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Julio Iglesias sigue su batalla legal contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que acusara al cantante de explotación laboral y abuso sexual a dos trabajadoras. Iglesias ha demandado ante el Tribunal Supremo a Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros de indemnización. En enero la Fiscalía inició la investigación, en mayo hubo un acto de conciliación entre el artista y la vicepresidenta segunda del Gobierno. Sin embargo, Yolanda Díaz no se retractó de sus palabras y por ello Iglesias ha decidido interponer esta demanda.

Fotografía: ARCHIVO EFE

La serie de podcast de Conversaciones con José María Brunet se enriquece hoy con la presencia de un jurista de muy largo recorrido al que podemos calificar como activista de la justicia, en la medida en que durante toda su carrera se ha distinguido por su empeño en sostener un firme compromiso con valores esenciales de su profesión. Y en ello sigue, preocupado por los resultados de encuestas que reflejan el crecimiento de la desconfianza ciudadana hacia la labor de los tribunales, protagonistas de numerosas controversias y polémicas sobre el lawfare –la utilización política de la labor judicial-, y sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces. Nuestro invitado es José Antonio Martín Pallín (La Coruña, 1936), primero fiscal y luego magistrado, que fue miembro de la Sala Penal del Tribunal Supremo entre 1989 y 2006. Ha sido portavoz de la asociación Jueces para la Democracia –la izquierda judicial-, de la Unión Progresista de Fiscales y presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, entre otros puestos de primera línea para la defensa de su concepción de la administración de justicia y sus reivindicaciones. Nos interesa el diagnóstico de nuestro invitado sobre la realidad de la labor de los tribunales en una etapa de la vida política caracterizada por las tensiones relacionadas con casos de corrupción, en paralelo al ejercicio de la acción popular por parte de organizaciones de claro sesgo ultraconservador. ¿Se están llevando al ámbito judicial las estrategias propias de la lucha por el poder? ¿Están sabiendo reaccionar los profesionales del sector, o el mundo de las togas se ha convertido en un escenario de trincheras ideológicas y partidistas? Y junto a ello, ¿está sabiendo reaccionar el Consejo General del Poder Judicial para que su labor se pueda identificar con una obra de buen gobierno que preserve el prestigio de la magistratura? Repasamos, en suma, de qué se duele la justicia y qué remedios tienen sus dolencias.

Gerardo Pisarello cree que Pedro Sánchez ha estado "paralizado y la defensiva" durante su comparencia en el Congreso por los casos de corrupción del PSOE y lamenta que no haya sido capaz de "plantear una hoja de ruta para lo que queda de legislatura" y tampoco de entrar en la cuestión del 'lawfare':"Ábalos actuó mal, pero 24 años me parece desmesurado" respecto a la sentencia del caso mascarillas y apunta que en caso de la Kitchen o el juicio a Montoro, las penas no serán tan elevadas.

El portavoz adjunto de los Comuns pide un debate sobre la judicatura a la que acusa de tener "un sesgo conservador" y avisa a Sánchez de que "está pagando el precio" de pactar con el PP la reforma del Consejo General del Poder Judicial: "Se ha visto obligado a pactar con otras fuerzas políticas republicanas y está siendo duramente castigado por eso, por los sectores conservadores. No tiene cómo defenderse porque no se atreve a plantear esos temas".

Sí que cree que Sánchez ha sabido responder a PP y Vox pero hace una advertencia sobre Vox y el discurso de que el Gobierno es ilegítimo:"Son las tesis de Trump, cualquier resultado que no les favorezca ya se sospecha de la legitimidad [...] Estamos preocupados".

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas. El Alto Tribunal también condena a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel. Lo hace por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

En el caso de Aldama, el Supremo suspende a la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia.

Imagen: EFE/J.J. Guillén POOL