La regularización de migrantes exige no tener antecedentes penales: formas de acreditarlo
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En el contexto de la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno esta semana, circulan en redes sociales mensajes que aseguran que se puede obtener tanto el permiso de residencia como la nacionalidad teniendo antecedentes penales. Pero en ambos casos la ley exige al solicitante no tener condenas previas; lo que cambia es la forma de acreditarlo. Te lo explicamos.
Un mensaje compartido en X más de 1.000 veces desde el 26 de enero asegura que "los inmigrantes ilegales que se acojan al decretazo del PSOE para pedir su regularización no tendrán que presentar los antecedentes penales de su país. Asesinos, violadores, ladrones. Da igual lo que hayan hecho, todos se quedarán en España", dice la publicación.
El decreto exige no tener antecedentes penales
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó el 27 de enero de que uno de los requisitos para obtener la residencia legal es "no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público". El proyecto publicado el 28 de enero establece que quienes soliciten la autorización de residencia por circunstancias excepcionales deben "carecer de antecedentes penales durante los últimos cinco años" (página 5), de acuerdo con la Ley de Extranjería. Según esta norma, no pueden haber sido condenados en España ni en sus países anteriores de residencia por delitos que existan en nuestro ordenamiento jurídico.
¿Cómo se acredita la inexistencia de antecedentes penales?
El decreto establece que la persona extranjera debe solicitar un "certificado de antecedentes penales a las autoridades de su país de origen o al país donde haya residido los últimos cinco años" (pág. 8). Añade que, si no lo ha recibido después de un mes, el Gobierno de España "podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente". Y en el caso de que España no reciba "dicha información en el plazo de un mes", se permite presentar una "declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales". La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, adelantó el 27 de enero esta excepción en una entrevista en Canal Red (minuto 13:39).
¿Qué es una declaración responsable?
La declaración responsable es un documento en el que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos para obtener el reconocimiento de un derecho, que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida. Toni Linde, criminóloga de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), detalla a VerificaRTVE que a través de una declaración responsable "la persona declara formalmente que no tiene antecedentes penales ni nada pendiente de cumplimiento".
Esta declaración responsable no supone "un vacío legal", explica Linde, sino que es "una segunda vía" porque en muchos casos "resulta muy complicado que determinados países puedan emitir un certificado de antecedentes penales". Sucede, según esta experta, con "países en conflicto o con administraciones muy inoperantes".
"Ahora bien, hacer una declaración falsa conlleva responsabilidades", advierte. "Por un lado, existe responsabilidad administrativa: si se demuestra que la declaración responsable es falsa, se puede revocar la documentación de estancia, el permiso de residencia o el tipo de autorización que tenga en ese momento". Así lo indica la propia Ley del Procedimiento Administrativo Común. "Y, por otro lado, también existe responsabilidad penal, ya que se trataría de un delito de falsedad documental", señala Blasco. Este delito está contemplado en el Código Penal.
Tampoco se regulariza a quien suponga una "amenaza para el orden público"
Aunque no exista una condena firme, tampoco se regulariza a quienes tengan determinados antecedentes policiales. El texto del Ministerio define este requisito como "no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública" (página 6). María Eugenia Blasco, abogada del bufete AGM, asegura a VerificaRTVE que esta condición se aplica porque "puede ser que todavía" el solicitante "no tenga una condena firme", pero sí haya "antecedentes policiales relevantes que puedan considerar un riesgo alto".
En estos casos, se podría rechazar la solicitud en función del tipo de delito que haya cometido. "Aunque no haya condena, en extranjería se considera que van en contra del orden público estos tres escenarios: falsificación de documentos públicos, conducción bajo los efectos del alcohol y violencia de género", detalla Blasco. En cambio, advierte de que hay otros "escenarios más flexibles" en los que el delito se puede pasar por alto si no hay una condena firme, como la venta ambulante. De hecho, esta abogada recuerda que en la regularización extraordinaria de 2005 sí "se regularizaron manteros y los que tenían procedimientos de infracción administrativa".
¿Y para obtener la nacionalidad?
Como ya te hemos explicado, la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno permite obtener el permiso de residencia, no la nacionalidad, aunque también hayan circulado mensajes engañosos en este sentido.
Para adquirir la nacionalidad no es suficiente una declaración responsable, se exige "la aportación del certificado de antecedentes penales del país de origen", además de los informes que expidan las autoridades competentes españolas. Si el interesado es nacional de algún Estado de la Unión Europea, "dicho certificado se puede sustituir por el Certificado del Registro Central de Penados español", donde conste expresamente que se han consultado los antecedentes con el país de origen.
