La Fiscalía Anticorrupción niega que la investigación a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, tenga un "cariz político" sino que se investigan actuaciones graves de corrupción. Es la respuesta a la avalancha de peticiones de nulidad de la causa que han presentado los investigados por favorecer supuestamente a empresas desde Hacienda. Foto: Eduardo Parra / Europa Press
Un fiscal que expone errores en la justicia. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets). Escúchalo el sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
La Fiscalía Provincial de Madrid considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".
Además de la exmilitante socialista, la Fiscalía Provincial apunta al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
Así consta en el recurso de reforma que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara su decisión de no investigar las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.
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Los ingresos netos obtenidos por la trama en el caso Montoro habrían ascendido a cerca de 48 millones de euros entre 2008 y 2017. Un dinero que empresas del sector energético pagaron, según los investigadores, para modificar leyes en su beneficio. Equipo Económico habría llevado a cabo la actividad presuntamente ilícita hasta 2015, cuando se trasladó a otro despacho, Global Afteli, a raíz de que aparecieran informaciones en prensa denunciando tráfico de influencias.
Los Mossos destacan que el bufete reconoce beneficios de apenas tres millones de euros en esos diez años y que el 60% de los 48 millones de ingresos serían las comisiones que blanquearon a través de pagos bajo el epígrafe de aprovisionamiento. Estos habrían ido a otras sociedades creadas por ellos mismos. Así le daban apariencia legal.
La Fiscalía ve indicios de que el exministro de Hacienda nunca abandonó la actividad de las consultoras mientras ocupaba su cargo en el Gobierno. Desde allí habría favorecido a las renovables ahorrándoles 2.200 millones de euros en los presupuestos de 2013. Por primera vez y contra la opinión de técnicos del Ministerio de Industria, se compensó el déficit tarifario con dinero público. Por este servicio, las empresas habrían pagado a la trama cerca de cuatro millones y medio de euros.
Foto: Ricardo Rubio / Europa Press
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
El Gobierno se ha mostrado convencido de que "la verdad" sobre el caso "saldrá al final", mientras el Partido Popular enmarca esta cuestión en "la vida privada" de Ayuso y pide dejar actuar a la justicia. El jefe de Gabinete de la presidenta, además, dice que será el fiscal general el que acabe en la cárcel.
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Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, da las claves en Las Mañanas de RNE para combatir la corrupción. "Hay que revisar cuál es el escenario que tenemos de normas, de organismos de investigación, de organismos de control que no están trabajando de manera armonizada", destaca. Añade que "la ley de transparencia requiere una reforma, no tiene reglamento todavía, que es la herramienta que permite aplicar las leyes y, por lo tanto, desde el punto de vista normativo, bastante hay que hacer allí".
La presidenta incide en que "da la impresión que la corrupción nunca aflora porque el contrario la denuncia, sino porque internamente hay algún incidente que hace que aflore" y sugiere "una estrategia nacional anticorrupción en la que todos los partidos políticos se comprometan a ella, es decir, que se sienten en una mesa todos como una cuestión común para el Estado de Derecho".
La Fiscalía pide que se le abra una nueva causa por presunta corrupción en los negocios a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. De este modo, sigue adelante con la investigación sobre el presunto pago de casi medio millón de euros, para adquirir una empresa, por parte de González Amador, a la mujer del presidente de Quirón Prevención (una de las empresas sanitarias que más contratos tiene con la Comunidad de Madrid). Según un escrito, al que ha tenido acceso TVE, el fiscal ve en esta operación una posible "comisión encubierta", y abre una pieza separada, oponiéndose al recurso presentado por la defensa de la pareja de la presidenta madrileña.
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