Anticorrupción niega que la investigación a Montoro tenga un "cariz político" y asegura que los hechos revelan "corrupción"
- Así lo expresa la fiscal en un escrito al que ha tenido acceso RTVE en respuesta a las peticiones de nulidad de las defensas
- Se refiere a los e-mails intervenidos a una gasista en los que se habla de influir en reformas fiscales a través del exministro
La Fiscalía Anticorrupción ha negado que la investigación al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, tenga un "cariz político" y ha defendido que los correos electrónicos intervenidos en la causa judicial revelan "actuaciones graves de corrupción realizadas", que "no entienden de ideología política alguna".
Así puede leerse en un escrito, fechado el 21 de noviembre y al que ha tenido acceso RTVE, en el marco del caso que investiga los pagos que realizaron empresas gasistas al despacho fundado por Montoro, Equipo Económico (EE), entre 2013 y 2019, presuntamente a cambio de favores cuando el exministro del Gobierno de Mariano Rajoy ya no formaba parte de la sociedad.
El documento es una respuesta a la "constante y casi unánime" petición de nulidad de las defensas, que consideran que el proceso ha estado contaminado desde el inicio.
Los e-mails de las gasistas que señalaron a Montoro
Anticorrupción se refiere a unos e-mails captados en la entrada y registro a la sede de la empresa Messer Ibérica de Gases en el marco de otra investigación a finales de 2017. En uno de esos mensajes, enviado en 2013, dos directivos comentan que "la vía más directa" para lograr una reforma fiscal que les favorece es pagar a cierto "equipo económico que tienen contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".
El hallazgo fue la piedra angular del posterior 'caso Montoro', que continúo luego con más pesquisas de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para rastrear los pagos y el presunto "entramado societario" que rodeaba al despacho y se entrelazaba con excargos del Ministerio de Hacienda.
"Las actuaciones han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra manera, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales", concluye la fiscal Carmen García.
El bufete Equipo Económico recurrió precisamente los e-mails como prueba. Argumentó que su captura fue "ilegal" por tratarse de un "hallazgo casual" de otra investigación policial, que "no se encontraba amparada" por la orden judicial y que, por lo tanto, supuso una actuación "paralela y prospectiva" realizada "al margen del más mínimo control".
Por su parte, Montoro pidió que se paralizara la causa ante la "inexcusable indefensión" que dice haber sufrido por los siete años en los que el procedimiento estuvo bajo secreto, teniendo además que soportar "reiteradamente interesadas filtraciones".
La Fiscalía señala que las defensas no buscan "la verdad", sino acabar con el caso
La Fiscalía se opone ahora a estos y otros "ingentes escritos" de las defensas, que cuestionan también la "arbitrariedad" del juez instructor. En su opinión, las peticiones de nulidad alegan una "indefensión que no justifican ni concretan".
En primer lugar, Anticorrupción se sorprende de que la "única finalidad" de todos los recursos "no sea la averiguación de la verdad" ni la petición de diligencias para encontrar pruebas de descargo, sino anular las actuaciones que —dice la fiscal— se han practicado con "total profesionalidad y respecto a los principios procesales y constitucionales".
A quienes señalan que se ha llevado a cabo un "procedimiento inquisitorial realizado a espaldas de las partes", les replica que se les ha informado de todas las actuaciones y autos de acuerdo con la ley y que se están respetando los plazos procesales para recurrir. "Contrariamente a lo que se dice pretender, no se han solicitado ningun tipo de diligencia, pese al tiempo ya transcurrido desde el levantamiento del secreto", señala.
El largo secreto de sumario es una de las cuestiones principales en los recursos de los investigados, pero la Fiscalía lo considera útil y necesario para esclarecer los hechos y determinar qué personas estaban implicadas. Cita para ello jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, así como legislación, que le permite igualmente oponerse a los recursos que discuten la competencia de los Mossos d'Esquadra como policía judicial.
Por último, Anticorrupción reprocha que la defensa de un grupo de directivos investigados afirme —"sin rubor alguno", en palabras de la fiscal— que existían "anomalías" procesales "sobradamente" conocidas que revelan el interés del instructor en "alejar el procedimiento de terceras personas por todos los medios".
A esto último, responde: "Pues bien, no alcanzamos a comprender a qué terceras personas se está refiriendo el recurrente, no procediendo que sea la imaginación quien integre la información no revelada".
