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Uxía González Novoa, portavoz de la Organización de Vivienda de Tetuán (Madrid), explica en 'Las Mañanas de RNE' el caso de Manuel, un hombre de 81 años con problemas de salud que fue desahuciado. No tenía alternativa habitacional lo que ha hecho que desde el mes de septiembre ande malviviendo entre hostales o habitaciones compartidas: "Se ha sentido abandonado, desorientado, no han sabido darle recursos para gestionar esta situación, no ha tenido ningún tipo de alternativa". González denuncia que podría pagarse un alquiler de una habitación, pero las inmobiliarias o los propietarios rechazan concederle el alquiler.

Desde la entidad también denuncian el trato por parte de los servicios sociales, que tampoco brindan apoyo psicológico en momentos así: "caen en los discursos de odios, se deshumaniza a las personas para justificar no darles un recurso".

También explica otro caso en Villalba, donde se desahució a una vivienda por razones de insalubridad, pero sin alternativa se quedan en la calle: "El derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a la vida". Pide al Gobierno leyes efectivas porque incluso donde se aplica la ley de vivienda que limita el precio de los alquileres, los propietarios conseguían sorteara: "deberían poner leyes que realmente protejan".

Eduard Sala, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha recordado este sábado en una entrevista para el Informativo de Fin de Semana del Canal 24h, que no sólo los desalojados se encuentran "en situación de desamparo". La ONG, que estos días ha reubicado a 52 migrantes, atendió en 2024 a un total de 4.800 personas, de las que "casi ocho de cada diez tiene como problema principal la vivienda".

"No imaginábamos que se iba a hacer el desalojo antes de Navidad, sabiendo que las previsiones serían de tiempos tan nefastos", ha criticado, para luego concluir que, desde Cáritas, "tampoco imaginábamos que no había nada preparado".

Foto: EFE/ Quique García

Cruz Roja, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundación Llegat Roca i Pi han concretado este domingo que acogerán a 15 personas con especial vulnerabilidad del grupo que fue desalojado del antiguo instituto B9 de Badalona, que seguían durmiendo en la calle.

El desalojo el pasado miércoles, por orden judicial y a petición del Ayuntamiento de Badalona, del instituto B9, donde se habían llegado a instalar unas cuatrocientas personas, en su mayoría migrantes, dejó a muchas de ellas en la calle y unas cincuenta acabaron acampando bajo el puente de la autopista C-31.

Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

En el contexto actual de precios elevados de la vivienda y de escasez de oferta, sobre todo en alquiler, organizaciones sociales están pidiendo al Congreso que amplíe la moratoria antidesahucios que finaliza el 31 de diciembre. En RNE, Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESCA (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), calcula que esta norma ha estado paralizando los desahucios de más de 60.000 personas hasta finales de 2024. "Estas decenas de miles de familias puede ser que terminen en la calle, porque no hay una alternativa por parte de las administraciones públicas. No hay vivienda social, el mercado desregulado tampoco es una opción con los precios que hay". Desde el DSCA proponen a las administraciones que se convierta en una medida "más estructural". Esta moratoria viene de la pandemia pero los problemas de vivienda, dicen, no. "Los mecanismos para parar desahucios son muy débiles. Pedimos que esta moratoria no sea algo coyuntural y que se transforme en algo de tipo estructural", añade Escorihuela, a la vez que insiste en que se prorrogue esta medida. Entrevista completa en RNE Audio.

RTVE.es estrena el primer tráiler de Olivia y el terremoto invisible, de la directora Irene Iborra Rizo, que se estrenará en salas de cine españolas el próximo 21 de noviembre y que explica los desahucios a los niños. Una película premiada en el Festival de Annecy, que adapta la novela La película de la vida (Barco de Vapor, 2017), de Maite Carranza, que ha vendido más de 24.000 ejemplares en España y ha sido traducida a ocho idiomas. Iborra se convierte así en la primera directora española al frente de un largometraje en stop motion.

Centenares de personas se han concentrado este martes para tratar de evitar el desalojo de la escuela Massana, en el barrio del Raval de Barcelona, y los agentes han cargado contra ellos. El edificio, que funcionaba como un centro social, estaba ocupado desde 2020 y en el momento del desalojo no había nadie en el interior.

Con la derogación del decreto 'ómnibus' quedan en suspenso o decaen una serie de medidas. Entre ellas, y de lo más inmediato, es el levantamiento de la prohibición de desahucio y el corte de suministros básicos a personas vulnerables. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Irene Escorihuela, del Observatorio DESCA, denuncia que muchas familias vulnerables pueden quedar desprotegidas "a partir de ya mismo" con la caída de esta medida. En estos 4 años se han parado unos 58.000 desahucios de familias, según un informe realizado por este Observatorio junto a la PAH sobre el impacto de la moratoria antidesahucios, de las cuales "el 77% ya eran usuarias de servicios sociales". Las organizaciones destacan que esta norma "ha sido muy eficaz" pero consideraban que se podía modificar para ampliar su rango de acción. Ahora sin esta, dice, se encuentran "con menos recursos para poder pararlos".

Cree que esta medida, si va sola, puede tener el apoyo parlamentario suficiente para que se pueda aprobar pero pide rapidez porque "no hay tiempo que perder". "Reivindicamos un Decreto-Ley sobre esta temática", dice Escorihuela, que reconoce que ahora solo tienen los mecanismos "débiles" que establece la reciente Ley de Vivienda.