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Coronavirus

El ingreso mínimo vital se pondrá en marcha en mayo, se cobrará en junio y costará unos 3.000 millones al año

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El Gobierno anuncia que la renta mínima vital estará vigente a partir del mes de junio

El Gobierno aprobará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el mes de mayo, podrá empezarse a cobrar en junio y, calculan, costará a las arcas públicas unos 3.000 millones de euros en el plazo de un año.

Así lo ha confirmado este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una comparecencia en La Moncloa para valorar la situación del mercado laboral en las últimas semanas y los efectos de las medidas frente al coronavirus tomadas por su departamento.

"Llevaré a uno de los Consejo de Ministros del mes de mayo una norma que va a definir un Ingreso Mínimo Vital con un mínimo nacional y una prestación de la Seguridad Social", ha asegurado Escrivá en relación a la puesta en marcha de la medida, que podrá solicitarse tras su entrada en vigor y se podrá comenzar a cobrar en el mes de junio.

Esto retrasa la previsión del vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, que prometió durante el pasado mes de abril que se iban a "dejar la piel" para que la renta mínima se cobrase en mayo.

Según ha avanzado el ministro, la solicitud se podrá hacer a través de un sistema multicanal para llegar a todos los colectivos vunerables. "No solo los canales de la Seguridad Social, sino otros también para que sea lo más eficiente posible", ha explicado.

El Gobierno señala que los 300.000 trabajadores que quedan pendientes de cobrar un ERTE lo harán en los próximos días

Una medida "necesaria"

Escrivá ha defendido la puesta en marcha de la medida ya que España es uno de los países de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene uno de los mayores problemas de pobreza severa.

"España tiene unas políticas públicas muy poco redistributivas, esto es una gran deficiencia y hay que corregirlo claramente", ha señalado el ministro, al tiempo que ha asegurado que no entiende las "apelaciones" a que sea una medida temporal cuando es un problema estructural del país.

España tiene unas políticas públicas muy poco redistributivas

El ministro, que minutos antes de la comparecencia ha asistido a la sesión de control al Gobierno en el Senado, ha asegurado que esta prestación eliminará "casi completamente" la situación de pobreza extrema que sufren el 20% de los hogares españoles.

Según las estimaciones del Ejecutivo, se erradicará la situación "muy muy vulnerable" de estos hogares con pobreza extrema, además de "un porcentaje muy importante" de aquellos que sufren lo que se conoce como "pobreza mediana" y que están entre el 20% y el 40% de las familias.

Malas cifras de desempleo para jóvenes

En su comparecencia, el ministro ha valorado la situación del mercado laboral en España tras conocerse este martes las cifras de empleo de abril, donde el número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha caído en más de 49.000 y el paro ha aumentado en 282.891 personas.

"La evolución del mercado de trabajo respecto a marzo ha sido muy distinta y se ha estabilizado", ha subrayado el ministro, quien cree que las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para contrarrestar el impacto de la crisis "han sido eficaces".

Sin embargo, España se enfrenta a un problema estructural que se ha puesto de manifiesto también en esta crisis: el 50 % de la destrucción de empleo que se ha producido está concentrada en personas menores de 35 años

"Esto nos tiene que hacer reflexionar. Es una característica estructural de nuestro mercado de trabajo y debemos abordar esta reforma que tan necesaria es para que este tipo de ajuste se pueda paliar en el futuro", ha insistido.

El Gobierno señala que "el 50 % de la destrucción del trabajo ha sido en personas menores de 35 años"

Ampliación de ayudas para trabajadores

Respecto a las medidas de protección del empleo, Escrivá ha anunciado que el Gobierno está contemplando escalonar la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, al igual que se está haciendo con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

También ha adelantado que habrá que pedir nuevos préstamos para pagar las pensiones como resultado de la caída de las cotizaciones que se va a producir este año, pero ha explicado que esto "es parte de la subida de la deuda pública que se contempla" en el cuadro macroeconómico incluido por el Gobierno en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.

Asimismo ha confirmado que no se van a recortar ni a congelar las pensiones por supuestos problemas de sostenibilidad de la deuda, y ha calificado de "inaceptables" las especulaciones que apuntaban a esa posibilidad: "Son ganas de generar inquietud, y eso es algo intolerable", ha recalcado.

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