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Crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía: de los primeros fallos a las dimisiones

  • Las primeras denuncias por los errores en la comunicación y retrasos se remontan a comienzos de 2024
  • Los problemas de la sanidad pública andaluza han provocado la dimisión de dos consejeras de Salud en esta legislatura
Imágenes de la concentración frente a la sede del SAS. 8 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.
Imágenes de la concentración frente a la sede del SAS este miércoles en Sevilla, Andalucía. EUROPA PRESS
RTVE.es

Este miércoles, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha tomado medidas ante una crisis sanitaria que afecta a unas 2.000 mujeres y que se viene gestando desde hace más de un año y medio.

Moreno ha anunciado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras el escándalo del programa de cribado de cáncer de mama. En una comparecencia a las 20:30 horas, el presidente ha confirmado haber aceptado la renuncia "para restablecer la confianza en el sistema público de salud", subrayando que la Junta "actuó en cuanto tuvo conocimiento del problema". No obstante, ha admitido que la información llegó "tarde".

El conflicto, que en los últimos días ha captado gran atención mediática, tiene su origen a principios de 2024, cuando diversas asociaciones de pacientes alertaron sobre fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas diagnósticas.

Primeras alertas y denuncias

Las primeras señales de que algo no funcionaba correctamente en el programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama comenzaron a aflorar a enero de 2024. Varias pacientes, al acudir a sus revisiones en hospitales como el Virgen del Rocío de Sevilla, detectaron retrasos anormales en las citaciones y falta de comunicación sobre los resultados de las mamografías.

En febrero, el abogado de la asociación Amama, Manuel Jiménez, presentó una de las primeras denuncias formales ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tras comprobar que algunas mujeres no habían sido informadas de los resultados de sus pruebas durante más de un año. A lo largo de los meses siguientes, los casos aislados se multiplicaron.

Durante el verano de 2024, Amama trasladó directamente a la entonces consejera de Salud, Catalina García, su preocupación por los retrasos y por la falta de respuesta ante los cribados con resultados "no concluyentes". Aunque la Consejería se comprometió a ampliar la cobertura del programa, no adoptó medidas para corregir los fallos de comunicación que ya afectaban a decenas de mujeres. Las denuncias se quedaron en el fondo del cajón.

Del silencio administrativo al escándalo público

Pese a las advertencias, el problema permaneció silenciado más de un año. No fue hasta finales de septiembre de 2025 cuando la Cadena SER destapó que unas 2.000 mujeres estaban en un limbo diagnóstico: se habían sometido a mamografías cuyos resultados no habían sido comunicados por el SAS.

En un primer momento, la consejera de Salud, Rocío Hernández —que había asumido el cargo a finales de julio de 2024— restó importancia al asunto, limitándolo a "tres casos puntuales". Sin embargo, un día después, la propia Junta reconoció que la cifra ascendía a miles de mujeres y habló de "fallos en la comunicación interna".

La presión mediática y social obligó al Gobierno andaluz a reaccionar. El presidente Juanma Moreno Bonilla ordenó una investigación urgente y el SAS admitió la existencia de deficiencias graves en la coordinación entre Atención Primaria y Radiodiagnóstico, así como en los protocolos de notificación de resultados dudosos.

Dimisión de la consejera de Salud

El escándalo ha alcanzado su punto máximo este miércoles 8 de octubre, cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha confirmado la dimisión de la consejera Rocío Hernández, apenas unos días después de reconocer la magnitud del fallo.

En una comparecencia pública, Moreno ha agradecido "el trabajo y la dedicación" de la consejera, pero ha admitido que "la gestión de esta crisis ha sido deficiente" y que era necesario "restablecer la confianza en el sistema sanitario andaluz".

En su última comparecencia pública, el 3 de octubre, Hernández había descartado dimitir, argumentando que eso sería "lo fácil" y que su responsabilidad era informar a las afectadas y mejorar el programa de detección precoz. Sin embargo, la presión social y política ha hecho inevitable su renuncia.

Por su parte, la oposición ha exigido responsabilidades políticas más amplias. Desde el PSOE andaluz han calificado lo ocurrido como "uno de los mayores escándalos sanitarios en la historia reciente de la comunidad", mientras que Por Andalucía ha reclamado una comisión parlamentaria para esclarecer si hubo ocultación deliberada de datos. Vox, por su parte, ha pedido "una reestructuración completa" de la Consejería de Salud.

Reacciones ciudadanas y protestas: "Nuestra vida no puede esperar"

Tras conocerse la noticia, la indignación social se ha manifestado de inmediato en diversos puntos de la comunidad. El mismo día de la dimisión de Hernández, cientos de personas se han concretado frente al Parlamento de Andalucía y en distintas capitales de provincia bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”. Las movilizaciones, convocadas por colectivos feministas y asociaciones de pacientes, han exigido "verdad, justicia y garantías" para que el error no vuelva a repetirse.

Entre las manifestantes se han encontrado mujeres afectadas directamente por los fallos en el cribado, algunas de las cuales han denunciado haber descubierto su enfermedad en estadios más avanzados. “Cada mes que pasa cuenta. Nos quitaron tiempo y oportunidades de curarnos”, ha declarado una de ellas a los medios.

Durante la concentración en Sevilla frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado que las mujeres seguirán "en pie por la lucha, por defender nuestra salud y nuestras vidas" y que ultiman acciones judiciales.

Las asociaciones médicas también se han sumado al reclamo, señalando que la falta de recursos humanos y tecnológicos había sido una constante desde hacía años en el sistema de cribado andaluz.

La Junta responde con un plan de choque

En un intento de frenar la crisis, el Gobierno andaluz también ha anunciado un plan de choque sanitario destinado a revisar todo el sistema de cribado de cáncer de mama. La medida incluye una inversión inicial de 12 millones de euros, la contratación de 119 nuevos profesionales entre radiólogos, técnicos y personal administrativo, y la actualización completa del software de gestión de citas y resultados.

El presidente Moreno ha asegurado que el objetivo es "normalizar el programa antes del 30 de noviembre" y que todas las mujeres afectadas recibirán atención prioritaria. Además, se ha comprometido a publicar un informe detallado sobre el alcance del fallo y sus consecuencias. Moreno dará este jueves explicaciones en el Parlamento Andaluz sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha solicitado a la Junta un informe técnico y no descarta una revisión conjunta de los protocolos de cribado a nivel estatal. Asimismo, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias tras la denuncia de la asociación El Defensor del Paciente. El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, también anunció el viernes que iniciará una investigación de oficio tras los fallos detectados.

Crisis en la sanidad pública andaluza

Los problemas de la sanidad pública andaluza han provocado la dimisión de dos consejeras de Salud en esta legislatura. Y es que Hernández sucedió a Catalina García, que a su vez reemplazó a Jesús Aguirre, elegido presidente del Parlamento andaluz tras las elecciones de 2022. Los tres consejeros provenían del ámbito sanitario y no tenían perfil político: Aguirre era médico de familia, García, enfermera, y Hernández, pediatra y directora-gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte.

Durante su mandato, Catalina García tuvo que enfrentar listas de espera y negociaciones con sindicatos, mientras que Hernández asumió un contexto marcado por protestas ciudadanas y críticas por la gestión de contratos con clínicas privadas. La oposición ha denunciado continuamente riesgos de privatización, llevando incluso casos a los tribunales.