El proceso de regularización de migrantes desborda la administración y ahonda la fractura política en España
- Sindicatos denuncian colapso por falta de personal y fallos informáticos mientras las oficinas se ven saturadas
- Ayuntamientos del PP y la Comunidad de Madrid elevan la presión contra el Gobierno y recurren al Supremo
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Una semana después del inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España, la iniciativa se ha convertido en un nuevo campo de batalla político y un reto logístico que amenaza con colapsar los servicios públicos.
Mientras el Gobierno central apela a la "responsabilidad" de las administraciones locales, diversas comunidades y ayuntamientos denuncian una "improvisación" que está dejando a miles de solicitantes en un limbo burocrático.
Tensión institucional y recursos ante la justicia
El clima político es de máxima confrontación. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado a las administraciones del Partido Popular a abandonar el "politiqueo más mezquino" y colaborar con el tejido social.
Sin embargo, desde el Gobierno regional de Madrid se califica la política migratoria de "auténtico caos", criticando deficiencias como el hecho de que cinco meses de estancia basten para acreditar arraigo o que personas con antecedentes no sean excluidas automáticamente.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes, otorgando un plazo de cinco días a la Administración General del Estado para que presente alegaciones sobre la medida cautelar de suspensión solicitada.
La ofensiva judicial de la Comunidad de Madrid sostiene que el proceso afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos regionales y municipales al no articular mecanismos de financiación ni provisión de medios, además de argumentar que la medida contraviene la normativa de la Unión Europea y repercute en la seguridad nacional.
Desde el Ejecutivo autonómico, el portavoz Miguel Ángel García Martín ha calificado la política migratoria estatal como un "auténtico caos", denunciando "deficiencias" que considera "gravísimas", como el hecho de que solo se exijan cinco meses de estancia para acreditar el arraigo o que personas con antecedentes penales y en prisión provisional puedan acceder a la regularización.
En respuesta, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tildado esta postura de "batalla partidista" y "politiqueo más mezquino", instando a la administración regional a abandonar la confrontación y colaborar con el tejido social para dar respuesta a las necesidades de los solicitantes
Por su parte, la Junta de Castilla y León también anunciaba la semana pasada un recurso ante el Tribunal Supremo, argumentando que el decreto ley vulnera la normativa europea de libre circulación y utiliza fórmulas de acreditación "extremadamente complejas".
Colapso técnico y falta de previsión
El sindicato CSIF ha dado la voz de alarma sobre la precariedad de los medios disponibles. Denuncian fallos en la plataforma informática Mercurio, que solo permite adjuntar 15 Mb de documentación, y "apagones totales" del sistema que han obligado al cierre de oficinas.
La falta de personal es crítica: aunque se espera el refuerzo de 500 interinos en la Policía para finales de mayo, el sindicato advierte que su falta de experiencia y la necesidad de formación provocarán más retrasos.
Esta situación ha llevado a que muchas oficinas de la Seguridad Social y Extranjería demoren su cierre hasta dos horas más de lo previsto para intentar atender la demanda.
La barrera de los informes de vulnerabilidad
Uno de los mayores obstáculos para los solicitantes es la obtención del informe de vulnerabilidad. En Huelva, la alcaldesa Pilar Miranda ha solicitado financiación extraordinaria ante la "saturación por demanda masiva", con aproximadamente 1.000 solicitudes que han bloqueado las agendas de los servicios sociales.
El Ayuntamiento de Huelva considera que este requisito es "innecesario" y "redundante", dado que la situación de irregularidad ya conlleva una vulnerabilidad intrínseca, y califica de "discriminatorio" el retraso que esto causa en otros trámites ordinarios.
Realidades locales: del "boicot" a la falta de espacio
En Zaragoza, organizaciones antirracistas denuncian un "boicot" municipal, alegando que el consistorio ha centralizado los certificados en una sola oficina con solo cuatro trabajadoras, impidiendo que el resto de los servicios sociales comunitarios realicen esta labor.
En Almería, la masiva afluencia ha obligado a la búsqueda urgente de un "emplazamiento ideal" para ordenar la asistencia y evitar incidentes en la vía pública.
Mientras tanto, en Barcelona, la oposición propone crear una "ventanilla única" para frenar el "absoluto colapso" que vive la ciudad.
En Valencia, la alcaldesa María José Catalá ha negado el cierre de oficinas y asegura que se están incorporando trabajadores sociales de las bolsas de empleo para agilizar la atención.
Frente común, sin el PSOE, para la nacionalidad saharaui
La cuestión saharaui ha provocado un movimiento político inusual en el Congreso, donde se ha configurado una "pinza" entre el Partido Popular y los socios habituales del Gobierno para desbloquear la proposición de ley que otorgaría la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976.
En una reunión clave con el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, han participado diputados del PP, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, BNG y PNV. La gran ausencia en este encuentro ha sido la del PSOE —que preside la Comisión de Justicia donde la ley ha permanecido bloqueada un año—, además de Junts y Vox.
Este paso al frente de la mayoría parlamentaria ha forzado la convocatoria de la ponencia para el próximo 28 de abril, lo que supone el inicio real de la tramitación tras meses de sucesivas ampliaciones de enmiendas por parte de los socialistas.
Denuncias por la exclusión de los apátridas
A pesar del avance legislativo, el clima es de alta tensión entre los promotores de la medida. Según informaciones de RTVE y fuentes parlamentarias, la diputada saharaui Tesh Sidi ha expresado su profundo malestar con el PSOE y su propio grupo, Sumar, al denunciar que los solicitantes de la condición de apátrida —cuya inmensa mayoría son saharauis— han sido dejados al margen de forma deliberada en el actual proceso de regularización extraordinaria.
En declaraciones a los medios, tanto Sidi como Enrique Santiago y representantes del Polisario han urgido a reparar esta "exclusión", recordando que el PSOE ya votó en contra de la admisión a trámite de la ley de nacionalidad en febrero de 2025. El desbloqueo de la ponencia la próxima semana se interpreta como un desafío directo a la estrategia del socio mayoritario del Gobierno, que hasta ahora había evitado dar luz verde definitiva a este reconocimiento histórico
