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Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha comentado que la situación que está provocando la quinta ola en España "no ayuda a la reincorporación" y se están produciendo numerosas cancelaciones, sobre todo internacionales. Sobre los cambios en el Gobierno, ha indicado que "continúa lo que a él le afecta".

"No hay argumentos para que no haya subida del SMI, creo que lo habrá este año", ha sostenido Álvarez en 24 horas de RNE, que ha señalado que la vicepresidenta Calviño habla de que no se puede hacer porque hay que incorporar a las personas que están en ERTE a trabajar y ha mantenido que "una cosa no se interpone a la otra": "Es una malísima excusa". "El Gobierno debe llamarnos y si no pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”. "Tenemos que darle tiempo a la patronal, siempre hemos llegado a acuerdos", ha sostenido y ha añadido que las relaciones con el Gobierno "no pasan por un buen momento” por la "falta de sensibilidad y la prepotencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Hoy es el último día para presentar la declaración de la Renta. Quienes no lo hagan se enfrentan a sanciones. Si su declaración sale a devolver tendría que pagar una multa de hasta 200 euros y si sale a pagar un recargo de hasta el 20 por ciento. Los técnicos de Hacienda, asociados en Gestha, recuerdan que los afectados por un ERTE o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que han podido ver incrementada su factura, tendrán seis meses para pagar de forma fraccionada, pero que deben hacerlo para evitar sanciones. Su presidente, Carlos Cruzado nos ha hablado también de la ley contra el Fraude que hoy aprueba el Congreso. Lamenta que no se hayan reforzado las funciones de su colectivo y defiende que “hay que endurecer los controles, desplazarlos a las grandes fortunas y dedicar más efectivos a ese control”.

Azucena ha recibido un mensaje en el que dice que la resolución del Ingreso Mínimo Vital que ha solicitado es favorable. Presentó la solicitud en julio de 2020. Pero ni Hacienda, ni la Seguridad Social ni Asuntos Sociales saben responder a sus preguntas. Ha explicado su situación en Las mañanas de RNE. "En la Comunidad de Madrid tenemos la Renta Mínima de Inserción. La cuestión es que la Comunidad de Madrid nos obligaba a solicitar el Ingreso Mínimo Vital. En mi caso quería solicitarla si yo sabía que iba a beneficiar a mi familia, pero la solicité sin saber lo que va a pasar. Por las necesidades de mi hijo pequeño tenemos una ayuda de dependencia. La Seguridad Social no me sabe decir si se me van a descontar del Ingreso Mínimo Vital, entonces saldría perdiendo", cuenta.

Luis Sanz, miembro de la asociación vecinal Invisibles de Tetuán, explica que la mayor parte de las resoluciones son de denegación. "La situación real es que ha llegado a 275.000 familias. Hay situaciones injustas, debidas a la propia normativa. Hay muchos problemas de gestión que lo alarga y lo hace eterno".

Elena Ruiz, presidenta del Consejo de la Juventud de España, cree que los jóvenes salen muy mal parados con esta normativa. "El IMV excluye a las personas de 18 a 23 años. Las de 23 a 30 tienen requisitos más exigentes que las personas de más de 30 años. Sin embargo, entre 16 y 29 años la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social es del 31,7%. Es el porcentaje de mayor riesgo de los tramos adultos. Los jóvenes deberíamos estar en el foco, sin embargo no somos capaces de acceder a la ayuda", denuncia. El Consejo de la Juventud de España y otras organizaciones están presionando en el Congreso para modificar la norma. "Para las personas jóvenes, es más fácil acceder si tienen recursos que si realmente no los tienen. La norma dice que debes estar emancipado, y haber cotizado al menos un año para poder acceder a ella", ha explicado.

700.000 personas se benefician en nuestro país del Impuesto Mínimo Vital cuando está a punto de cumplirse un año de su aprobación. ¿Cómo afecta cobrar o no cobrar el Ingreso Mínimo Vital entre los más vulnerables? Josefa Carrasco vive en la Región de Murcia tiene 62 años, vive sola y sobrevivía con los 40 euros que ganaba a la semana por limpiar una casa. Ahora cobrar 460 gracias a la prestación. “Voy comprando lo justito. Tengo que hacerlo así”, afirma. Caso distinto es el de Susana García, también de Murcia, de 30 años, desempleada y con un hijo de tres. No le han dado el Ingreso Mínimo Vital porque vive con su padre que cobra la pensión. “Estaba esperanzada [en conseguirla]. Mi padre me puede ayudar en lo que puede, pero yo tengo que seguir hacia delante” La previsión en la Región de Murcia era que el Ingreso Mínimo Vital alcanzara a 45.000 hogares pero solo han conseguido 8.600 familias

El vicelehendakari primero y consejo de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka confía en que cuando pasen las elecciones de Madrid, el Gobierno central anuncie que se prorroga el estado de alarma. Erkoreka argumenta que, en el caso de Euskadi, la justicia no ha apoyado ninguna de las medidas restrictivas propuestas por el Gobierno y que eso puede ser un problema para gestionar la pandemia a partir del 9 de mayo. “La situación en este momento no es buena. El nivel de incidencia de los contagios es elevado. El nivel de ocupación de los hospitales es importante. El sistema está tensionado. Hay motivos de preocupación en el sentido de que las herramientas de las que disponemos pueden dejar de existir y el panorama puede complicarse”, ha dicho en RNE. Explica que están poniendo en marcha iniciativas en el parlamento vasco que puedan dar ciertas garantías, pero son textos que aún necesitan un tiempo para pactarse y tramitarse. Por eso, Erkoreka mira al día 5 de mayo con cierta esperanza: “Creo que una vez salvado el obstáculo electoral madrileño podemos retomar el asunto y que el Gobierno central cambie. Parece transmitirse que el presidente está esperando una solicitud unánime de todos los actores, grupos y presidentes, para que lo prorrogue y que nadie le inquiete cuando llegue al Congreso”. Sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones generales en 2020, afirma “yo no me atrevo hacer un vaticinio, pero no se puede descartar”. Erkoreka lamenta que las continuas convocatorias electorales retrasen la puesta en marcha de acuerdo importantes como la transferencia a Euskadi de la gestión del IMV (ingreso mínimo vital) o las competencias penitenciarias. En este sentido, recuerda que es un acuerdo contemplado en el Estatuto de Gernika y que ya no tiene sentido retrasarlo más. “Antes se podían resistir, cuando la política penitenciaria formaba parte de la lucha contra el terrorismo, pero afortunadamente esas razones están desaparecidas y no tiene sentido el incumplimiento estatutario”. Erkoreka niega que esto vaya a favorecer a los presos de ETA y pide un voto de confianza para los funcionarios y responsables de ese futuro área. Por último, Erkoreka se alegra del fracaso del proyecto de la Superliga porque, dice, “no es un proyecto que cuente con el aval de la inmensa mayoría de los equipos europeos y desde luego no con el de los equipos vascos”.

La campaña para la declaración del IRPF y el impuesto de patrimonio de 2020 ha arrancado este miércoles en uno de los años más complejos por las bajas laborales durante la pandemia y los ERTE. Estos últimos tendrán que hacerla, ya que son contribuyentes que ingresaron entre 14.000 y 22.000 euros con más de un pagador. También es obligatoria a partir de 22.000 euros anuales y para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, aunque no pagarán nada por esa ayuda. La Agencia Tributaria prevé que las declaraciones presentadas aumenten un 2 % este año.

El más de medio millón de contribuyentes beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital están obligados a presentar la declaración de la renta si no quieren perder la prestación. Esa obligación no sólo afecta al que lo percibe, sino también a los miembros de la unidad de convivencia. Varias asociaciones advierten de las dificultades que puede conllevar este trámite para un colectivo que, en muchos casos, no tiene acceso a Internet y al que le cuesta recibir la información de las administraciones públicas. Además, aseguran que el teléfono habilitado por la Agencia Tributaria para resolver dudas no es gratuito y creen que el SMS que la Seguridad Social ha enviado a los beneficiarios es poco claro.

Los contribuyentes pueden presentar desde este miércoles su declaración de la renta a través de Internet. En este ejercicio se presentan dos factores nuevos con los que hay que tener especial cuidado: los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital. En el primer caso, porque los trabajadores en Expediente de Regulación Temporal con dos pagadores o con un umbral de entre 14.000 y 22.000 euros tienen obligación de presentarla. Además sin la retenión del SEPE a muchos les tocará pagar. Ante este escenario la Agencia Tributaria permitirá fraccionar el pago en seis meses sin intereses. En el segundo supuesto, los beneficiarios del IMV deberán presentar la renta, así como todos los miembros de la unidad familiar, aunque no les saldrá ni a pagar ni a devolver, si no realizan el trámite se exponen a multas o incluso a perder la prestación.

Desde Hacienda recomiendan revisar el borrador antes de confirmarlo y no precipitarse. Hablamos con Carlos Cruzado y José María Mollinedo del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) para conocer todas las claves.

Este año la declaración de la renta va a ser muy especial para 3,5 millones de trabajadores. Todos los que han estado en ERTE, pues es muy posible que la declaración les resulte a pagar, a pesar de haber tenido menores ingresos. Se debe a la existencia de dos pagadores, la empresa, por un lado, y los servicios de empleo, por otro. Por una parte está la empresa que, en principio, empezó el año 2020 aplicando una retención a cuenta del IRPF en las nóminas de acuerdo a los ingresos brutos previstos para esta persona para todo el año y a sus circunstancias familiares. Por otra parte, como segundo pagador, el servicio público de empleo SEPE que, en la mayoría de los casos, practicará una retención cero sobre la prestación (equivalente al 70% de la base de cotización). En 24 horas de RNE, Rosa Sánchez explica que este tipo de trabajador ganará menos en el 2020 que si no hubiera estado en situación de ERTE. También que tributará menos en el IRPF. Pero como las retenciones habrán sido más bajas el resultado, con toda probabilidad, será a pagar. Es decir, no es que el trabajador en ERTE tribute más por IRPF, sino que la declaración le puede salir a pagar porque las retenciones a cuenta del impuesto fueron menores.

El Ingreso Mínimo Vital ha sido una de las propuestas del Gobierno de coalición para facilitar el acceso a unos ingresos mínimos. Sin embargo, no está llegando a todos los usuarios por problemas de requisitos en la tramitación, en algunos casos. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado este jueves que de los 873.000 expedientes del IMV tramitados en los últimos nueve meses, se han denegado más de 600.000. Esto supone un 68,7 % del total por superar los niveles de renta.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha golpeado duramente a los ingresos de miles de personas durante 2020. Según un informe de Cáritas, más de medio millón de personas han acudido por primera vez a la organización para solicitar ayudas. Un incremento notable que deja un dato, aún más preocupante: el 55 % de las familias atendidas vive en situación de pobreza severa.

El Congreso ha convalidado el decreto que perfila la figura de consumidor vulnerable y obliga a empresas e instituciones a proteger especialmente a personas en desventaja por su edad, ingresos, discapacidad... La parte mas polémica es la que los protege incluso cuando hayan ocupado una vivienda, siempre que no lo hayan hecho con violencia y se cumplan otros requisitos. El Gobierno también ha flexibilizado los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.

El año comenzó con la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia. Pero pronto el coronavirus paralizó el país y la actividad parlamentaria quedó limitada a los plenos para prorrogar el estado de alarma. Se han aprobado medidas sociales relevantes, como el ingreso mínimo vital y la subida del salario mínimo. Y se han tramitado leyes importantes, como la de educación, la regulación de la eutanasia y los presupuestos generales. Se ha debatido una nueva moción de censura. Todo con un hemiciclo medio vacío. Acaba un año atípico también en lo parlamentario.

En la calle, escuchamos las reivindicaciones de dos colectivos: uno, los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital y las asociaciones que piden modificaciones en el Real Decreto para evitar exclusiones; y dos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que reclama la aprobación urgente del decreto antidesahucios. A la puertas del Ministerio de Inclusión, Noemí Martínez habla con Roberto Borda, de RMI-Tu Derecho, y con Paco Morote, de la PAH.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá,, avanza que las medidas de "hibernación, de protección" -como los ERTE o las ayudas a autónomos- se van a mantener durante el próximo semestre del año evitando así mayores ajustes en el empleo.  Escrivá también ha reconocido en TVE que el Ingreso Mínimo Vital no ha funcionado cómo esperaban por lo que van a "comprobar que no ha funcionado bien y redefinir la política". En una entrevista en el Canal 24 horas, apunta que el número de beneficiarios es menor del previsto: "Es verdad que el número de hogares que lo están recibiendo es menor del que esperábamos", aunque destaca que se ha contestado a dos tercios de las solicitudes. Valora que los presupuestos salgan adelante con una amplia mayoría, aprecia una recuperación en el mercado laboral y reitera que el futuro de las pensiones está garantizado.