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Las medidas están en el centro del choque político entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El gobierno regional va a acatar estas medidas, pero no las comparte. Ya han presentado un recurso en los tribunales para revertir las restricciones que afectarán a los habitantes de Madrid y otras nueve ciudades de la comunidad. Acusan al Gobierno de invadir sus competencias y creen que las nuevas restricciones serán ineficaces y tendrán un "impacto económico negativo totalmente injustificado".

Según el juez Ignacio González Vega, el "caballo de batalla para Madrid es que el acuerdo del viernes del Consejo Interterritorial no fue por consenso". "Yo entiendo que puede ser por mayoría, y se tiene que poner en evidencia los daños y perjuicios que la no suspensión tendría para la Comunidad de Madrid. Mientras los tribunales deciden, la norma seguirá en vigor", ha señalado en una entrevista en el Telediario.

Es decir, en espera del aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las medidas, no se podrá sancionar el incumplimiento de estas. "Serán meras recomendaciones sin ningún tipo de sanción", ha dicho González Vega, que estima "un plazo máximo de cinco días" para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dé su respuesta".

La Unión Europea ha evaluado la calidad del Estado de Derecho de su socios detectando algunas alarmas preocupantes relacionadas con la independencia judicial o la libertad de prensa con Polonia y Hungría en el radar del subrayador rojo.

Además, los embajadores ante la Unión han acordado que el reparto de los fondos para la lucha contra la Covid-19 estarán vinculados al cumplimiento del Estado de Derecho por parte de los gobierno de cada país. En nuestra mesa de corresponsales comprobamos cómo ha sentado todo esto en algunos países de la Unión Europea.

En Francia, Paco Forjas explica que lo que allí preocupa es "que el Plan Europeo de Recuperación dependa de un enfrentamiento con el Estado de Derecho". En Alemania, Gabriel Herrero considera que tanto Hungría como Polonia necesitan el dinero de los fondos, por lo que no cree que se tiren "piedras sobre su propio tejado". En Bruselas, María Carou ha analizado algunos de los puntos del informe: "en él no hay referencias a la situación en Cataluña o a cómo se aplicó el estado de alarma en España", ha relatado.

La Audiencia Nacional ha absuelto a Rodrigo Rato y al resto de imputados por la salida a Bolsa de Bankia. No les considera culpables de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Profundizamos en esta cuestión con Sergio Salgado, portavoz del movimiento "15mpaRATO", que ejerció como acusación particular en la causa judicial.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha acusado al Gobierno español de que será el "culpable" si finalmente se confirma su condena de inhabilitación por desobendiencia. Al respecto, el Ejecutivo ha respondido a las críticas de Quim Torra y ha asegurado que nadie está por encima de la ley. El PP ha asegurado que hay recuperar el sentido común en Cataluña, y los partidos independentistas han vuelto a hablar de represión.

Rodolfo Martín Villa comparece en la embajada de Argentina en Madrid, por videoconferencia, ante la juez María Servini, que sigue una causa por crímenes de lesa humanidad en el Franquismo.

A Martín Villa, que ha recibido el apoyo de los cuatro expresidentes españoles democraticos vivos, lo acusa de doce muertes durante los meses previos a la aprobación de la Constitución, cuando era ministro del Interior. Informa Teresa Coto.