El despacho de Montoro pide anular los mails que originaron el caso al considerar "ilegal" la captura hecha por los Mossos
- El recurso de apelación argumenta que fue un "hallazgo casual" de otra investigación y que se hizo sin "resolución judicial"
- Acusan a los agentes de llevar a cabo una investigación "paralela y prospectiva" al margen del "más mínimo control"
Equipo Económico, el bufete que fundó Cristóbal Montoro y que se encuentra en el centro de la presunta trama de influencias entre empresas gasistas y su Ministerio de Hacienda, ha recurrido la principal prueba del caso que ha llevado a la imputación de los socios y del exministro del PP: un e-mail en el que el directivo de una empresa gasista afirmaba que la "vía más directa" para lograr una reforma legislativa que les beneficiara, "como siempre", era "pagar" a cierto "equipo económico que tiene contacto directo" con el entonces ministro, el mismo Montoro.
El recurso de apelación argumenta que la captura del correo electrónico fue "ilegal" por tratarse de un "hallazgo casual" de otra investigación de los Mossos d'Esquadra a la compañía Messer, que "no se encontraba amparada por la resolución judicial habilitante de la entrada y registro".
Así, concluyen que la decisión de los agentes de continuar con las pesquisas se realizó "al margen del más mínimo control judicial", lo que tachan de "investigación paralela y prospectiva" durante los cinco meses desde que se comunica a la autoridad judicial y hasta que el juez lo admite.
"Lo expresado por los agentes no son más que meras sospechas basadas en la ocupación ilegal de unos documentos", reza el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por la procuradora de los tribunales, Maria Escudé Pont, en nombre de Equipo Económico S.L. Montoro dejó la presidencia del despacho y vendió su participación de la sociedad en el 2008, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que "podría no haber dejado de formar parte".
El registro fue más allá de lo autorizado, según su recurso
El recurso describe paso a paso cómo se realizó ese "descubrimiento fortuito" de los e-mails. Los Mossos tenían la orden de registrar las sede de la empresa Messer Ibérica de Gases en Vila-seca y El Morell, dos municipios de Tarragona, en el marco de una investigación de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y la Administración pública por la construcción de una planta de la gasista en El Morell entre 2007 y 2009. Por ello, el propio ayuntamiento de la localidad también fue registrado.
El escrito de la representante de Equipo Económico considera que el juzgado sí limitó "oportunamente" la investigación en un auto, del que destaca su "pulcritud": señala expresamente que, si se "descubrieran hechos nuevos" que pudieran ser constitutivos de delitos distintos a los delimitados por su autorización, debería "comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial" para que definiera los siguientes pasos.
Lo comparan con el hallazgo de armas, drogas o pornografía infantil en el registro de un domicilio, que igualmente exigiría que el juez ampliara la autorización. De este modo, argumentan, queda fuera del registro todo lo que no tenga que ver con la construcción de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell por la empresa Messer entre febrero de 2007 y marzo de 2009.
Después, además, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona decide no abrir una pieza separada, porque no existe conexión "mínima" entre los hechos, sino que decide enviar a reparto el "supuesto hallazgo".
Finalmente, sin esas pruebas, el recurso asegura que no es posible iniciar el caso. "El objeto de toda investigación criminal debe estar delimitado, con independencia de su complejidad, y no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, a un entero ámbito profesional o empresarial o a un fenómeno social por más que sus acciones puedan parecer atroces o lamentables", destacan, con cita a una sentencia del Tribunal Supremo de 2023.
"De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia", añaden.
Consideran que se han vulnerado sus derechos
La representante legal de Equipo Económico solicita que se anulen de la causa todos los correos aportados por los Mossos en su informe de 2018 y los autos relacionados, entre otros, el que acuerda el inicio de las diligencias.
Consideran que la investigación ha violado el artículo 18 de la Constitución, por dañar los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad personal.
También acusan una infracción del derecho a un proceso "con todas las garantías" recogido en el artículo 24 de la Carta Magna. Y, por todo ello, piden la "nulidad" de esas resoluciones.
