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"La administración no entiende la realidad de las familias empobrecidas", asegura Roberto Borda, de la asociación RMI Tu Derecho, cuando se cumplen dos años de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Denuncian que no existe transparencia sobre los motivos por los que tres cuartas partes de las solicitudes son denegadas. Además del laberinto burocrático y los errores administrativos, las condiciones que se piden no se corresponden con la realidad de las personas en situación de pobreza y exclusión social. 

La economía de las familias españolas lleva a la baja desde la llegada del covid y la guerra de Ucrania y sus consecuencias no han hecho más que empeorar la situación. Carmen Herrero, investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ha explicado en Las Mañanas de RNE que estas crisis han supuesto la aparición de una nueva categoría de trabajadores que no son capaces de llegar a fin de mes, pero que tampoco pueden recibir las ayudas del estado: “Si no se pueden compatibilizar las ayudas con el trabajo se desincentiva que la gente trabaje”, indica . Y hace referencia al modelo del País Vasco en el que las familias que tienen salarios muy bajos o que no tienen trabajo pueden seguir recurriendo a las ayudas institucionales.

Opina que hace falta mucha ayuda por parte de los ayuntamientos quienes, señala, “deberían ser más proactivos”. Y recalca la necesidad de tomar medidas como la instauración de más viviendas sociales o la oferta de alternativas a las becas comedor una vez terminado el curso escolar.

Uno de los ejes del plan de choque para luchar contra la crisis que aprobó el pasado martes el Gobierno está relacionado con dar un respiro a las familias que menos recursos tienen, a través del bono social eléctrico o del Ingreso Mínimo Vital, que aumentará en un 15% durante los próximos tres meses. Según el Ministerio de Seguridad Social, de esta prestación se benefician 800.000 personas en nuestro país. ¿Cómo les está afectando la actual situación económica?

En el directo de este viernes, Luís Vallés se desplaza hasta la sede de la asociación vecinal Red Entre-Pozo de Vallecas, al este de Madrid. Surge de la disuelta Somos Tribu, que durante la pandemia ayudó a miles de familias del barrio. Arianda, una de sus voluntarias, percibe cómo el aumento de precios está empeorando su situación: "Estamos atendiendo a alrededor de 65-70 familias y, en los últimos días, han venido alrededor de otras diez". También hablamos con Anca Simion y Simona Fratiloiu, dos usuarias de la asociación y receptoras del Ingreso Mínimo Vital.

Hay 370.000 hogares en España que tienen concedido el Ingreso Mínimo Vital. La Administración ha reconocido hace solo unos días que ha gastado mucho menos dinero del que había destinado para este fin y eso es, según la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, Olgá Cantó, porque “el umbral se ha fijado demasiado abajo” y sigue habiendo demasiada gente que vive en situación de pobreza que no tiene opción”. Hay otros que lo cobran, pero con cuantías simbólicas. Es el caso de Joaquín y Vanesa. Tienen dos hijos. Ahora no tienen ingresos, pero les han concedido 36 euros mensuales, porque toman como base sus datos de 2019, cuando cobraban un subsidio de desempleo: “No conseguimos que lo actualicen”. Ellos han pedido ayuda a la Asociación Apoyo. Uno de sus miembros, Roberto Borda, critica que el IMV se ha diseñado sin pensar en la situación real que tienen las personas empobrecidas. Junto a él también está Manuel. Le han denegado dos veces la ayuda. Es parado de larga duración, su pareja tiene una discapacidad del 66% pero, al no estar casados, no los consideran una unidad familiar y, por tanto, no cumplen los requisitos. Manuel también cuenta las dificultades de contactar con la administración y entender su lenguaje. Todos coinciden en que el IMV necesita muchas mejores para ser realmente una herramienta que ayude a las personas en situación de pobreza.

Un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revela que hasta septiembre apenas se ha gastado la mitad de esa partida presupuestada del Ingreso Mínimo Vita (IMV), una ayuda destinada a quienes peor lo pasan y con la que el gobierno busca prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social.

De los 2.728 millones previstos en 2021 para el ingreso mínimo vital, y a falta de tres meses para que acabe el año, se han desembolsado algo más de 1.400 millones para ese fin, a pesar de tramitarse cerca de un millón y medio de solicitudes.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha señalado en La Tarde en el Canal 24 Horas que su estudio destaca que solo el 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del ingreso mínimo vital y el 60 % de las peticiones rechazadas se produjeron "por no cumplir con el criterio de vulnerabilidad".

Otro 10 % de las desestimadas se debieron a la falta de la acreditación de la unidad de convivencia, para la que sigue siendo necesario aportar el padrón histórico colectivo (el certificado que acredita la residencia de todas las personas que han constado y/o constan empadronadas en un domicilio junto con el solicitante). El resto presentaban o bien defectos de forma o falta de documentación.

El Ministerio de Seguridad Social e Inclusión reconoce que tres de cada cuatro solicitudes del ingreso mínimo vital han sido denegadas, principalmente por no cumplir los requisitos de renta y patrimonio o no acreditar la unidad de convivencia. Esta ayuda la reciben 800.000 personas, apenas un tercio de los 2,3 millones que malviven en la pobreza en nuestro país. Hasta septiembre la Seguridad Social había desembolsado 1400 millones de euros, la mitad de lo previsto para el ingreso mínimo vital, cuya cuantía media es de 172 euros mensuales por persona y 436 por unidad familiar. 

Informa Yolanda Rodríguez

El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, cree que la legislatura llegará “hasta el último día” y se muestra dispuesto a negociar también los PGE del año 2023: “En un año pueden cambiar muchas cosas y no sería responsable renunciar a presentar un proyecto de presupuestos”. Ahora, asegura, hay mucho que negociar con las enmiendas parciales. Cree que es un sinsentido haber tenido que volver a negociar el traspaso del IMV: “Lo firmé con Carmen Calvo el 20 de mayo del año pasado”. Y expone por qué es tan importante avanzar en el proyecto de alta velocidad para Euskadi: “En Euskadi tenemos un tren del siglo XIX, pese a que somos el acceso con Europa. Llevamos más de una década de retraso. No nos preocupa la financiación de este año, sino que nos den certezas de cuando se acaba esto”. Con respecto a las pensiones y la reforma laboral, lamenta cómo se está comunicando. Sobre pensiones, Ortúzar dice que no es un tema fácil, pero añade que “parece que lanzan un globo sonda y en función de eso lo meten al cajón o lo ponen sobre la mesa”. En materia de reforma laboral, lamenta las diferencias públicas del Gobierno: “El Gobierno debe llegar discutido a la calle. Les veo en un excesivo marcaje entre partidos. Eso les hace olvidarse de que el mundo es más amplio”. Concluye que le parece bueno que Bildu negocie con el Ejecutivo: “Hemos vivido 40 años con el sambenito de la íbamos a Madrid a vendernos por cuatro platos de lentejas. Es un factor de normalización que Bildu se incorpore a las instituciones”. Se reivindica como un partido de Gobierno y reitera que harían lo que estuviera en su mano para evitar un gobierno PP-VOX: “Un Gobierno PP-VOX en el País Vasco estaría mal, pero para el conjunto del Estado sería un retroceso muy grande”.

Se celebra el Día por la Erradicacion de la Pobreza. En Europa, 2 de cada 10 personas están en riesgo y España se encuentra en el cuarto puesto, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia. El 27% de la población española se encuentra en riesgo y los afectados denuncian que el Ingreso Mínimo Vital a veces no llega. La pandemia ha agudizado estas situaciones. Conocemos el caso de Pilar (nombre ficticio) que pide a las instituciones que escuchen a los protagonistas para saber si se están haciendo bien las cosas. Informa Minerva Oso.

Desde la patronal del sector de la limpieza se muestran críticos ante la subida del salario mínimo interprofesional -que se va a aprobar hoy y supondrá un aumento de 15 euros en 14 pagas- porque, dicen, no sopesa el impacto que puede tener en el sector y la creación de empleo podría verse afectada. Hablamos con Juan Díez de los Ríos, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL)

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha comentado que la situación que está provocando la quinta ola en España "no ayuda a la reincorporación" y se están produciendo numerosas cancelaciones, sobre todo internacionales. Sobre los cambios en el Gobierno, ha indicado que "continúa lo que a él le afecta".

"No hay argumentos para que no haya subida del SMI, creo que lo habrá este año", ha sostenido Álvarez en 24 horas de RNE, que ha señalado que la vicepresidenta Calviño habla de que no se puede hacer porque hay que incorporar a las personas que están en ERTE a trabajar y ha mantenido que "una cosa no se interpone a la otra": "Es una malísima excusa". "El Gobierno debe llamarnos y si no pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”. "Tenemos que darle tiempo a la patronal, siempre hemos llegado a acuerdos", ha sostenido y ha añadido que las relaciones con el Gobierno "no pasan por un buen momento” por la "falta de sensibilidad y la prepotencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Hoy es el último día para presentar la declaración de la Renta. Quienes no lo hagan se enfrentan a sanciones. Si su declaración sale a devolver tendría que pagar una multa de hasta 200 euros y si sale a pagar un recargo de hasta el 20 por ciento. Los técnicos de Hacienda, asociados en Gestha, recuerdan que los afectados por un ERTE o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que han podido ver incrementada su factura, tendrán seis meses para pagar de forma fraccionada, pero que deben hacerlo para evitar sanciones. Su presidente, Carlos Cruzado nos ha hablado también de la ley contra el Fraude que hoy aprueba el Congreso. Lamenta que no se hayan reforzado las funciones de su colectivo y defiende que “hay que endurecer los controles, desplazarlos a las grandes fortunas y dedicar más efectivos a ese control”.

Azucena ha recibido un mensaje en el que dice que la resolución del Ingreso Mínimo Vital que ha solicitado es favorable. Presentó la solicitud en julio de 2020. Pero ni Hacienda, ni la Seguridad Social ni Asuntos Sociales saben responder a sus preguntas. Ha explicado su situación en Las mañanas de RNE. "En la Comunidad de Madrid tenemos la Renta Mínima de Inserción. La cuestión es que la Comunidad de Madrid nos obligaba a solicitar el Ingreso Mínimo Vital. En mi caso quería solicitarla si yo sabía que iba a beneficiar a mi familia, pero la solicité sin saber lo que va a pasar. Por las necesidades de mi hijo pequeño tenemos una ayuda de dependencia. La Seguridad Social no me sabe decir si se me van a descontar del Ingreso Mínimo Vital, entonces saldría perdiendo", cuenta.

Luis Sanz, miembro de la asociación vecinal Invisibles de Tetuán, explica que la mayor parte de las resoluciones son de denegación. "La situación real es que ha llegado a 275.000 familias. Hay situaciones injustas, debidas a la propia normativa. Hay muchos problemas de gestión que lo alarga y lo hace eterno".

Elena Ruiz, presidenta del Consejo de la Juventud de España, cree que los jóvenes salen muy mal parados con esta normativa. "El IMV excluye a las personas de 18 a 23 años. Las de 23 a 30 tienen requisitos más exigentes que las personas de más de 30 años. Sin embargo, entre 16 y 29 años la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social es del 31,7%. Es el porcentaje de mayor riesgo de los tramos adultos. Los jóvenes deberíamos estar en el foco, sin embargo no somos capaces de acceder a la ayuda", denuncia. El Consejo de la Juventud de España y otras organizaciones están presionando en el Congreso para modificar la norma. "Para las personas jóvenes, es más fácil acceder si tienen recursos que si realmente no los tienen. La norma dice que debes estar emancipado, y haber cotizado al menos un año para poder acceder a ella", ha explicado.