La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el hermano del expresidente Ximo Puig por posible falsedad y estafa
- También solicita tres años de prisión para su socio, Juan Enrique Adell Bover
- El juez considera que ambos utilizaron un entramado para conseguir ayudas por promocionar el valenciano
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La Fiscalía pide una pena de cuatro años y diez meses de cárcel para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, por un posible delito de falsedad y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación, tal y como ha podido confirmar RTVE.
Así figura en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, y que añade que de forma subsidiaria, por el delito de falsedad continuada en concurso real con un delito de apropiación indebida procede imponerle dos años y seis meses de prisión, y tres años de prisión por el de apropiación indebida agravada.
También solicita tres años de prisión —o cuatro de manera subsidiaria— para su socio, Juan Enrique Adell Bover, por el delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, por cooperación necesaria.
El magistrado instructor considera que, para conseguir las subvenciones de promoción a la lengua valenciana en medios de comunicación, los investigados utilizaron presuntamente un entramado de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades que no estaban relacionadas con esa promoción del valenciano. Todo ello, para obtener una subvenciones que se otorgaron a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador.
Indemnizaciones al Gobierno valenciano y al catalán
Además, pide para Puig una responsabilidad civil directa y cree que debe ser condenado a indemnizar a la Generalitat Valenciana una cuantía de 58.866 euros, y a la Generalitat de Catalunya con 51.825 euros, que indica que el total defraudado con MMP SL en el periodo 2015-2018 sube a 110.691 euros.
De esa cantidad, Adell, como cooperador necesario del delito de falsedad y estafa —o subsidiariamente, al de apropiación indebida— cometido por Francis Puig, deberá indemnizar de forma solidaria con él la cantidad de 74.710 euros —facturación de Kriol; Canal Maestrat y NOVA CB—, "repartida proporcionalmente entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya, conforme a las bases reguladoras de sus respectivas subvenciones".
Además, el Ministerio Público asegura que procede declarar a Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, por los hechos cometidos por sus respectivos administradores. También indica que, sobre las medidas cautelares y el derecho a la presunción de inocencia, "procede abrir pieza separada de responsabilidad civil para cada una de las personas acusadas, así como su aseguramiento a través de fianzas o embargo de sus bienes, en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal.
El escrito de la Fiscalía considera que Francis Puig, como administrador de la mercantil Comunicacions dels Ports SA y MMP —a la que considera "empresa ficticia o instrumental"— y Adell "establecieron una relación fraudulenta dirigida a simular gastos entre sus empresas para obtener mayor cuantía en cada una de sus subvenciones".
Reacciones
El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha reivindicado que la Administración valenciana durante la época de Ximo Puig como president "ha tenido cero casos de corrupción", algo que "no puede decir en ningún caso el Partido Popular". Muñoz ha expresado el respeto de los socialistas por la decisión que el juez acabe adoptando en este caso, y ha destacado que serán "respetuosos de verdad" y no intentarán recusar ni "manchar el nombre" del juez.
"Que la justicia tenga que hacer lo que tenga que hacer", ha indicado sobre el caso que afecta al hermano de Ximo Puig, mientras que ha recordado que "no es la primera vez" que se ven decisiones de jueces distintas a las peticiones de la Fiscalía, por lo que hay que esperar a la sentencia, que "es al final lo que cuenta".
Por su parte, el secretario general del PP valenciano y síndic popular, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado en X que la petición de la Fiscalía para Francis Puig "evidencia no solo la presunta estafa de dinero público, sino la absoluta negligencia de Compromís, que evitó que esos fondos volvieran a la Generalitat".
Una querella del PP, la raíz de la investigación judicial
La investigación judicial comenzó con una querella que el Partido Popular presentó en un juzgado de Valencia en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.
A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover porque consideraba que el grupo empresarial de la familia Adell Bover —con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único— contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.
El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. El juez descartó expresamente el delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida, unos 67.500 euros, no alcanza los 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
El objeto de la querella ha sido las presuntas irregularidades en las subvenciones concedidas entre 2015 y 2018 por los Gobiernos valenciano, catalán y aragonés para la difusión del valenciano y para la prestación de servicios comunicativos, a Comunicació del Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat y Kriol. Se ha investigado si esas empresas obtuvieron ayudas de forma indebida, con irregularidades al justificarlas como incluir facturas sin abono acreditado, facturas duplicadas o que no se corresponden con el domicilio social, pedir íntegramente la subvención en las dos Administraciones y justificar los mismos gastos, así como omitir en la solicitud haber recibido otras ayudas con el mismo fin.
