¿Quién paga la jubilación? El pulso generacional que divide a España
Fin de mes
- En 2024 España gastó unos 200.000 millones de euros en pensiones, cerca del 40% del gasto estatal y el 11,5% del PIB
- La última reforma de las pensiones fue en 2021, cuando se vincularon las pagas al IPC para poder
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De un lado, boomers que acusan a los jóvenes de malgastar el sueldo en Netflix y viajes en Ryanair. De otro lado, jóvenes que acusan a los del baby boom de robarles el futuro, de esquilmar la Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado y no dejar nada para gastar en los demás. El debate existe. Punto. Como no se puede negar, dejemos que los datos y las opiniones de los expertos fluyan para que cada uno llegue a una conclusión justa.
El cuadro que ha convocado Fin de mes, el programa de economía de Radio 5 Todo Noticias, es el siguiente:
Cándido Méndez: secretario general de UGT entre 1994 y 2016. Fue parte del pacto de pensiones de 2011 con patronal y Gobierno que alargaba la edad de jubilación hasta los 67 años.
José Ignacio Conde-Ruiz: subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Autor del libro ¿Qué será de mi pensión?: Cómo hacer sostenible nuestro futuro como jubilados (ATALAYA). Participó en el comité de expertos que convocó el Gobierno previo a la reforma de pensiones de 2013.
Juan Miguel Fernández: habla en nombre de COESPE, Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Carmen González Enríquez: catedrática de Ciencia Política de la UNED e investigadora del Real Instituto Elcano.
Javier Díaz Jiménez: profesor de economía en IESE Business School y experto en pensiones.
Guerra generacional
El año pasado España gastó alrededor de 200.000 millones en pensiones, un 7% más que un año antes pero bastante menos que lo que se irá gastando en los próximos ejercicios. Para 2044, según las proyecciones de un estudio de IESE que firma Javier Díaz Jiménez, se alcanzarán los 225.000 millones.
La Seguridad Social registró un déficit de 66.000 millones de euros en 2024 y las cotizaciones no cubren actualmente el pago de las nóminas. Hay que tirar de presupuestos y de préstamos que el Estado hace al sistema. En 2024, la Seguridad Social ingresó casi 166.000 millones por cotizaciones y algo más de 48.000 millones por transferencias del Estado y otras administraciones. El primer capítulo aumentó más de 7% gracias a que hay más empleo, pero el segundo lo hizo más: un 9,6%.
Javier Díaz Jiménez: “Lo peor que le puede pasar a un sistema de reparto es un baby boom seguido de un baby crush. De aquí a 2044 va a haber más personas que están en la jubilación y que tienen derecho a una pensión mayor de los que ya están”.
José Ignacio Conde-Ruiz: Una de las vías de aumento de gasto “viene generado porque nos hemos negado a adaptar el sistema a la nueva longevidad. Lo que ocurre es que el sistema ya no se está financiando sólo con cotizaciones. Prácticamente un 30% proviene de los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, se retraen recursos de los presupuestos para destinarlos a las pensiones. ¿Es justo que decidamos no adaptar el sistema de pensiones a esa nueva longevidad, aunque se esté comiendo recursos que podrían ir, desde mi punto de vista, destinados a otras generaciones?”.
Cándido Méndez: “Quisiera advertir de una desviación del debate público que, en estos últimos tiempos, está tomando fuerza. Me parece muy peligroso y adopta la forma de esbozar una especie de confrontación intergeneracional, de manera tal que hay mensajes que afirman que los jóvenes españoles no tienen un buen empleo, padecen precariedad o no tienen acceso a una vivienda porque el sistema es muy generoso. Ese es un mensaje falso. Una vez que los trabajadores y trabajadoras de España se jubilan, en torno al 56% lo hace con una paga por debajo de la que recibe un trabajador en Suecia, Alemania o incluso Italia. El problema que tenemos es de otra naturaleza, de calidad en el empleo”.
La inmigración como fuente de ingresos del sistema y los salarios
Para ingresar más en cotizaciones sociales haría falta que más gente trabajara, aunque también hay margen para que mejoren los salarios. Recientemente la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, decía “este es el presente y el futuro” refiriéndose a los trabajadores inmigrantes. Se apoyaba en informes de “diferentes instituciones” que hablan de que en las próximas décadas “van a hacer falta del orden de 200.000 a 250.000 personas migrantes”.
Sin embargo, la calidad de los puestos que ocupan los trabajadores extranjeros es generalmente mala. La brecha media de cotización entre españoles e inmigrantes provenientes de países de baja renta per cápita es de unos 530 euros.
Carmen González: “Estos migrantes que ahora están en España cobrando estos salarios bajos y haciendo estas aportaciones bajas, gracias al sistema de pensiones, también se jubilarán, sobre todo, con estas aportaciones, no se puede sostener este continuo incremento de la pensión que reciben los jubilados que estamos experimentando en los últimos años”.
Cándido Méndez: “¿Cómo es posible que, entre 2022 y 2023, hayan abandonado nuestro país unos 800.000 titulados jóvenes y hayan encontrado trabajo y reconocimiento en otros países de Europa? Nosotros estamos generando empleo en la actualidad, pero es de baja calidad y con bajos salarios. El problema es que en España el objetivo debería ser tener un salario de 40.000 o 50.000 euros al año y, sin embargo, los salarios promedios están entre 25.000 y 26.000 o incluso menos. El problema no es la cuantía de la pensión, es la cuantía de los salarios”.
Reformas del sistema y financiación
Desde la muerte de Franco, ha habido varias reformas del sistema público. La primera se dio en 1985 y tuvo como máximo exponente la ampliación del periodo de cómputo de la pensión de los dos últimos años de salario a los ocho últimos. En la actualidad son 29 años, con posibilidad de quitar los dos peores. En 2011 se reformó el sistema con el acuerdo de sindicatos y patronal y se amplió la jubilación hasta los 67 años, aunque se permitía a los 65 con 38,5 años cotizados. En 2013 se volvió a reformar el sistema, pero sin acuerdo. Se introdujo un factor de sostenibilidad que recortaría las pagas iniciales de los futuros pensionistas porque se estimaba que vivirían más, aunque nunca se llegó a aplicar. La última reforma, aprobada en 2021, vinculó las pagas al IPC y aumentó las cotizaciones sociales para pagar las pensiones de la generación del baby boom. Esa ley incluía la necesidad de hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que todavía no se ha realizado y que desde COESPE reclaman.
José Ignacio Conde-Ruiz: ¿recortar la pensión inicial en función de la esperanza de vida no sería injusto para los jóvenes? “Sería injusto entre comillas. Imagínate que eres uno de esos jóvenes y te digo que ‘no te preocupes que tu pensión será igual a la que hay ahora, pero, eso sí, tendrás una educación que no responde a lo que tendría que responder porque no tengo dinero, lo siento, ya sé que no hay vivienda social, tampoco te podré construir una casa”.
Cándido Méndez: “Estoy particularmente orgulloso de una circunstancia que es un acuerdo que lo que hizo fue preservar los rasgos fundamentales del sistema, que el sistema se basa en un pacto intergeneracional y es un sistema de reparto solidario”.
Juan Miguel Fernández: ¿Para qué una auditoría de la Seguridad Social? “Detrás de esto estaba un informe de CC.OO. de años antes, que cifraba unos superávits de 500.000 millones de euros y que planteaba que todos los excedentes de la Seguridad Social habían desaparecido. El propio [ministro de la Seguridad Social, José Luis] Escrivá habló que él había detectado 145.000 millones de euros de gastos indebidos. En una auditoría parcial, el Tribunal de cuentas últimamente planteó que eran 103.000 millones lo que se había detectado. Hay, por tanto, materia de confusión ahí establecida y de recursos desaparecidos o camuflados en otros presupuestos o utilizados en otras tareas que no eran las de atender a los pensionistas”.
