17M: Los andaluces deciden si el PP seguirá dependiendo o no de Vox
- PSOE y PP protagonistas, para mal, de la crónica judicial
- Con los alquileres en el aire el Gobierno intentará resetear el decreto tumbado por el Congreso
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Es una semana repleta de noticias de todo tipo, algunas de ellas escandalosas. Empecemos con las buenas, hablando del día en el que los andaluces tendrán todo el poder en sus manos con su papeleta. Son 8,7 millones de andaluces los que decidirán su futuro el 17 de mayo.
La comunidad autónoma más poblada es la esperanza del PP para ver si consigue romper su dependencia de Vox. Los andaluces le dirán a Feijóo si le dan un respiro ante la exigencia de Abascal de imponer la "prioridad nacional", que han colocado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y, previsiblemente, en Castilla y León, o si también tienen que tragar ese sapo en Andalucía.
Moreno Bonilla arranca, según las encuestas, al límite de la mayoría absoluta que le permitiría seguir gobernando en solitario. La crisis de los cribados, que le hizo tambalear, parece ahora lejana.
También los socialistas, que perdieron hace 7 años su mayor bastión electoral tras décadas, se la juegan. Su reto es llevar a las urnas a quienes les votan en las elecciones generales y se quedan en casa en las autonómicas. Su objetivo, admiten en privado, es mantener lo que tienen con la candidata elegida por Pedro Sánchez. La recién llegada María Jesús Montero sabe que sus posibilidades de gobernar son muy escasas. Es improbable incluso que le salgan las cuentas en coalición con los partidos a su izquierda, que siguen divididos y, por tanto, echando a la papelera votos que no suman para subir en escaños.
Si a Montero le va mal será, de nuevo, un fiasco de la estrategia de Pedro Sánchez, poniendo ministros como candidatos autonómicos.
El caso de las mascarillas en primera plana
El objetivo de Aldama quedaba claro desde el minuto cero. Sin pruebas, intentaba implicar a Pedro Sánchez y al PSOE por financiación ilegal. Afirmaciones sin correr riesgo legal si mentía, ya que los acusados, como es el caso del comisionista, pueden mentir al tribunal.
El titular de su larga comparecencia era que: "Si había una banda criminal —decía Aldama—, el señor presidente está en el escalafón uno, el señor Ábalos en el dos, el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro".
Según algunos juristas, Aldama ya tenía el meollo de su defensa con esa frase y al afirmar que Koldo le dijo que parte del dinero iba a financiar al PSOE. Y, lo más importante, afirmaba el comisionista que Koldo García le aseguró que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo.
Una afirmación desmentida después por el propio Koldo García, exasesor del exministro Ábalos. Contaba Koldo García al tribunal que no ha hablado con Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa.
García, además, negaba que el PSOE recibiera dinero en B, que "no coge dinero de nadie". Sin embargo, sí confirmaba que las conocidas "chistorras" eran referencia a billetes de 500 € y que algunos eran del PSOE para devolverle pagos previos. Ferraz, que intenta de nuevo personarse en el caso, lo niega.
En los tribunales también el caso Kitchen
El caso Kitchen, en el que está implicado el PP, cobraba relevancia con las declaraciones del inspector que investigó la Gürtel, la financiación ilegal del PP por la que fue condenado ese partido.
Decía Manuel Morocho que, cuando llegó el Gobierno del PP y tomó la batuta de la policía, empezaron a "torpedear su trabajo". Que se redujo el número de investigadores de la Gürtel y que intentaron sobornarle.
Ante el tribunal, el policía que investigó la Gürtel aseguraba que el caso Kitchen "fue una operación policial contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y sin autorización judicial".
El inspector, además, contaba que sus jefes, ahora imputados —incluido el exministro del Interior Fernández Díaz—, le presionaron para que eliminara de sus informes policiales los nombres de Mariano Rajoy, de Dolores de Cospedal y de su marido.
Según el policía nacional —ahora destinado en una comisaría de distrito de Madrid—, sus superiores intentaron quitarle de en medio ofreciéndole un puesto mejor y con más sueldo fuera de España, una propuesta que Morocho rechazó.
Su testimonio desmonta, por ejemplo, la declaración del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ante el juez solo reconoció una operación policial "legal" para descubrir el dinero escondido por su tesorero, Luis Bárcenas.
También esta semana comparecía ante el mismo tribunal la exvicepresidenta y máxima responsable del CNI con el Gobierno del PP, la mujer con más poder entonces. Soraya Sáenz de Santamaría limitó sus respuestas a "no sé" o "no lo recuerdo". Amnesia, igual que Rajoy.
Los inquilinos se preguntan: ¿Y ahora qué?
Los reproches entre los dos partidos del Gobierno de coalición se reproducían en el Congreso después de que los "noes" de la derecha y la ultraderecha —PP, VOX, Junts—, más la abstención del PNV, tumbaran el decreto de alquiler que daba garantías a miles de inquilinos.
Y, de nuevo, la escenificación del enfrentamiento dentro del Gobierno. Primero, en Moncloa, los ministros de Sumar se plantaron diciendo que no entrarían al Consejo si no se aprobaba el decreto de alquiler. El martes de esta semana, los ministros del PSOE se desquitaban: ni un solo ministro socialista, ni siquiera el de Vivienda, asistía al pleno.
No parece propio de un Gobierno esas rencillas que terminan perjudicando a los ciudadanos, además del espectáculo. El malestar PSOE-Sumar por este tema es evidente.
Y lo peor, lo grave, es el limbo en el que han dejado a los inquilinos. Una situación que quizás se supere, según fuentes del Ministerio de Vivienda, recogiendo en la ley bonificaciones en el IRPF para los arrendatarios y que podrían contar con el apoyo de Junts y del PNV. Eso sí, el sector socialista del Ejecutivo condiciona su presentación a que se consigan los apoyos antes de volver a llevarlo al Congreso.
Genuflexión dialéctica de Sánchez ante un PNV muy enfadado
La portavoz del PNV en el Congreso lanzaba una advertencia al presidente del Gobierno. Primero recordándole la "aritmética parlamentaria" que necesita para acabar la legislatura. Y añadía, desafiante, Vaquero: "Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no".
El enfado mayúsculo del PNV lo desataba un impertinente post del Partido Socialista de Euskadi. Usando la IA, aparecía en X Aitor Esteban, presidente del PNV, ridiculizado tirándose a la piscina. Era la respuesta del PSE a una hipotética reforma del Estatuto de Gernika.
Así que Pedro Sánchez no dudaba en afirmar ante el pleno del Congreso, mirando a Maribel Vaquero, que "por supuesto que quiero compañía, y además buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco".
Genuflexiones dialécticas que, según fuentes de Moncloa y del PNV, han recompuesto la colaboración bilateral. Recordemos que también el Gobierno vasco necesita del PSE.
