El Tribunal Supremo abre la sexta causa penal a Alvise Pérez por incitar a desórdenes en protestas agrícolas
- Los mensajes investigados fueron difundidos en febrero de 2024 en el canal de Telegram
- Para el Tribunal las publicaciones de del eurodiputado no se enmarcan dentro de la libertad de expresión
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Alvise Pérez vuelve a estar en el foco de la Justicia. La sala de lo Penal de Tribunal Supremo ha acordado abrir una sexta causa contra el eurodiputado por presunto delito de desórdenes públicos. La investigación, que instruirá la magistrada Carmen Lamela, está relacionada con varias publicaciones difundidas en el canal de Telegram que lleva su nombre. Los mensajes fueron enviados durante las protestas agrícolas celebradas en febrero de 2024.
Con esta decisión, ya son seis las causas abiertas por el Tribunal Supremo contra el diputado. En el auto, la Sala sostiene que las publicaciones objeto de investigación no pueden considerarse, en esta fase procesal, como simples manifestaciones de crítica política o ejercicio de la libertad de expresión. Según los magistrados, el contenido de los mensajes, analizado de forma conjunta y en su contexto, incluye llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y otros puntos estratégicos.
Asimismo, el tribunal destaca que las publicaciones proponían el uso de vehículos particulares para reforzar los cortes de tráfico, hacían referencia a la supuesta insuficiencia de efectivos policiales y planteaban fórmulas de coordinación colectiva que, a su juicio, podrían afectar al orden público. La resolución, recuerda que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política amparan el discurso crítico contra el Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales y la convocatoria de protestas. Sin embargo, precisa que esa protección no alcanza a los llamamientos públicos a conductas que por su finalidad y riesgo, puedan encajar en el delito de desórdenes públicos agravados.
El Supremo señala a Alvise por el control del canal de Telegram
El Supremo aclara que la investigación no se basa en los comentarios realizados por terceros en el canal de Telegram, sino en las publicaciones atribuidas al canal presuntamente controlado por Alvise Pérez en su aptitud para incitar a los demás usuarios a acciones de bloqueo, colapso de infraestructuras y confrontación con los poderes públicos. La causa fue devuelta inicialmente al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid para practicar diligencias sobre la administración de la plataforma investigada. Tras ello, se solicitó informe a la Comisaría General de Información sobre la titularidad, administración y control del canal.
A la vista de las actuaciones, la Sala considera que existen indicios suficientes para atribuir provisionalmente a Luis Pérez Fernández el control del denominado "Canal Alvise". Entre esos indicios, señala que el investigado se encontraba al frente del canal, que este se identificaba públicamente con su persona, que había reconocido su vinculación con él y que el canal funcionaba como instrumento de difusión de mensajes dirigidos a una audiencia muy numerosa.
Las otras cinco causas del eurodiputado
El Tribunal Supremo ya ha abierto cinco procedimientos previos al eurodiputado Luis Pérez Fernández. Una de ellas es por presuntos delitos de falsedad e injurias tras difundir una supuesta PCR falsa del presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, en 2021. Otra se refiere a los mensajes difundidos en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia Susana Gisbert.
La tercera causa, investiga presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por la presunta recepción de 100.000 euros para su campaña electoral. La cuarta está relacionada con presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su formación "Se Acabó la Fiesta", tras las elecciones europeas de 2024. La quinta deriva de la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales.
