El Congreso aprueba la subida de las pensiones y tumba el escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts
- Los grupos rechazaron todas las medidas cuando se presentaron en un mismo decreto
- Solo el partido de Santiago Abascal ha votado en contra de la revalorización de las pensiones
El Congreso ha aprobado este jueves la revalorización de las pensiones. La luz verde ha llegado en el segundo intento, tras el rechazo de la cámara hace un mes al llamado decreto "ómnibus", pero el escudo social no ha corrido la misma suerte en su trámite por separado. Los votos de PP, Vox y Junts han tumbado este paquete de ayudas sociales, que incluía la moratoria antidesahucios a familias vulnerables, que rechazan por considerarlo un apoyo a la ocupación de viviendas.
El Pleno ha ratificado también este jueves un decreto de ayuda a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que ha recibido el apoyo unánime de los grupos parlamentarios, pero ha bloqueado otro con el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.
La moratoria antidesahucios queda derogada junto a otras ayudas sociales
Al tumbar el decreto "ómnibus" a finales de enero, PP, Vox, Junts y UPN esgrimieron, entre otros argumentos, que estaban a favor de la revalorización de las pensiones pero no de la moratoria antidesahucios. Por ello, el Ejecutivo dividió finalmente el decreto inicial, uno con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas. En este segundo, además, introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, la bancada de la derecha ha mantenido su posición en contra.
La portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, ha insistido en que el texto avala las "ocupaciones" al poner trabas en el desalojo de una persona en situación de vulnerabilidad económica. Ya en el pleno, la diputada Marta Madrenas ha señalado que el Estado podría destinar 300 millones de euros para "pagar la deuda [de los inquilinos] y hacerse cargo del alquiler mientras dura la situación de vulnerabilidad". "Si el Gobierno quiere, puede evitar cualquier tipo de desahucio innecesario sin cargar el peso a los propietarios", ha subrayado. El grupo ha registrado una proposición no de ley que incluye esta alternativa, entre otras instancias.
Al margen del contenido, el PP ha cargado contra lo que considera es una "deriva antidemocrática" del Gobierno, al que ha reprochado el uso recurrente de los decretos ley. "No nos dejan ni presentar enmiendas, las envían al congelador de la señora Armengol", ha afirmado el diputado José Vicente Marí Bosó, en referencia a la presidenta de la Mesa. Asimismo, el representante popular ha asegurado que el Ejecutivo mezcla la medida de "apoyo a los okupas" con otras sociales "recurrentes, periódicas", que tienen que aprobar "año a año porque son incapaces" de sacar adelante unos nuevos presupuestos.
No obstante, para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el argumento de la ocupación es solo una "excusa absolutamente falsaria". Al subir a la tribuna a defender el decreto, ha recordado además que PP y Junts votaron hace un año a favor de un decreto que incluía la misma moratoria antidesahucios. Y, de hecho, la medida entonces tenía más alcance.
La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha puesto el foco en los de Puigdemont, a los que ha acusado de ser la "representación política de los fondos buitre" y, en definitiva, responsables del "alud de peticiones" de desahucios que estiman con la caída de la protección, con 200.000 personas en riesgo en todo el país, 50.000 en Cataluña.
En términos similares, se ha expresado la portavoz de Podemos, Ione Belarra. "Los únicos okupas que hay en este país y en Cataluña son los fondos buitres", ha afirmado.
La prórroga del escudo social, que incluía también la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables, estaba en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero ahora ha quedado derogado.
Solo Vox vota en contra de la subida de las pensiones
La mayoría parlamentaria sí ha ratificado este jueves el decreto de revalorización de las pensiones, que supone un alza del 2,7% de las pensiones contributivas para compensar la inflación, y del 11,35% de las no contributivas. En este caso, el respaldo de PP y Junts se ha sumado al de Compromís, UPN, Coalición Canaria, BNG, Podemos, PNV, Bildu, ERC, Sumar y el propio PSOE. Solo Vox ha votado en contra. Y es que su portavoz, José María Figaredo, ha calificado de "nefasta" y "terrorífica" la viabilidad financiera del sistema.
"Las pensiones cada día tienen un boquete mayor", ha advertido, y ha vuelto a equiparar las políticas al respecto de PP y PSOE, a los que se refiere como el "partido socialista azul y partido socialista rojo".
El discurso de Vox ha sido diametralmente opuesto al de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien en su intervención ante el Pleno ha asegurado que la revalorización es una medida "justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema" y ha defendido el crecimiento de la economía española, algo que los de Santiago Abascal también ponen en duda, porque lo vinculan exclusivamente al aumento de la población por las personas migrantes.
Ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios
Asimismo, el Pleno se ha mostrado de forma unánime a favor del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, que incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos y 210.000 euros para los familiares de los fallecidos. Solo un 'no' se ha registrado en esta votación, por error, por parte de la misma vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En su defensa del decreto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la ayuda a las víctimas "no prejuzga las responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso", mientras el PP ha pedido que ello no signifique el "olvido" de lo ocurrido y Vox ha acusado al Gobierno de querer comprar el silencio de las víctimas "a golpe de talonario".
Finalmente, de haber salido adelante el decreto de tope a los precios, el Gobierno tendría la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, como pueden ser los accidentes ferroviarios, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores.
