El Gobierno aprueba el nuevo Reglamento de Extranjería para regularizar a medio millón de inmigrantes
- Sánchez defiende la medida desde Pekín como un acto de "justicia y economía" avalado por la patronal y la Iglesia
- El Real Decreto crea el arraigo extraordinario y habilita a Correos y Tragsa para agilizar el aluvión de trámites
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta reforma estructural, calificada por el Ejecutivo como una "urgencia social", abre la puerta a que aproximadamente 500.000 personas que actualmente residen en España en situación administrativa irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo a partir del 16 de abril —de forma telemática— y del 20 de abril presencialmente.
La medida busca integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya forman parte de la sociedad española, pero que carecían de marco legal para ejercer sus derechos básicos. En el texto se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".
Desde Pekín, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado el calado moral y práctico de la decisión. "Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país", ha aseverado el jefe del Ejecutivo en declaraciones a los medios. Sánchez ha insistido en que este proceso de regularización cuenta con el respaldo de sectores muy diversos: "Es un proceso motivado por la Iglesia Católica y por la patronal porque se necesita mano de obra para continuar creciendo". Según el mandatario, la norma no solo hace justicia a los migrantes, sino que "es bueno para España, para la pensión de los jubilados de hoy y para ustedes cuando se jubilen".
Una respuesta al reto demográfico y económico
El texto de la reforma justifica la necesidad de este cambio normativo por razones demográficas y de sostenibilidad del bienestar. España se enfrenta a un envejecimiento acelerado y a un crecimiento vegetativo negativo que pone en riesgo la disponibilidad de trabajadores en el futuro. En este sentido, el nuevo reglamento subraya que la incorporación de personas en edad de trabajar es vital para equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas. A finales de 2025, los trabajadores extranjeros ya representaban el 14,1% de la afiliación a la Seguridad Social, superando los 3,1 millones de personas.
El Gobierno argumenta que la regularización no solo fortalece la Seguridad Social, sino que también mejora la recaudación tributaria y combate la economía sumergida. Según la exposición de motivos del Real Decreto, informes de instituciones como el Banco de España y el Banco Central Europeo confirman que los flujos migratorios han impulsado decisivamente el PIB y el consumo en los últimos años. Con esta norma, España se reafirma como un "actor responsable" alineado con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018.
Instituciones como el FMI, la Comisión Europea o la Airef coinciden en que España necesita la llegada de entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales hasta 2050 para sostener el Estado del Bienestar y paliar el envejecimiento demográfico. Según los informes técnicos, la ausencia de inmigración provocaría una reducción del PIB, la pérdida de peso en la Unión Europea y una recaudación fiscal insuficiente para mantener los servicios públicos.
Arraigo extraordinario y protección internacional
La principal novedad del reglamento es la creación de dos nuevas figuras de arraigo a través de las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera. La disposición adicional vigésima está diseñada para solicitantes de protección internacional cuya solicitud o recurso no haya sido resuelto y que hayan presentado su petición antes del 1 de enero de 2026. Por otro lado, la disposición adicional vigesimoprimera regula el "arraigo extraordinario" para aquellos extranjeros que ya estuvieran en España antes de esa misma fecha y cumplan ciertos requisitos acumulativos.
Para acceder a estas autorizaciones, los interesados deben acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses anteriores a la solicitud. Además, es imperativo carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen. El reglamento introduce una ventaja procesal significativa: desde el momento en que se comunique el inicio de la tramitación de la solicitud, el migrante quedará habilitado provisionalmente para trabajar por cuenta ajena o propia hasta que se dicte la resolución definitiva.
Logística sin precedentes: El papel de Correos y Tragsa
Consciente de la presión administrativa que supondrá la gestión de medio millón de potenciales beneficiarios, el Gobierno ha diseñado un operativo logístico especial. La disposición adicional primera habilita al grupo público TRAGSA y a su filial TRAGSATEC para realizar tareas de gestión material, apoyo técnico y canalización documental de los expedientes. El texto especifica que estas entidades no ejercerán potestades públicas, ya que la valoración jurídica y la resolución final de las solicitudes recaerán exclusivamente en los funcionarios de la administración competente.
Paralelamente, se ha encomendado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos funciones de información y recepción de solicitudes a través de su red nacional. Esta colaboración es estratégica para garantizar que las personas residentes en zonas rurales o municipios pequeños puedan presentar su documentación telemáticamente en igualdad de condiciones. El plazo para presentar las solicitudes de regularización estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Para evitar el colapso de los servicios públicos, el Ministerio de Inclusión ha diseñado un plan operativo que incluye la puesta en marcha de 450 oficinas de atención presencial y un refuerzo de personal de más de 600 personas. Además, se han habilitado horarios específicos para estos trámites con el fin de no interferir en el funcionamiento habitual de centros como la Seguridad Social.
Un proceso administrativo garantista y transparente
El reglamento establece plazos y condiciones estrictas para asegurar la seguridad jurídica. La administración dispone de un máximo de tres meses para resolver y notificar los expedientes; si pasado ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. Asimismo, en el caso de los solicitantes de asilo que obtengan el arraigo, estos deberán desistir formalmente de su solicitud de protección internacional para consolidar su nueva situación administrativa.
La norma también contempla situaciones de especial vulnerabilidad. Se prevén prórrogas de hasta cuatro años en casos de enfermedad grave, discapacidad o cuando el solicitante haya alcanzado la edad de jubilación, flexibilizando los requisitos de búsqueda activa de empleo. Para los hijos menores de edad, la vigencia de la autorización será directamente de cinco años, reforzando la protección del interés superior del menor y facilitando la unidad familiar sin exigir los periodos de permanencia previa habituales.
¿Por qué por decreto y no en el Parlamento?
La decisión de aprobar esta regularización mediante un Real Decreto ha generado un intenso debate político. El Gobierno justifica el uso de esta vía por la "urgencia social" y para asegurar una respuesta "rápida, eficaz y garantista". Sin embargo, fuentes parlamentarias señalan que esta maniobra ha permitido al Ejecutivo "esquivar futuros obstáculos parlamentarios" en un Congreso donde la mayoría es ajustada y el Partido Popular ya había mostrado su malestar con la medida. Aunque existía una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en trámite desde 2024 apoyada por 600.000 firmas y varios grupos políticos, el Ejecutivo ha optado por la vía del decreto para agilizar los plazos.
La oposición ha cargado duramente contra esta forma de proceder. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria Alma Ezcurra ha criticado que el Gobierno "se salta a la torera el Parlamento" y ha advertido sobre un posible "efecto llamada". Por su parte, Vox ha ido un paso más allá; su secretario general, Ignacio Garriga, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar de la norma, al considerar que el Consejo de Ministros ha aprobado una "legalización e institucionalización de la invasión migratoria" mediante un "simple decreto".
A pesar de estas críticas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que el texto final incorpora observaciones del Consejo de Estado para mejorar su seguridad jurídica y técnica. El Gobierno sostiene que el decreto es la herramienta más adecuada para cumplir con la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración y extranjería. Con esta aprobación, España se encamina a iniciar en abril un proceso de regularización masiva que busca poner, en palabras de la ministra Elma Saiz, "el contador a cero" para miles de personas que esperan dejar atrás la invisibilidad administrativa.
La propia Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha vuelto a comentar la posición del Partido Popular en el tema de la regularización: "Es el PP más desubicado de la historia. Tenían que elegir si estar al lado de la Iglesia, de los sectores productivos, o estar al lado de Vox". La ministra ha rematado su comentario con un juego de palabras: "Fueron a Europa a intentar sacarnos los colores y volvieron colorados ellos".
Los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.
"Un acto de normalización": La carta del presidente
En una carta dirigida a la ciudadanía con motivo de la aprobación del Real Decreto, Pedro Sánchez ha expresado el "orgullo de ser español" al ver cómo la sociedad se implica en este avance. En la misiva, el presidente califica la regularización como "un acto de normalización" y un reconocimiento a quienes ya cuidan a los mayores, trabajan en el campo o emprenden en las ciudades. "Esta regularización no es solo un acto de justicia. También es una necesidad", afirma el presidente, vinculando directamente la inmigración con el sostenimiento de los servicios públicos como la sanidad y la educación.
Sánchez también apela en su escrito a la memoria histórica de España: "Es también un acto de justicia con nuestra propia historia. Con nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor". La carta concluye haciendo un llamamiento a la responsabilidad frente a los discursos de exclusión. Según el mandatario, el país tiene dos caminos: el de quienes quieren "sembrar el miedo" o el de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con "justicia y prosperidad compartida".
Este proceso de regularización de inmigrantes se suma a los otros siete que se han llevado a cabo en España desde la llegada de la democracia. La última gran regularización tuvo lugar en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, beneficiando a más de 576.000 personas. Dos décadas después, el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a igualar o superar ese impacto, convencido de que la medida "hace mejor a nuestro país".
Desmintiendo bulos sobre la regularización
El Ejecutivo ha desmentido que esta medida provoque un "efecto llamada", ya que el proceso se limita exclusivamente a personas que ya se encontraban en el país antes de que se anunciara la regularización. Asimismo, se aclara que la ausencia de antecedentes penales sigue siendo un requisito obligatorio y debidamente acreditado para todos los solicitantes. Por otro lado, el Consejo de Estado ha validado que la regularización se realice mediante la vía reglamentaria, confirmando su total seguridad jurídica y legalidad dentro del marco constitucional.
Sobre el uso de los servicios públicos, los indicadores oficiales demuestran que la población extranjera hace, de hecho, un uso menor de la sanidad que la población nacional. Tampoco se producirá un colapso en las oficinas públicas como la Seguridad Social o Correos, gracias a la habilitación de horarios específicos y al refuerzo de personal con más de 600 personas extraordinarias. En cuanto a la población ucraniana, es falso que haya sido excluida; simplemente cuentan con un procedimiento de protección específico y separado para tramitar sus autorizaciones.
Respecto al mercado de la vivienda, las fuentes señalan que los inmigrantes no encarecen los precios, sino que son quienes más sufren la precariedad, con un 23% viviendo en hogares sobreocupados frente al 6% de los españoles. La Unión Europea tampoco se opone al proceso, ya que reconoce la competencia de cada Estado para decidir sobre las personas que ya están en su territorio mediante procesos individuales. Por último, se recalca que el permiso es exclusivamente para residir y trabajar en España, desmintiendo que funcione como un salvoconducto para trasladarse a otros países de la UE.
Teléfono 060 y portal específico
Para resolver dudas a la hora de realizar la solicitud se ha habilitado un canal de comunicación a través del teléfono 060, en horario de atención de lunes a viernes, de 09:30 horas a 14:00 horas y desde las 16:30 horas hasta las 19:30 horas. Del mismo modo se puede obtener información en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se ha creado un portal específico con información
