La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, ha atribuido el elevado número de solicitudes de regularización a que "han pasado muchos años desde el último proceso de regularización" y a que la legislación "contempla muy pocas vías legales y seguras" para acceder a permisos de residencia y trabajo. Además, ha considerado que "la bolsa de personas en situación irregular era grande", y que resulta muy difícil cuantificarla porque muchas personas permanecen "absolutamente invisibles".
Sobre la tramitación, López ha explicado que primero se llevará a cabo una resolución provisional y después se analizará cada expediente de forma individual. No obstante, ha advertido de que "los plazos son muy ajustados" porque el sistema se había dimensionado para unas 500.000 solicitudes y finalmente tendrá que gestionar cerca de un millón, lo que "va a ser un esfuerzo importante en recursos". También ha señalado que las entidades sociales seguirán acompañando a los solicitantes, aunque la resolución sólo corresponda a la Administración.
En relación con el recurso de Aragón y Comunidad Valenciana contra la regularización admitido por el Tribunal Supremo ante una posible cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, López ha asegurado que CEAR se mantiene "a la expectativa" y ha pedido "mantener la calma" hasta conocer si finalmente el alto tribunal plantea esa consulta y "en qué términos se manifiesta el TJUE". Asimismo, ha anunciado que la organización se personará en el recurso si lo considera necesario, y ha defendido que "el decreto de regularización no vulnera en ningún caso la legislación europea", al tiempo que ha confiado en que "este proceso va a llegar a buen término" gracias al "gran consenso en la sociedad española".
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