La Audiencia Nacional da diez días al PSOE para que entregue el registro de pagos en efectivo entre 2017 y 2024
- El magistrado Moreno abrió una pieza separada sobre los cobros en metálico de Ábalos y Koldo García
- El PSOE aclara que el partido "no está investigado en la causa" y remarca su efectivo tiene "trazabilidad"
La Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE que entregue el registro de pagos en efectivo entre los años 2017 y 2024, junto a toda la documentación que los respalde, en un plazo máximo de diez días. Estas diligencias responden a una petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Koldo.
Así se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso RTVE este miércoles. En el escrito, el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional que investiga los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ha dado a los socialistas diez días para que "facilite al juzgado la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan los mismos". Una vez sean verificados, "se acordará lo procedente".
El fiscal Luis Pastor Motta también solicitaba en su escrito otras diligencias como designar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "policía judicial" en la presente pieza para que elabore un informe a partir de toda la información incautada a los investigados. Moreno ha indicado que resolverá estas peticiones en una resolución aparte.
Cabe recordar que el magistrado decidió este noviembre abrir una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo que se realizaban en la sede socialista de la calle Ferraz a los principales investigados del caso Koldo. Presuntamente, podrían haber utilizado este dinero para blanquear las posibles mordidas que recibían a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública.
El PSOE recuerda que "no están siendo investigados"
Fuentes socialistas han recordado que el partido "no está siendo investigado" en esta causa pese a este requerimiento de información y han mostrado su "compromiso con la transparencia" y su colaboración con la justicia, igual que "han hecho hasta ahora".
Según han detallado, todo el dinero en efectivo que ha abonado el partido a sus dirigentes "tiene una trazabilidad cierta y legal", sin la existencia de "descuadres o liquidaciones no anotadas".
"Actuamos y hemos actuado con firmeza y contundencia frente a cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido", han añadido, asegurando que las cuentas del PSOE "son transparentes, legales y están fiscalizadas".
La información que aportó el PSOE no es "esclarecedora"
El fiscal relató que en el informe policial que se publicó en octubre se pone de manifiesto "la existencia de ciertos pagos en metálico" que "no se han podido confirmar con la correspondencia" entregada por el PSOE en los tribunales: "No se ha facilitado información que pudiera explicar tal discordancia".
Ante estos hechos, Anticorrupción concluyó que la documentación aportada por el PSOE "no es esclarecedora". Tampoco ha quedado claro cuál era el procedimiento, en caso de existir, mediante el que se comprobaban "las facturas presentadas por quienes obtenían compensación en metálico".
En la testifical practicada a los extrabajadores de Ferraz, tampoco quedó "suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gasto"
Estas conductas podrían ser "potencialmente delictivas"
Uno de los testigos precisó que la caja se nutría "de periódicas remesas" que se pedían al banco procedente de la cuenta de funcionamiento del partido. Según la documentación que presentó el PSOE, habrían retirado del banco hasta un millón de euros para hacer estos pagos en metálico en un período de cinco años. Esta cuenta bancaria se nutría con las cuotas de afiliados y cantidades procedentes de donaciones.
De todo lo expuesto, se derivan una serie de incógnitas que deben ser "despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”.
Las investigaciones han puesto de manifiesto unas conductas que "pudieran ser calificadas de un ilícito penal" que van desde "el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido".
