Claves del primer juicio del caso Koldo: el Supremo juzga a Ábalos por la compra de mascarillas en pandemia
- Se sientan en el banquillo de los acusados también su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama
- El alto tribunal celebra este martes la primera sesión de las 13 previstas del primer juicio del caso
Este martes arranca en el Tribunal Supremo el primer juicio por una de las ramificaciones del llamado caso Koldo. En concreto, se juzga la primera de las tramas que se destapó y que se refiere al supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Y en el banquillo de los acusados se sentarán el exministro José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García, y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
El primer juicio del caso Koldo
A lo largo de cuatro semanas, desde este martes y hasta el 30 de abril, el Supremo tiene previsto celebrar 13 jornadas, con sesiones por la mañana y por la tarde, en las que se podrá escuchar a más de 75 testigos, además de a los tres acusados.
Entre los testigos, declararán el hijo del exministro, Víctor Ábalos; el hermano de Koldo, Joseba García; algunas amigas o exparejas de Ábalos, como Claudia Montes o Jessica Rodríguez; y algunos socios de Víctor de Aldama. También pasarán por el Supremo a testificar la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez, entre otros.
Otros testigos destacados son el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya que presidían los Gobiernos de Canarias y de Baleares, respectivamente, cuando sus Ejecutivos adjudicaron contratos a la empresa de Víctor de Aldama, Solución de Gestión. Ambos han solicitado declarar por escrito, una petición con la que está de acuerdo la Fiscalía Anticorrupción. La declaración de ambos está prevista para el 22 de abril.
Los últimos en declarar en el juicio serán precisamente los acusados Ábalos, García y Aldama. Sus interrogatorios están fijados para la sesión del 28 de abril. Los dos últimos días del juicio estarán dedicados a la documental y los informes finales.
Al igual que ya ocurrió en el juicio contra el que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el Supremo ha rechazado la "retransmisión íntegra o parcial de la señal, ni en directo ni en diferido".
Los acusados
El acusado que más atención política y mediática acaparará en este juicio es, sin duda, José Luis Ábalos. Y es que el exministro fue también secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Permanece en prisión desde el mes de noviembre, cuando el juez instructor decretó su encarcelamiento provisional al ver aumentado el riesgo de fuga ante las elevadas penas que solicitó la Fiscalía para él. Anticorrupción no tiene dudas de que tuvo un "papel principal" en la trama.
El que fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García, es otro de los acusados y quien da nombre a la trama, porque se le situó en el centro de la investigación inicial. De hecho, se considera que ejerció de intermediario en las negociaciones de compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes, cobrando mordidas por ello. Al igual que Ábalos, Koldo García permanece en prisión desde el mismo día que el exministro y por las mismas razones.
El último de los acusados es el empresario Víctor de Aldama, que está considerado por la Guardia Civil como el "nexo corruptor" y está estrechamente vinculado con Soluciones de Gestión, empresa que se ubica en el centro de la trama pese a que su actividad social no tenía "relación con el objeto" de los contratos de los que fue beneficiaria. Esta empresa ingresó 54 millones de euros en 2020.
El empresario estuvo en prisión durante poco más de un mes en 2024 por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, pero fue puesto en libertad gracias a su pacto con la Fiscalía por el caso Koldo.
¿De qué se les acusa?
Los tres están acusados de concertarse para obtener "un común beneficio económico" en la contratación públicas de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE.
Al exministro y al que fuera su asistente se les atribuyen siete delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación.
A ambos se les acusa el haber cobrado comisiones en efectivo o en especie a cambio de favorecer que el empresario Víctor de Aldama tuviera información "privilegiada" sobre las necesidades derivadas de la pandemia. Así, la empresa mercantil Soluciones de Gestión se hizo con contratos de Puertos del Estado y de Adif.
El juez instructor del Supremo consideró también que hay indicios claros de contratación irregular en empresas públicas de dos mujeres relacionadas con Ábalos y del alquiler de inmuebles por parte de Aldama para pagar los favores del exministro.
Las peticiones de condena a las que se enfrentan
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, así como una multa que asciende a 3,81 millones de euros y la inhabilitación para cargo público. En el caso de Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio de prisión, multa de 3,78 millones e inhabilitación para ejercer cargo público. Las acusaciones populares coordinadas por el PP piden para ambos acusados 30 años de cárcel.
En cuanto a Aldama, es el acusado que se enfrenta a la petición de pena más baja, ya que las acusaciones han tenido en cuenta su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones. En su declaración ante el juez instructor, el empresario aseguró que el entramado corrupto abonó 4 millones de euros en comisiones, que se repartían Ábalos, Koldo y políticos del PSOE.
Por su colaboración, la Fiscalía reclama una pena de siete años de cárcel, inhabilitación para cargo público y una multa superior a 3,71 millones de euros. Es el único de los tres acusados que está en libertad.
Origen de la trama
En febrero de 2024, 20 personas, entre ellos el propio Koldo García y Aldama, fueron detenidas por el supuesto cobro de comisiones irregulares o mordidas en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a los Ministerios de Transportes e Interior, así como a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, en el marco de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
La investigación arrancó de una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022, que se interpuso poco después de que saltara otro caso mascarillas, el vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, caso que finalmente fue archivado.
Los 'populares' denunciaron 13 contratos, aunque solo nueve han sido objeto de investigación. Todos ellos tienen en común que fueron llevados a cabo por el procedimiento de urgencia ante la pandemia, lo que relajaba los requisitos que hubiera conllevado cualquier contratación pública en circunstancias normales.
La Audiencia Nacional situó a Koldo García como la persona que habría mediado para que administraciones públicas, como el Ministerio del Interior y los Gobiernos canario y balear recibieran material sanitario.
Ocho meses después de que estallara el caso, la causa saltó de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo cuando el alto tribunal abrió causa penal contra Ábalos después de que un informe de la Guardia Civil apuntase a la necesidad de investigarle por los indicios existentes de su "papel relevante y de responsabilidad" en la trama. En aquel momento, era diputado en el Congreso, y por tanto aforado, de ahí que fuera el Supremo el que asumiera el caso.
Y aunque Ábalos dejó su escaño en enero de este 2026 y los acusados han tratado que el caso se devuelva a la Audiencia Nacional, con el resto de ramificaciones, el Supremo lo ha rechazado ya que la renuncia a su condición de diputado se produjo tras el auto de apertura de juicio oral.
Las otras ramas del caso Koldo
Además de la trama de las mascarillas, el caso Koldo tiene otras ramas, pero que no se juzgan en el Supremo y cuya investigación se sigue llevando a cabo en la Audiencia Nacional.
El Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia, a cargo del que está el juez Ismael Moreno, investiga el rol de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero en presuntas adjudicaciones ilegales de obra pública.
El pasado mes de febrero, el juez del Supremo Leopoldo Puente remitió a la Audiencia Nacional la causa referente a los presuntos amaños de obra pública y en la que estarían involucrados Ábalos, García y Aldama, así como también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán presuntos amaños de obra pública.
Por otro lado, la Audiencia Nacional investiga también desde noviembre de 2025 el dinero en metálico que el PSOE le habría entregado a Ábalos y su exasesor desde 2017 por gastos que declaraban.
El tribunal
El tribunal que juzgará esta parte del caso Koldo está formado por siete magistrados, todos hombres y todos considerados del sector conservador. En concreto, son cuatro de integrantes de la Sala de Admisión de la Sala Segunda que dio inicio a la causa: el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo Porres, a quienes se unen Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, asignados por turno de mayor y menor antigüedad.
También iba a formar parte del tribunal la magistrada Ana Ferrer, la única de tendencia progresista y perteneciente a la Sala Segunda, pero días antes de la vista previa tuvo que ser sustituida por encontrarse de baja médica por Vicente Ferrer.
Entre los magistrados más conocidos del tribunal está Andrés Martínez Arrieta que presidió el tribunal que juzgó al ex fiscal general del Estado, y Manuel Marchena, que integró el tribunal que juzgó a los dirigentes independentistas catalanes por el ‘procés’.
