Caso Pujol: historia de una fortuna oculta
- La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a partir de este lunes a toda la familia Pujol por su fortuna oculta
- Repasamos los hitos desde el comunicado de Jordi Pujol sobre la herencia de su padre a la apertura del juicio oral
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"Lamentablemente nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia", confesaba Jordi Pujol en un comunicado publicado el 25 de julio de 2014. Una "deixa" de su padre, Florenci, que había mantenido oculta por más de 30 años. 140 millones de pesetas en dólares de los de 1980.
Una fortuna que Pujol decidió que gestionara una persona de máxima confianza: "No quise saber nunca el más mínimo detalle". Hasta que en 1990 se hizo cargo el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
Pujol fue presidente de la Generalitat hasta el 2003. Pero esta confesión la firmó 11 años después. Se vio "obligado", escribió, ante "las informaciones aparecidas desde hace casi dos años en relación a los miembros de mi familia más directa y a las insinuaciones escritas sobre el origen de los medios económicos".
El 'expresident' que condujo durante 23 años la Cataluña de la transición perdía su legado político en una página y media. Su arrepentimiento y solicitud de perdón fueron acompañados de la pérdida de su sueldo y de todas sus prerrogativas de 'expresident'. Aunque el tiempo le ha retornado el "molt honorable".
Pero en realidad, la confesión no era el origen del caso Pujol. Sino su implosión.
El origen de la investigación en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ya estaba tras el origen de la fortuna del primogénito de la familia desde 2012, cuando una examante, Victoria Álvarez, le denunció. Afirmó ante la UDEF que "junior" llevaba a Andorra grandes cantidades de dinero en efectivo y detalló viajes, cuentas o movimientos bancarios. El juez Pablo Ruz se hizo cargo de la investigación y de las primeras comisiones rogatorias para rastrear sus operaciones. Hasta que en abril de 2014 le imputó, junto a su mujer Mercè Gironès, por blanqueo de capitales y delito fiscal.
Por ese entonces Oriol, el único de los siete hijos del expresident que había escogido seguir su estela en la política, ya estaba imputado por otro caso ajeno al de la fortuna. Siendo secretario general de CDC le procesaron por los amaños en las concesiones de ITV. Acabó condenado a dos años y medio por cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias. Pasó dos meses en la cárcel.
Y aunque en su confesión Jordi Pujol decía que "de los hechos descritos y de todas sus consecuencias soy el único responsable", toda la familia, incluida su mujer Marta Ferrusola y los siete hijos, acabaron compareciendo ante la justicia como investigados. Primero en los juzgados de Barcelona, en enero de 2015. Y luego en la Audiencia Nacional, donde se unificó la causa, en febrero de 2016. Ahora ante el juez José de la Mata.
Un año después, en 2017, Jordi Pujol Ferrusola ingresó en prisión provisional y no salió hasta pagar una fianza de medio millón de euros, 8 meses después.
Apertura del juicio oral
En 2021, casi 9 años después del inicio de las pesquisas, el juez Santiago Pedraz abrió el juicio oral para enviarlos a todos al banquillo. Menos a Marta Ferrusola, que quedó exonerada por su estado de salud. Falleció en julio del año pasado.
La versión de la herencia fue completamente descartada por los distintos instructores. "No se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable", consta en el sumario. La fortuna de los Pujol, según fiscalía, la consiguió el expresidente catalán aprovechando su posición política, tejiendo "una red de clientelismo, hasta el punto de constituir un entramado" que implicaba a empresarios afines a CDC. Entre ellos, se repartían los "sobresalientes beneficios de concursos públicos" que dependían de administraciones bajo el control de su partido. Su patrimonio, pues, era "ajeno a sus ingresos legales" y, por eso, tuvo que "ocultarlo" a hacienda y a la sociedad catalana.
Una "organización criminal"
La investigación atribuye la ocultación y afloramiento de los fondos al matrimonio Pujol. La gestión de los beneficios a Jordi y Josep Pujol Ferrusola y a Mercè Gironès. Y la colaboración para ocultarlos, al resto de la familia. Esto es, concluye fiscalía, actuaban como una "organización criminal". Los empresarios procesados, por su parte, habrían colaborado en el blanqueo del dinero y en la falsificación de documentos.
En los 90 todos los miembros de la familia fueron titulares o dispusieron de fondos en cuentas bancarias en Andorra. En la documentación de la causa constan informes policiales y de hacienda, comisiones rogatorias y otros documentos que, según la fiscalía, dejaron al descubierto cuentas con saldos relevantes en Suiza, transferencias a entidades financieras en Luxemburgo, sociedades instrumentales domiciliadas en Panamá y otras jurisdicciones opacas, operaciones en efectivo o mediante empresas interpuestas por parte de empresarios a cambio de concesiones, uso de testaferros, facturas o contratos simulados… Todo un catálogo de operaciones destinadas, según la acusación, a blanquear el dinero obtenido, supuestamente, de forma ilícita.
Por ejemplo, dice la Fiscalía, "del examen de los saldos en cuentas bancarias y depósitos financieros, de los que disponían en España, resultaba y se ha podido cuantificar que desde el año 2008 hasta el 2012 se produjo un crecimiento que osciló desde los 106.796,66 euros hasta los 12.214.184,65 euros."
Los fondos, continúa el Ministerio Público, salían al extranjero por importes millonarios catalogados como "préstamos" pero eran inversiones no declaradas en España. En otros casos, simulaban la existencia de deudas en el extranjero y así evitaban, dice fiscalía, el embargo del dinero si entraba en España.
Lenguaje en clave: de la "madre superiora" al "capellán"
De la Mata resumía gráficamente el modus operandi de la "organización criminal" de la familia en la página 13 de su extenso auto de procesamiento (509 páginas). "El liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". (…) Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi Pujol Ferrusola ("el capellán de la parroquia"). (…) "El resto de los hermanos, sin perjuicio de su participación individual en determinados "negocios" u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujoli Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran "distribuidos" por este y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito."
Una mecánica que, según la acusación, se mantuvo hasta 2014, cuando todos tenían ya cerradas "estas estructuras fiduciarias". Y la mayoría regularizaron su situación con Hacienda.
Los escritos de defensa
La defensa del expresidente catalán ventila sus argumentos en tres páginas en las que afirma que "nunca en el ejercicio de su alta función pública D. Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio (…) No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas".
Más extensos son los escritos de defensa del primogénito y sus seis hermanos. Y tienen un nexo común: achacan todo a la guerra sucia de la policía patriótica. Así, esgrimen que "la presente causa encuentra origen e impulso en la iniciativa al margen de toda legalidad procesal y control judicial protagonizada por un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que auspiciaron y activaron relato de denuncia enfilada a la incoación misma de la causa. (…) Desplegaron una operativa de acoso coactivo sobre la propiedad y ejecutivos y empleados de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a fin de quebrar su voluntad y deberes profesionales y obtener de ellos información acerca de la familia Pujol Ferrusola, consiguiendo sus fines y obteniendo copia de un pantallazo que sería filtrado a el diario "El Mundo" el 7.7.2014". Días después se produjo la confesión del expresident.
La defensa explica que los 140 millones de 'l’avi' Florenci, un dinero para "cubrir esas contingencias de peligro, incertidumbre e inestabilidad" que él le presagiaba a Jordi Pujol, "se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación. Lo que supuso recibir D. Jordi Pujol Ferrusola para su gestión en 1990 títulos y dinerario por valor de 500 millones de pesetas". Y explica que entre 1990 y el 2000 se obtuvieron intereses del 10 por ciento. Hasta llegar a una liquidación final en favor de la madre y los seis hermanos de 126 millones de pesetas para cada uno.
La defensa carga contra los "siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación, con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales" que, a su juicio, no han evidenciado la comisión de delito alguno. De ninguno de los Pujol.
Otras causas relacionadas con la familia o con el caso
Por el camino quedó archivada, por no resultar "debidamente justificada la perpetración de delito alguno" la causa aparte abierta a Oleguer, el benjamín de los Pujol, en 2014. El juez Santiago Pedraz analizaba operaciones inmobiliarias gestionadas por su empresa Drago capital por valor de tres mil millones de euros. Fue detenido en 2014 por blanqueo y fraude fiscal. Y exonerado nueve años después.
Por el camino también, más recientemente, el Tribunal Supremo confirmó la condena al exDAO de la policía nacional Eugenio Pino en el conocido como caso 'pendrive'. Consideró probado que reveló datos reservados de Jordi Pujol Ferrusola que habían sido robados de un lápiz de memoria en una operación que no tenía autorización judicial. El policía, condenado a un año, los incorporó al famoso pendrive y se lo entregó a la UDEF, unidad encargada de la investigación a la familia.
Y en Andorra, la jueza Stéphanie Garcia ha reactivado este verano la investigación de la llamada trama andorrana de la supuesta policía patriótica. Entre los querellados están Mariano Rajoy y algunos de sus ministros, como Cristóbal Montoro o Jorge Fernández Díaz. Supuestamente coaccionaron o chantajearon a Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir información bancaria de políticos catalanes. Entre ellos, la familia Pujol.
