El Supremo reclama al partido de Alvise sus cuentas por la presunta financiación ilegal para las europeas
- Solicita la contabilidad, los gastos de campaña y la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas
- Ordena a la Policía Nacional analizar una supuesta entrega de 100.000 euros mediante monederos virtuales
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El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en la investigación contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por la presunta financiación ilegal de su formación política en las elecciones europeas de 2024. El magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, ha solicitado a Se Acabó La Fiesta (SALF) toda la documentación económica relacionada con la campaña electoral.
La investigación se centra en la supuesta recepción de 100.000 euros en efectivo procedentes del empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, también investigado en el procedimiento. La causa investiga posibles delitos de financiación ilegal de partidos, delito electoral, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Entre las diligencias acordadas, el juez reclama al representante legal o administrador electoral de SALF la contabilidad del partido, los libros de tesorería, balances, inventarios, la relación de ingresos y gastos, los movimientos de las cuentas bancarias, las operaciones de capital y los justificantes de los pagos realizados durante la campaña de elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Asimismo, ha requerido al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización y toda la documentación presentada por la formación sobre esos comicios.
El instructor también ha ordenado a la la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, designada como policía judicial en esta causa, que investigue el tráfico de de los monederos virtuales creados por los investigados. Una de las líneas de investigación abiertas para esclarecer el origen y el recorrido de los fondos.
La causa avanza tras el levantamiento de la inmunidad
El procedimiento ha cobrado un nuevo impulso después de que el Parlamento Europeo autorizara el levantamiento de la inmunidad del eurodiputado, lo que permitió reactivar su tramitación en el Tribunal Supremo. Las actuaciones acordadas por el instructor responden a una petición formulada por la acusación popular, ejercida por el PSOE, dentro de la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña de las elecciones europeas.
