían anunciarse, por ejemplo, con carteles por la calle, pero no en los portales de reserva.
No obstante, desde el Ministerio de Vivienda sostienen que el mecanismo ha hecho aflorar 100.000 pisos turísticos ilegales y ha pedido a los Gobiernos autonómicos que actúen para cerrarlos, sancionarlos y encauzarlos al alquiler asequible.
¿Qué argumenta el Supremo para anular el registro?
La sentencia reconoce que el real decreto anulado no era una "regulación sustantiva" de los alquileres turísticos y de temporada, ni servía para dar las autorizaciones para esa actividad, como argumentaba la Abogacía del Estado en contra del recurso al real decreto presentado por la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, el alto tribunal considera que también el registro para poder publicitarse online se incluye en las competencias de vivienda y turismo, que están en manos de las autonomías, tal y como establece la Constitución española. Así, concluye que el Gobierno se excede en sus funciones y descarta que pueda escudarse en las competencias para garantizar la igualdad de los españoles y planificar la actividad económica, algo que ya advirtió un informe del Consejo de Estado en 2024.
La sentencia anula el registro, pero mantiene la ventanilla única digital, la obligación de las plataformas online de transmitir datos y el uso de esa información con fines estadísticos.
El Ministerio de Consumo ha aclarado que la decisión no afecta a la retirada de miles de anuncios ilegales de pisos turísticos ni a la multa de 64 millones de euros impuesta a Airbnb, según informa Europa Press.
¿Cómo se regulan los pisos turísticos ahora?
Como explicábamos al inicio, no existe un vacío legal. Las normas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos siguen en vigor.
Por ejemplo, en Barcelona ya no se otorgan nuevas licencias en las zonas de alta concentración turística, ni siquiera cuando cese la actividad de un alojamiento existente. En barrios menos saturados, la baja de un permiso sí abre la puerta a otros nuevos, sin aumentar el número de plazas.
La estrategia de Madrid ha sido, en cambio, dejar de dar licencias para pisos turísticos en edificios residenciales del centro, mientras que en el resto de barrios solo se conceden si tienen acceso independiente por la planta baja o la primera. Se prohíbe también que los locales comerciales se conviertan en alojamientos en las zonas con mayor comercio.
La situación, en definitiva, varía en cada territorio, aunque hay una excepción estatal. En todo el país, las comunidades de vecinos tienen la última palabra y deben dar el visto bueno de forma expresa. Para que se puedan instalar nuevos pisos turísticos, se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Además, los socios de izquierda en el Congreso (Sumar, ERC, Bildi y Podemos) cerraron un acuerdo con PSOE y PNV para sacar adelante una ley que regule los alquileres de temporada y por habitaciones, a través de una reforma de la ley de arrendamientos urbanos, pero su tramitación está parada por la oposición del bloque de la derecha, formado por PP, Vox y Junts.
