La CEOE anuncia que no acudirá a la mesa de negociación para la reforma del despido
- El presidente de la Confederación, Antonio Garamendi, afirma que la mesa se basa en "una premisa que no es cierta"
- La Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa pide una simplificación normativa
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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que no asistirá a la mesa negociadora de la reforma del despido. Ha afirmado que se basa en "una premisa que no es cierta".
Durante su intervención en la asamblea de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Garamendi ha explicado que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa. Según los sindicatos, en España no se cumple la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido. El presidente de la Confederación ha asegurado que el Tribunal Supremo dio la razón a los empresarios.
Por su parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha argumentado que el despido improcedente no es resarcitorio ni disuasorio para las empresas. Esto ha dejado abierta la puerta a que los tribunales establecieran indemnizaciones más altas de las previstas en la ley, algo que ha rechazado el Supremo.
A pesar de esto, el lunes se abrió la mesa de diálogo social para discutir sobre la reforma del despido con la presencia de la CEOE, que ahora ha decidido no acudir. Los sindicatos CC.OO. y UGT han avanzado que trabajaran juntos de cara a la siguiente reunión, prevista en tres semanas.
Garamendi critica con dureza a Trabajo
Garamendi ha cargado duramente contra el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. En su opinión, el ministerio toma medidas "en sentido contrario" a las necesarias para las empresas y que está "trufando con reglamentos" la normativa. Ha afirmado que tiene "la voluntad de cambiar" lo que han dicho los tribunales, como en el caso del despido, o incluso el Parlamento, con la reducción de la jornada laboral.
Ha criticado que "el parlamento ha tomado la decisión" de no reducir la jornada, pero Trabajo "se saca el registro horario". También ha afirmado que la negociación del salario mínimo intenta "romper el Estatuto de los Trabajadores" o que Díaz ha pedido a los expertos dos propuestas: una con exención de tributar y otra con fiscalidad. Ha afirmado que un salario mínimo sin impuestos significa en realidad "que lo paguen las empresas".
Garamendi ha lamentado que se está provocando una "pérdida de confianza" al querer cambiar una reforma laboral que se había pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal con temas que se decidió dejar fuera. En este sentido, ha lanzado una "llamada al diálogo social" para que las mesas de negociación cuenten con la estabilidad suficiente para poder firmar.
Por otra parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que el crecimiento económico está dejando fuera "al eslabón más débil de la cadena", las microempresas. De Miguel ha asegurado que es necesaria "ya" una "simplificación normativa" de las cargas burocráticas, la fiscalidad, que es "bastante superior a la media europea". En este sentido ha afirmado que "nos encontramos con nuevos intentos de regulación que todavía asfixiarían más a nuestros héroes", las pequeñas empresas, como la reducción de jornada.
Indemnización insuficiente por despido improcedente
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, condenó a España por "vulnerar" la Carta Social Europea por una indemnización por despido improcedente insuficiente y no disuasoria (33 días por año trabajado). El CEDS falló en contra después de una denuncia presentada por CC.OO. y UGT contra España, indicando que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización que corresponda con el daño real ocasionado.
Por su parte, el Supremo, en una resolución emitida en julio (a la que se ha referido Garamendi), considera que una "indemnización adecuada", expresión recogida en el artículo 24 de la Carta Social Europea, resulta "literalmente inconcreta".
Además, el Alto Tribunal defiende que la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización de la legislación española es justa. Según el Tribunal, "esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos".
