El Gobierno matiza que el catalán no será obligatorio para regularizar inmigrantes pero sí puede acreditar arraigo
- La Generalitat y ERC anuncian un reconocimiento de las lenguas cooficiales y el Ejecutivo central matiza su alcance
- Ayuso anuncia que llevará a los tribunales el texto por "ilegal" y "xenófobo"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Cuando el Gobierno anunció en enero el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, del que pueden beneficiarse más de medio millón de personas, dejó en el aire detalles clave sobre su puesta en práctica, a la espera de la redacción final del Real Decreto. Sin embargo, en los últimos días ha trascendido que el conocimiento de las lenguas cooficiales puede jugar a favor de quienes quieran renovar el primer permiso de residencia y trabajo, como garantía del arraigo.
La Generalitat de Cataluña ha confirmado esta misma semana la presentación de una enmienda para que los migrantes regularizados tengan un año "para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas cooficiales", de tal manera que, llegado el momento de la renovación, las diferentes autonomías puedan valorar y acreditar los conocimientos lingüísticos. El objetivo, ha señalado el Govern de Salvador Illa, "es reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión y participación plena".
El diputado de ERC Jordi Salvador ha ido más allá y ha presumido en redes sociales de que su partido ha "pactado" este extremo. "El decreto de regularización incorporará el catalán y el resto de lenguas cooficiales como prueba de arraigo", ha anunciado, con la apostilla de que "aprender catalán no sólo es un trámite" sino que representa también "una declaración de amor al país".
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin embargo, ha salido al paso para aclarar que el texto "todavía está en fase de tramitación" y, antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros, pasará por diferentes fases, entre las que se incluyen la petición de informes al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) y, en última instancia, al Consejo de Estado.
"Por tanto, aún no disponemos de un texto definitivo", han explicado fuentes del Ministerio dirigido por Elma Sáiz, que sí han querido matizar que "en ningún caso" será obligatorio conocer ninguna de las lenguas oficiales para recibir la autorización inicial, es decir, la que otorga un primer permiso de residencia y trabajo durante el plazo de un año.
Es a la hora de solicitar la prórroga cuando ya sí entran en juego los denominados "itinerarios de arraigo", tal como contemplan los reglamentos de extranjería. Y es también en esta fase donde los solicitantes pueden presentar un informe de integración de los servicios sociales de las distintas comunidades autónomas que, como han reconocido desde el Ministerio, "entre otras cosas acreditará el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona".
Estos matices no figuran en el borrador inicial de la propuesta sometido a audiencia pública, aunque las fuentes del Ministerio han defendido que se mantendrá en todo momento la "coherencia" con respecto a "lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por pretender "que el idioma sea requisito para acoger, o no, a inmigrantes", afirmando que esta "ocurrencia" es "ilegal" y "xenófoba. "Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera", ha denunciado en su cuenta de la red social X, prometiendo que dará "los pasos necesarios en los tribunales".
El Gobierno mantiene los plazos
El Gobierno estima que esta regularización extraordinaria, pactada con Podemos, abra la puerta a que unos 500.000 extranjeros puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia. La medida va dirigida a personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido de manera continuada al menos cinco meses antes de solicitar la regularización, si bien para los solicitantes de protección internacional se elimina el requisito del tiempo y basta con que hayan planteado la petición antes del 31 de diciembre.
Los últimos plazos dados por el Ejecutivo plantean que los potenciales beneficiarios puedan presentar la solicitud desde principios de abril hasta finales de junio. La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar.
El Gobierno recoge el guante lanzado por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pero opta para sacar adelante la medida por un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros que le garantiza, por un lado, agilizar trámites y por otro, esquivar futuros obstáculos parlamentarios en un contexto en que el principal partido de la oposición, el PP, ya ha expresado su malestar con este proceso de regularización.
