El Gobierno aprueba una ley para reforzar la protección de infraestructuras críticas
- Afecta a sectores considerados estratégicos como la energía, el transporte, el agua o la sanidad
- La norma pasa ahora al Congreso para seguir con su tramitación parlamentaria
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta la ley que refuerza la protección de las entidades públicas o privadas que operan con infraestructuras críticas, como son la energía, el transporte, el agua o la sanidad. La norma pasa ahora al Congreso para seguir con su tramitación parlamentaria.
"Queremos ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan", ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa posterior al encuentro.
Casi un año después de apagón que dejó sin electricidad a la Península Ibérica y en plena guerra en Oriente Medio, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska traspone con rango de ley una directiva europea de 2022 para dotar a estas entidades de mecanismos de protección "ante un panorama de amenazas cada vez más dinámicas y complejas, desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas", ha recalcado el ministro.
Comprobación de los antecedentes de los trabajadores
Entre las principales medidas, la Secretaría de Estado de Seguridad elaborará y mantendrá actualizado el catálogo de las entidades consideradas estratégicas. Entre otras, se incorporarán nuevos sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada o las aguas residuales.
Todas ellas "deberán cumplir una serie de requisitos para reforzar su protección y minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación en los servicios esenciales que todas ellas prestan", ha explicado Marlaska, entre los que se incluye la comprobación de los antecedentes personales de los trabajadores o la obligación de designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad habilitado como punto de contacto con las autoridades competentes.
Las entidades pertenecientes a los sectores bancarios, de los mercados financieros, de seguros y de las infraestructuras digitales, aunque puedan considerarse críticas, quedan excluidas del ámbito de aplicación de este anteproyecto porque están reguladas por su normativa específica. Lo mismo ocurre con las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas.
En todo ello, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior seguirá siendo la autoridad competente. A través del Centro Nacional de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas coordinará a los distintos actores, públicos y privados.
La norma, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, pasa ahora al Congreso de los Diputados, donde tendrá que contar con el apoyo de la mayoría.
