La corrupción, los casos de acoso y los adelantos electorales protagonizan un año político en clave judicial
- Las relaciones entre socios parlamentarios se tensan ante los casos de acoso y la proximidad de elecciones
- El apagón, la guerra en Gaza o el gasto en defensa también han marcado el intenso ciclo político
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Llega a su fin un año igual o más cargado de crispación y tensión política que el anterior. 2025 ha estado plagado de titulares sobre los choques tanto de socios como rivales fuera y dentro del hemiciclo. Pero sobre todo, de novedades en el sector judicial, con sentencias inéditas y múltiples frentes abiertos, que han llevado a cuestionar una vez más la estabilidad de la legislatura. Y es que el Gobierno ha cerrado el último periodo de sesiones con un panorama parlamentario lleno de incógnitas de las que no obtendremos respuestas hasta el nuevo año.
Si hubiera que resumir todo lo ocurrido a lo largo de estos doce meses en solo tres palabras, podríamos decir 'audios', 'UCO' o 'acoso' para dar un rápido vistazo a los temas que han marcado la agenda. También podríamos hablar de nombres propios: Álvaro García Ortiz, Teresa Peramato, Santos Cerdán, Carlos Mazón... Estas son las claves del año político que termina:
La primera condena a un fiscal general
La agenda política de este 2025 ha estado especialmente marcada por los tribunales. Aunque las investigaciones de la mayoría de los procedimientos no habían comenzado este año, sí han ido evolucionando o incluiso terminando a lo largo de este curso. Uno de los más relevantes ha sido el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado por revelación de secretos sobre la investigación por delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La causa llegó a su fin el pasado 20 de noviembre, cuando se anunció el fallo: dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. Según el Supremo, hay "indicios acreditados" de que fue García Ortiz, o alguien de su entorno, quien filtró el correo de la defensa del empresario, como una llamada de cuatro segundos con un periodista o la urgencia con la que actuó. No obstante, hubo un voto particular de dos de las magistradas de la sala que expresaron su "discrepancia absoluta". "No se describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios tiene lugar esa llamada 'intervención directa'" del fiscal general", argumentaron.
Una controvertida sentencia para un caso de alto voltaje que ha abierto intensos debates sobre 'lawfare', la instrumentalización de la Justicia, la autonomía de la Fiscalía General del Estado o la influencia del sector político, con señalamientos tanto a La Moncloa como al Gabinete de Ayuso.
El impacto del caso también llegó a la institución con la dimisión de García Ortiz, que trasladó a través de una carta su "profundo respeto a las resoluciones judiciales". La elegida para relevarle en el cargo fue Teresa Peramato, una mujer con amplia trayectoria en materia de violencia de género y que, a diferencia de su predecesor, recibió el aval del Poder Judicial.
Los tres protagonistas: Ábalos, Koldo y Cerdán
Pero si hay tres nombres que han resonado este año, esos han sido los del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, todos ellos investigados tanto en el Tribunal Supremo (por la condición de diputado de Ábalos) como en la Audiencia Nacional por un presunto entramado de comisiones.
Lo que empezó en 2024 con una investigación por presuntas 'mordidas' en la venta de mascarillas de la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, acabó convirtiéndose en una macrocausa por la supuesta contratación irregular de la expareja de Ábalos en empresas vinculadas al Ministerio de Transportes y pagos de viajes y alquileres vacacionales de origen aparentemente poco transparente.
Pero fue en junio de este año cuando el caso desató el verdadero terremoto político. El juez imputó a Santos Cerdán. Desde ese momento, el goteo incesante de datos comenzó a través de los ya más que conocidos informes de la UCO de la Guardia Civil. Según los documentos policiales, el entonces 'número tres' del partido había gestionado una trama de adjudicaciones de obra pública, que se habría iniciado en Navarra y extendido a otros puntos del país. Proyectos como la reforma del puente del Centenario de Sevilla o los túneles de Belate podrían haber sido concedidos a dedo por mediación de los implicados de la trama, que recibían a cambio dinero, favores y regalos.
Esta investigación partía sobre todo de las grabaciones que de forma activa fue haciendo Koldo García, aprovechando su posición como hombre de confianza de Ábalos. Durante meses, recopiló a escondidas conversaciones en persona y por teléfono, en las que quedaban patentes las peticiones de facturas o los pagos en efectivo. También el 'código secreto' que utilizaban para hablar de dinero. Las "chistorras", "soles", "lechugas" y "folios" pasaban de ser objetos cotidianos a hacer referencia a los billetes.
Con los avances en el caso, el juez Ismael Moreno ordenó el ingreso en prisión provisional de Cerdán, que estuvo durante cinco meses en la cárcel de Soto del Real. En esa misma institución ingresarían, ya en noviembre, Ábalos y Koldo para quedar a la espera de juicio por la pieza original, la compraventa de mascarillas. El último golpe para el PSOE llegó en diciembre con la apertura de una pieza separada y secreta para investigar los cobros en efectivo del partido.
Los casos de corrupción se enredan
No fueron los únicos casos de corrupción que coparon las portadas. Hay al menos otros tres procesos judiciales que cercan al PSOE: el caso Begoña Gómez, que será juzgada próximamente por un jurado popular; el de David Sánchez, que también podría ir a juicio en mayo de 2026 por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias; y la causa abierta contra la exmilitante socialista Leire Díez.
Esta última, conocida ahora por muchos como la "fontanera de Ferraz", saltó a los medios a raíz de la publicación de unos audios en los que pedía datos comprometedores del teniente coronel de la UCO Antonio Balas. El objetivo, según el juez instructor, era encontrar información sensible para silenciar a los agentes que investigan diversas tramas corruptas. Y las investigaciones no quedaron ahí. En diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó su detención, junto al expresidente del SEPI, Vicente Fernández, y Antxón Alonso, socio empresarial de Cerdán, por unos supuestos contratos irregulares que podrían enlazar el caso de Leire Díez con el de Koldo. Un posible nexo entre causas que ha llevado a muchos a desenterrar los viejos fantasmas del pasado de la corrupción política española.
Las supuestas corruptelas, sin embargo, no entienden "de derechas o izquierdas" y han traido más causas judiciales vinculadas con otros partidos. Ejemlo de ello es el exministro 'popular' Cristóbal Montoro, quien se ha visto imputado por sorpresa (la instrucción ha estado bajo estricto secreto de sumario varios años, incluso para los propios investigados) por una presunta trama corrupta en las más altas instancias del Ministerio de Hacienda. Según el juez, Montoro era el eje central, ya que fue su despacho Equipo Económico el que recibía los pagos, pero podría haber más ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy y la Administración con un papel "decisivo" en el caso.
Por otro lado, tras años de diligencias, la Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo a toda la familia Pujol por una supuesta red corrupta de obtención, ocultamiento y blanqueo de una importante fortuna. El juicio comenzó en noviembre y está previsto que continúe en enero de 2026.
Las denuncias de acoso ponen contra las cuerdas al PSOE
Los grandes partidos han aprovechado el aparente descanso electoral de este año para acometer cambios y renovar sus estructuras. El PP, por ejemplo, organizó un cónclave en el que estableció su hoja de ruta para los próximos ciclos políticos y nombró a Miguel Tellado y Ester Muñoz como nuevos secretario general y portavoz parlamentaria, respectivamente. El del PSOE llegó poco después, pero con unas circunstancias ligeramente diferentes.
En plena vorágine por el caso Koldo, Sánchez convocó al Comité Federal para atajar la crisis con una reestructuración interna. Apenas unas horas antes de la cita en la sede de Ferraz, una información periodística prendía la mecha de un nuevo escándalo. Dos trabajadoras habían denunciado por acoso sexual a un asesor de Moncloa, Paco Salazar, que estaba apunto de tomar posesión de su cargo como adjunto de la Secretaría de Organización.
Salazar dimitió y el PSOE anunció que se abría "diligencias inmediatas", pero las voces críticas en el seno del partido, ahora convertido en un polvorín, no tardaron en surgir. Dirigentes socialistas, secretarias de Igualdad de las federaciones autonómicas y otras refrencias del partido cargaron contra la lenta e insuficiente respuesta de Ferraz. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, tuvo que comparecer para pedir perdón, aclarar las dudas y anunciar medidas, como mejoras en el protocolo antiacoso y campañas internas de sensibilización. Pero el 'me too' político ya había comenzado y salieron a la luz otros posibles casos en diferentes territorios, como Lugo, Valencia o Córdoba.
La legislatura, en la cuerda floja
La sucesión de los presuntos casos de acoso y de corrupción han terminado por pasar factura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no solo recibe los dardos de la oposición. También ve peligrar los apoyos de sus socios de investidura, que exigen una respuesta ante "esta hemorragia de escándalos".
La presión llega incluso al propio Consejo de Ministros de la mano de Sumar, que pide una remodelación profunda del Gobierno para continuar con la coalición, si bien de momento no hay visos de ruptura. De momento, Sánchez solo ha acometido dos pequeños cambios que habrá que ver si sirven para amainar la tormenta: el nombramiento de Elma Saiz como nueva portavoz del Ejecutivo y el de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, al frente del Ministerio de Educación.
A ello se suma la pérdida de confianza de Junts, que ve cómo llegados al ecuador de la legislatura no se han cumplido todas sus exigencias, marcadas en los pactos de Bruselas. Pese a que el Ejecutivo anunció un real decreto que incluía los acuerdos pendientes con los de Carles Puigdemont, la relación no ha mejorado. "No hay conversaciones y no va a haber negociaciones", aseguró la portavoz del partido, Míriam Nogueras.
El pulso PP-Vox fuerza los adelantos electorales
El otro meollo político del año ha estado centrado en el pulso que PP y Vox han mantenido tanto en la arena nacional como los territorios. En octubre, sin ir más lejos, los líderes de ambos partidos entraron en el 'cuerpo a cuerpo' con reproches mutuos por "mentir", hacer "pinzas" y por estar más preocupados por competir por su electorado que por sacar a Sánchez de la Moncloa.
Este choque se extrapoló a las comunidades gobernadas por el PP, especialmente aquellas donde formaron coalición con Vox hasta el año pasado. Ejemplo de ello son Extremadura y Aragón, donde sus presidentes autonómicos se han visto abocados a adelantar las elecciones por no lograr recabar el apoyo de los de Santiago Abascal para los presupuestos.
En el caso de Extremadura, María Guardiola ha logrado ganar las elecciones, pero lejos de la mayoría absoluta, lo que le obliga a aparcar las diferencias y buscar un punto de entendimiento con Vox. Abascal ya ha dejado "la pelota en el tejado" del PP, pero advierte de que si quieren el respaldo de su formación, sus votos no pueden ser "invisibilizados".
Mazón dimite entre las sospechas sobre su paradero el día de la dana
Un año después, sigue presente la dana que acabó con más de 220 vidas y cuya gestión ha puesto en jaque la legislatura de Carlos Mazón. Tras el tenso funeral de Estado, donde los afectados exigieron responsabilidades políticas, el jefe del Consell anunció que dimitía. Eso sí, sin un adelanto electoral, como pedía la oposición. Cedió la batuta a Juanfran Pérez Llorca, que fue investido con el 'sí' de Vox.
En paralelo, el Juzgado de Catarroja ha seguido indagando en la gestión de la dana y a medida que avanza surgen más dudas sobre las acciones de Mazón la tarde del 29 de octubre de 2024. Entre su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana y su llegada al Cecopi, sigue habiendo un vacío de información de varias horas.
De momento poco se sabe de lo que hizo, aunque la polémica estuvo servida con la publicación de un chat en el que Mazón respondió con un escueto "cojonudo" al mensaje que le envió su entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, comentándole que su preocupación por el barranco del Poyo.
Israel, EE. UU., la OTAN o el gasto en defensa
La política también ha sido convulsa de cara al exterior. Con dos conflictos en el punto de mira de Occidente –la guerra en Ucrania y los ataques a Gaza–, Estados Unidos presionó a los países de la OTAN para incrementar el gasto militar. Los aliados acordaron aumentarlo hasta el 5% del PIB. Solo hubo uno que no se sumó a este compromiso: España.
Sánchez defendió que con un 2,1% del PIB podía seguir cumpliendo con sus capacidades militares en el seno de la Alianza. Y para alcanzar ese porcentaje, el Gobierno anunció una partida de 10.471 millones de euros para material y vehículos de defensa, desarrollar capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad, o reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales.
Pero el gesto no gustó al presidente estadounidense, Donald Trump, que desde entonces ha expresado sin tapujos su descontento, hasta el punto de que amenazó a España con aranceles. "Creo que es algo muy feo, es una falta de respeto con la OTAN", aseguró el mandatario.
Estas tensiones se han replicado también con Israel por la guerra en Gaza. La relación diplomática ha tocado fondo este 2025, con acusaciones cruzadas, anuncios de sanciones a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego y la llamada a consultas de la embajadora española en Tel Aviv. En este contexto, Sánchez anunció nueve medidas para "añadir presión" a Israel: el embargo de armas a Israel por ley y la prohibición de entrada en nuestro país a quienes participen en el "genocidio".
El gran apagón
La mañana del 28 de abril, la península Ibérica se quedó a oscuras. Ni luz, ni cobertura. Durante varias horas, España estuvo sumida en un inédito apagón que, según los informes, tuvo un origen multifactorial y del que aún no se han determinado responsabilidades, aunque ha derivado en un cruce de acusaciones entre el operador del sistema, Red Eléctrica, y las compañías eléctricas.
El apagón también desató una nueva guerra parlamentaria, con dos comisiones de investigación distintas -una del PP y otra del PSOE- y duros rifirrafes en las sesiones de control en el Congreso.
En uno de sus ya habituales cara a cara, Feijóo volvió a exigir a Sánchez su dimisión, esta vez por llevar al país "al colapso" y por tratar de desplegar un modelo energético "ideológico" basado únicamente en las renovables. El Gobierno defendió su gestión de la incidencia con "coordinación, rapidez y transparencia" y aprobó un decreto con medidas para reforzar el sistema eléctrico.
El país de las 6.000 fosas
Aunque quedan pocos días de que las campanadas traigan consigo el futuro que llega, para concluir el resumen de este 2025 hay que echar un último vistazo al tiempo pasado. Concretamente 50 años atrás, cuando la frase "Franco ha muerto" marcó el principio del cambio para la sociedad española. La muerte del dictador daría paso, con mucho esfuerzo político y social, a la Transición y a la democracia.
Para conmemorar esta efeméride, el Gobierno ha llevado a cabo un centenar de actos, como conferencias, ceremonias de homenaje o exposiciones de arte, centrados en el avance de las libertades en España en este medio siglo.
Aunque el primer acto que se llevó a cabo en enero estaba abierto a las disintas fuerzas parlamentarias, PP y Vox declinaron su asistencia. Desde ambos partidos coincidieron en que el presidente lo único que buscaba era "desviar la atención" de los problemas que le rodean. Para el Gobierno, en cambio, solo fueron meras excusas. Tampoco acudió Podemos, para quien el programa se quedaba "corto" y que alegó que no habían sido invitados.
También hubo un espacio dedicado a la memoria en RTVE. El proyecto documental El país de las 6.000 fosas recoge el primer mapa histórico de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo de toda España, donde puedes descubrir las miles de fosas registradas y recuperar las historias de algunas de las víctimas.
